Monday, August 2, 2010

San Juan Copala, Oaxaca, Bajo Control Paramilitar Despues de la Incursión de la Policía

Incursión de la policía desmiente excusas del Gobierno acerca del por que se ha negado a romper el bloqueo paramilitar que se ha sostenido durante vario meses.

por Kristin Bricker

Actualización 3/8/2010: Mujeres del municipio autónomo dieron una conferencia de prensa hoy sobre las dos jovenes heridas por balas de la UBISORT durante el operativo paramilitary/policiaco.  Selena Ramírez López (17 años) recibió un impacto de bala en el pulmón y esta grave.  Su hermana Adela (15 años) tambien esta grave: la bala que la herió dañó a sus intestinos y quedó en su columna.  Ella no volverá a caminar nunca en la vida. 

Foto: Francisco Olvera/La Jornada
El 30 de julio aproximadamente a las 12:15 pm, alrededor de 100 policías del estado de Oaxaca atacaron el municipio autónomo de San Juan Copala. Aproximadamente 30 miembros fuertemente armados de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT, organización paramilitar) acompañó a la policía en el ataque. Según informes Rufino Juárez, dirigente de la UBISORT, participo en la redada.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, el objetivo de la incursión fue la de retirar el cuerpo de Anastasio Juárez Hernández de su casa en San Juan Copala. La policía retiro el cadáver del hombre y después salió de San Juan Copala. Sin embargo,  los paramilitares aprovecharon la presencia de la policía para tomar el del ayuntamiento de San Juan Copala. El Ayuntamiento se encuentra  ocupado por treintena paramilitares de la UBISORT armados, con rifles de asalto automático. "Ellos han tomado el control de todo el pueblo", informa una fuente cercana a las autoridades autónomas.

Mientras tanto, el ejército mexicano ha desplegado soldados a La Sabana, un pueblo cercano que se encuentra controlado por la UBISORT. Hasta ahora los soldados no han entrado a San Juan Copala.
Dos mujeres jóvenes indígenas triquis  resultaron heridas cuando los paramilitares y la policía entraron a San Juan Copala. Las mujeres formaban parte de un bloqueo humano que se encontraba a la entrada del pueblo, que trataba de impedir el acceso de la policía y los paramilitares. Las dos mujeres, de entre 15 y 18 años fueron "gravemente heridas" cuando los paramilitares de la UBISORT les dispararon a la entrar de San Juan Copala. Las mujeres fueron evacuadas y están siendo tratados en un lugar que no fue revelado.

Asesinato Misterioso

Las autoridades autónomas cuestionaron las circunstancias en que se dio el ataque, en un comunicado publicado en su página web: http://autonomiaencopala.wordpress.com. En el comunicado, las autoridades del municipio autónomo afirman que Hernández Juárez fue realmente asesinado en la ciudad de Juxtlahuaca, lo que implica que el cuerpo se plantó en San Juan Copala, con el fin de justificar la redada de la policía.

La prensa local de inmediato repitió las afirmaciones del gobierno, de que Juárez Hernández, quien era hermano de Rufino Juárez dirigente de la UBISORT, y el "agente municipal" reconocido por el gobierno de San Juan Copala, fue asesinado en su casa de San Juan Copala. Juárez Hernández no fue elegido para el cargo de agente municipal; la UBISORT lo nombró para ese cargo el pasado mes de noviembre.

La afirmación de que Juárez Hernández fue asesinado en su casa en San Juan Copala, revela varias preguntas sobre la veracidad de la información: ¿Cómo entró Juárez Hernández a San Juan Copala, un pueblo que su organización la UBISORT, ha mantenido bloqueado exitosamente con piedras, troncos, y hombres armados desde el mes de enero?, ¿Por qué  entró Juárez Hernández a San Juan Copala, un pueblo cuyos habitantes apoyaban la autonomía de su municipio?, la UBISORT afirma que el municipio autónomo se encuentra armado. ¿Por qué Juárez Hernández entraría en un pueblo cuyos únicos habitantes son acérrimos enemigos, los cuales se encuentran armados de acuerdo con afirmaciones de su organización?

Es cierto que la policía recuperó el cuerpo de Hernández Juárez en su casa en San Juan Copala. San Juan Copala ha sido históricamente una importante zona cultural, política, económica, y un centro espiritual de la región baja triqui. San Juan Copala históricamente ha tenido muy pocos residentes permanentes. Los líderes tenían casas en San Juan Copala, pero sólo vivían allí cuando se encontraban en servicio público. Cuando su servicio, concluía regresaban a sus hogares permanentes en otras comunidades. Además, la mayoría de los residentes de San Juan Copala (temporales y permanentes) han abandonado la zona debido a la violencia y el bloqueo paramilitar. Como resultado, muchos triquis tienen hogares en San Juan Copala, que raramente o nunca habitan. Tal fue el caso de Hernández Juárez. Mientras  su cuerpo fue recuperado en su propiedad, el informe de los residentes indica que el no vivía allí al momento del asesinato.

Debido a los frecuentes disparos por parte de los francotiradores paramilitares situados en las colinas que rodean a San Juan Copala, las calles del pueblo están desiertas. Nadie deja su casa a menos que sea absolutamente necesario y los que salen con frecuencia lo hacen bajo los disparos de los tiradores que los detectan. El sitio permite que sea relativamente fácil para alguien en complicidad con los francotiradores, plantar un cuerpo sin que nadie lo note, ya que los residentes pasan la mayor parte de su vida ocultos en sus casas, lejos de las ventanas.

Independientemente de cómo o dónde murió Hernández Juárez, las consecuencias de su asesinato son dolorosamente evidentes para los habitantes de San Juan Copala. Su pueblo está ocupado por paramilitares fuertemente armados quienes fueron escoltados por la policía estatal. Para colmo de males, el ataque se produce después de siete meses de bloqueos sostenidos por paramilitares, a lo cual el gobierno ha afirmado ser incapaz de romper, a pesar de las afirmaciones del municipio autónomo de que los residentes pueden morir de hambre si el bloqueo continúa. La ironía de la incursión no pasó desapercibida en el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, que escribió en un comunicado de prensa:
"Es incoherente y paradójico que las medidas de seguridad solicitadas para que la 'Caravana de Bety y Jiry' de ayuda humanitaria pudiera entrar en [San Juan Copala] y dejar suministros de alimentos, el Estado no cumplió con su responsabilidad de ayudar a la Caravana a cumplir con su misión. En aquel entonces, [el Estado] reunió un impresionante operativo que fue encabezado por el Fiscal General del Estado, el Comisario de Seguridad del Estado y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Oaxaca, quienes impidieron el paso de la caravana. Argumentaron que las condiciones no permitían la entrada segura a tal grado que tampoco la policía podía entrar en ese territorio. Pero, en realidad, solo protegían al grupo armado denominado UBISORT.
"Ahora es absurdo, que las autoridades tengan la capacidad de armar toda una operación para llevar a cabo las primeras investigaciones del homicidio y además puedan entrar en [San Juan Copala], y en sima de todo reprimir al pueblo. Cuando originariamente no escuchaban, ni actuaban ante las demandas de cientos de residentes del municipio autónomo al solicitarles alimentos, la reinstalación de los servicios básicos, el tratamiento de los enfermos, bajo el falso argumento de que eran incapaces de entrar en la zona y de que no arriesgarían a su gente”.
El trato preferencial del gobierno hacia los paramilitares es inconfundible: además del despliegue de policías estatales armados para proteger el bloqueo de la UBISORT, cuando la caravana humanitaria intentó entrar en San Juan Copala el pasado junio, el gobierno ha fallado al no actuar cuando los miembros del municipio autónomo se encontraban bajo ataque, presumiblemente por que el gobierno se encontraba alineado con los paramilitares. Apenas el pasado 26 de julio, María Rosa Francisco desapareció cuando su casa en San Juan Copala, se encontraba entre los disparos. Todos sus animales murieron en el ataque y ella sigue desaparecida, con el temor de que haya muerto. Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” denunció públicamente el ataque y pidió a sus partidarios ponerse en contacto con el gobierno, y realizar la demanda que le ponga fin a la violencia.
Los motivos dados por el Centro de Derechos Humanos fueron tomados con indiferencia por el gobierno. Sin embargo, tan pronto como apareció el cadáver de un paramilitar en San Juan Copala, el gobierno actuó.

El municipio autónomo reporta  que necesita desesperadamente dinero para pagar el tratamiento médico de las mujeres heridas y dinero para comprar crédito telefónico en orden de comunicarse con la prensa y la organización de derechos humanos.

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