En Oaxaca se juega sucio para imponer la energía “limpia”

Los intereses políticos y económicos detrás de la construcción de generadores eólicos de energía son grandes, y sus acciones, ilegales, pero los pueblos se hacen fuertes para defender a sus territorios ancestrales del despojo.

por Adazahira Chávez, Desinformémonos

México. Entre los comuneros que se oponen a la construcción del parque eólico en San Dionisio del Mar, “hay voluntad de luchar”, pese a que los enfrentamientos por el operativo policiaco estatal lanzado para romper su bloqueo los tiene con “nerviosismo” y “sentimientos encontrados”, relata Carlos Beas, de la  Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).

La primera semana de febrero, la solidaridad entre pescadores, campesinos y pobladores binnizá, ikoot y mestizos logró impedir el paso de más de 400 elementos de la policía estatal, que pretendían “ensangrentar al pueblo indígena de Álvaro Obregón, apoderarse de su campamento y custodiar a la empresa española Mareña Renovables que con golpes, sangre, violencia y amenazas pretenden despojar a los indígenas de sus territorios y lagunas de donde obtienen sus alimentos”, señala en un comunicado la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa del Territorio.

En estos momentos hay un amparo vigente que impide la construcción de la obra, además de que los pobladores tienen instalado un plantón para impedir el acceso de la empresa a sus tierras. El 31 de enero, Mareña Renovables amenazó públicamente con llevarse la inversión si no se le otorgaban garantías jurídicas para establecerse en San Dionisio del Mar, y dijo que se quedaría “si se aplicaba la ley”. Esa misma noche, el operativo policiaco sin orden judicial pretendió romper la resistencia de los pobladores, a quienes la empresa y el gobierno insisten en tachar de “grupo minoritario”.

Los enfrentamientos se sucedieron hasta el 2 de febrero. Los ikoot y binnizá denunciaron golpes, detenciones, maltratos e insultos por parte de la Policía Estatal, que arremetió lo mismo contra hombres que contra mujeres y niños. Los elementos policiacos se retiraron de Álvaro Obregón el 3 de febrero, y si intentan regresar ellos o los empleados de la empresa, “no se les permitirá el paso de ninguna manera”, puntualiza Beas, que informa que el plantón sigue en pie.

Mareña Renovables contra los pueblos

En diez años de operaciones, las empresas eólicas construyeron en el Istmo, zona de fuertes vientos, 11 centrales generadoras de energía. Los pobladores de las tierras en las que se asentaron las siete empresas que gestionan los parques eólicos resienten el ruido y las afectaciones ambientales que ha traído esta industria.

Los comuneros ikoots y binnizá se oponen a que Mareña Renovables construya un parque eólico en sus territorios, que consideran sagrados y de donde obtienen sustento.

El proyecto de parque eólico de San Dionisio del Mar, sin haber pasado por el proceso de consulta previa libre e informada, pretende basarse en un contrato firmado en el 2004, con menos del 20 por ciento de asistentes a la asamblea de comuneros. Los dos estudios de impacto ambiental aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), denuncian los opositores, falsean información sobre los impactos en el frágil ecosistema.

Los pobladores cuentan con un amparo vigente que ordena la suspensión de la construcción del parque por las violaciones al derecho de consulta a los pueblos afectados por parte de instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, acusada de la misma omisión en la concesión de impacto ambiental para la construcción del Acueducto Independencia en territorio yaqui, en el norte del país), la Secretaría de Energía y el Consejo Regulador de Energía. “Cualquier entrada de la empresa y cualquier custodia que le haga el gobierno es una violación a esta disposición”, señala Beas.

El gobierno estatal y la empresa se han valido también del presidente municipal priísta, Miguel López Castellanos, desconocido por la población, y de golpeadores y sicarios para amedrentar a los pobladores. “Varios activistas tuvimos que salir de la región, y tenemos preocupación porque son sicarios conocidos los que están tras las amenazas”, apunta Carlos Beas.

Detrás de la represión y el hostigamiento contra los pobladores “hay un agrupamiento entre Francisco López García y Elías Cortés, diputados priístas, caciques del mismo partido, la empresa y funcionarios del estado de Oaxaca”, acusa Carlos Beas, aunque el principal instigador es Jonathan Davies, presidente del consejo de Mareña Renovables, precisa.

“El gobierno es parte del problema, ya perdió su papel de mediador”, señala Beas, y agrega que parte de los grupos de choque que se crearon con personas ligadas a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y al Partido de los Trabajadores. Además, “el gobierno ha utilizado a la policía como grupo de choque, como guardias blancas, para reprimir a la gente que está inconforme”, acusa el opositor.

Por las amenazas anteriores y los sucesos del 31 de enero, 1 y 2 de febrero, los activistas solicitaron medidas cautelares para algunos de los amenazados, y Amnistía Internacional emitió una acción urgente llamando a resguardar la integridad física de los pobladores y activistas, a investigar las amenazas y a garantizar el proceso de consentimiento libre e informado de los pueblos.

La solidaridad

Después del violento operativo policiaco, Mareña Renovables dijo que estaba dispuesta a “negociar” con los pobladores si éstos deponían su “actitud violenta”. Beas precisa que “la violencia ha partido siempre de ellos, pero con estas declaraciones quieren rectificar el impacto que hubo en la opinión pública por los ataques tan violentos contra la población de Álvaro Obregón”. El integrante de la Ucizoni señala que no se ve una voluntad del gobierno o de la empresa para crear condiciones de distensión.

Sin embargo, los pueblos siguen adelante con su proceso de organización, indica Beas. “Aunque hay nerviosismo por las agresiones, hay un ambiente también de fiesta porque lograron expulsar a la policía y un gran espíritu de solidaridad entre las poblaciones afectadas por este proyecto”, agrega.

Las organizaciones locales llamaron a la realización de una caravana de solidaridad el 17 de febrero, cuya intención es “mantener el ánimo de las comunidades y llevar alimentos, porque las guardias que se hacen son prolongadas”, señala el luchador social.

 “La movilización sigue, siguen reuniones, acciones legales y haremos denuncias dentro y fuera del país”, indica Carlos. Aunque están conscientes de que hay poderosos intereses detrás del proyecto y que no será fácil, sigue el proceso de defensa. En los pueblos, finaliza Beas, “hay voluntad de seguir la lucha”.

Fábrica ocupada en Grecia comienza la producción bajo control obrero

Ocupar, resistir, producir!

"Vemos esto como el único futuro para las luchas obreras."
Makis Anagnostou, vocero del sindicato de trabajadores de Vio.Me

El Martes, 12 de febrero 2013 es el primer día oficial de producción bajo control obrero en la fábrica de Viomichaniki Metalleutiki (Vio.Me) en Tesalónica, Grecia. Esto significa producción sin jefes y sin jerarquía, organizada a través de las asambleas de los trabajadores con procedimientos de democracia directa. La asamblea de los trabajadores ha declarado el fin de la distribución desigual de los recursos, y ha decidido colectivamente establecer una remuneración equitativa y justa. La fábrica produce materiales de construcción, y los trabajadores han declarado su intención de cambiar progresivamente la producción hacia productos inofensivos para el medio ambiente.


"Mientras el desempleo sube al 30%, los ingresos de los trabajadores llegan a cero, hartos de palabras, promesas y más impuestos, sin recibir sueldos desde mayo de 2011 y actualmente en retención de su trabajo, con la fábrica abandonada por los dueños, los trabajadores de Vio.Me. por decisión de su asamblea general declaran su determinación de no caer en un estado perpetuo de desempleo, sino luchar para tomar la fábrica en sus propias manos y operarla por sí mismos. Ha llegado el momento para el control obrero de Vio.Me.! "(Declaración de la Iniciativa Abierta de Solidaridad, escrita junto con los trabajadores de Vio.Me - declaración completa en viome.org)


Los trabajadores de Vio.Me dejaron de ser pagados en mayo de 2011, y, posteriormente, los propietarios y administradores abandonaron la fábrica. Después de una serie de asambleas los trabajadores decidieron que juntos volverán a poner la fábrica en funcionamiento. Desde entonces, han ocupado y defendido la fábrica y la maquinaria necesaria para la producción. Han diseminado su mensaje a los demás trabajadores y comunidades en todo Grecia, recibiendo un enorme apoyo. La solidaridad y el apoyo de todos estos grupos, comunidades e individuos, ha contribuido de manera importante a la supervivencia de los trabajadores y sus familias hasta el momento.


Esta experiencia de ocupación y recuperación de empresas de parte de los trabajadores no es nueva. Desde 2001 hay alrededor de 300 lugares de trabajo que operan democráticamente bajo control obrero en Argentina, desde centros de salud, periódicos y escuelas, hasta fábricas de metal, talleres de impresión y un hotel. La experiencia ha demostrado que los trabajadores juntos no sólo pueden operar su propio lugar de trabajo, sino que pueden hacerlo mejor. El ejemplo de Argentina se ha extendido por todo el continente americano, y ahora también por Europa y los EE.UU. En Chicago, los trabajadores de New World Windows han comenzado la producción bajo control obrero después de años de lucha contra los antiguos propietarios y jefes. Ahora en Grecia, los trabajadores están demostrando una vez más que el camino a seguir – saliendo del desempleo, superando la crisis - es el control obrero y la autogestión por procedimientos de democrácia directa. 
 
"Instamos a todos los trabajadores, los desempleados y todos aquellos que se ven afectados por la crisis a confraternizarse con los trabajadores de Vio.Me y apoyarlos en sus esfuerzos por poner en práctica la creencia de que los trabajadores pueden producir sin jefes! Les instamos a emprender la lucha y a organizarse dentro de sus propios lugares de trabajo, con procedimientos democráticos directos, sin burócratas. "(del sitio web del sindicato www.biom-metal.blogspot.gr).


Al igual que con todas las recuperaciones de fábricas, la cuestión de la financiación inicial es central. Mientras que el movimiento de solidaridad ha sido capaz de apoyar a los trabajadores de Vio.Me y sus familias, el capital necesario para continuar la producción es enorme. El sindicato de trabajadores tiene un plan de negocio sostenible, pero se necesitará tiempo para que este dé frutos. Los primeros meses serán decisivos. La ayuda económica puede hacer la diferencia. Cualquier contribución es útil.
Pueden enviar apoyo económico directamente al sindicato de trabajadores de Vio.Me. de Tesalónica a través del sitio web de solidaridad internacional: viome.org

Declaraciones de solidaridad, así como preguntas pueden ser enviadas a: protbiometal@gmail.com


Firmado,
Iniciativa de Solidaridad de Tesalónica, Brendan Martin (La Base), Dario Azzellini y Marina Sitrin


Esta iniciativa está apoyada por:
David Harvey, Naomi Klein, Avi Lewis, John Holloway, Silvia Federici, George Caffentzis, David Graeber, Mag Wompel (labournet.de) y la cooperativa de trabajo, lavaca, Buenos Aires, Argentina

La policía federal abre el fuego contra los manifestantes en Oaxaca

por Kristin Bricker, Upside Down World
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens y revisado por Elisa Viteri

Doctores quitan una bala de la pierna de
Gilardo Mota Figueroa.

Se informa de que la Policía Federal de México disparó al periodista radiofónico Gilardo Mota Figueroa mientras cubría una manifestación el martes pasado (15 de febrero) contra la visita del presidente Felipe Calderón a la ciudad de Oaxaca. Mota Figueroa dijo a la Crónica de Oaxaca que un agente de la Policía Federal, durante su enfrentamiento con el sindicato de maestros de Oaxaca, abrió fuego contra la multitud a unos seis metros de distancia. Una de las balas impactó en la pierna de Mota Figueroa. Entre 2 y 4 balas quedaron incrustadas en un todoterreno blindado que las autoridades habían dejado aparcado en la calle.

Durante la protesta, la Policía Federal también disparó a quemarropa granadas de gas lacrimógeno contra los manifestantes, hiriendo gravemente a por lo menos dos personas. Según el sindicato de maestros, el profesor de secundaria Raymundo Servando Santiago Sánchez fue hospitalizado con una lesión pulmonar debida al impacto de una granada de gas lacrimógeno en el pecho. Otra granada, esta vez supuestamente disparada por la Policía Estatal, impactó en la cara del manifestante Marcelino Coache, le fracturó el cráneo y le causó un trauma cerebral. Además, dos periodistas presentaron su denuncia ante la Oficina del Procurador del Estado por daños físicos y a su equipamiento, causado por la granadas de gas lacrimógeno que los impactaron durante la protesta.

Esta camioneta blindada recibió varios
impactos de bala durante la manifestación.

Para que sean consideradas “armas no letales”, las granadas de gas lacrimógeno deben ser disparadas al aire o contra el suelo. Las granadas de gas lacrimógeno fabricadas por Combined Tactical Systems Inc., que produce los lanzadores de granadas utilizados el martes por la Policía Federal, llevan una etiqueta de advertencia que dice: “Peligro: No dispare directamente contra persona(s). Puede producir heridas graves o la muerte.”

La Policía Federal es perfectamente consciente de que un golpe directo de una granada de gas lacrimógeno puede ser letal. En 2006, durante una operación conjunta entre la Policía Estatal y la Federal en San Salvador Atenco, una granada lacrimógena mató a Alexis Behumea, un manifestante de 23 años, al darle en la cabeza. Como resultado del “uso ilegítimo” de sus armas durante la operación en Atenco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del gobierno mexicano (CNDH) recomendó que la Policía Federal Preventiva (PFP), ahora la Policía Federal, y la Policía Estatal debían ser entrenados en el “uso adecuado” de sus armas. El jefe de la PFP rechazó la recomendación de la CNDH y, cinco años después, la Policía Federal sigue disparando granadas lacrimógenas contra las cabezas de los manifestantes.

Policías Federales disparan
cartuchos de gas lacrimógeno
directamente contra
manifestantes. 

Maureen Meyers, de la Oficina en Washington para Asuntos latinoamericanos (WOLA), argumenta que la violenta reacción de la policía ante las manifestaciones del martes “subraya la falta de todo mecanismo real de rendición de cuentas dentro de la Policía Federal”. Señala que la Policía Federal ocupa el tercer puesto en número de quejas presentadas contra agencias gubernamentales con relación a los derechos humanos, con las 595 quejas presentadas a la CNDH en 2010. “Crece el número de informes sobre los abusos cometidos por la Policía Federal”, dice Meyers. El 29 de octubre de 2010, la Policía Federal disparó en el estómago con munición de guerra a un joven manifestante mientras pintaba un grafiti durante la 11ª “Marcha contra la Muerte” en Ciudad Juárez.

Más fondos para la Iniciativa Mérida

El día antes de que la Policía Federal abriera fuego contra los manifestantes y la prensa en Oaxaca, el presidente estadounidense Barack Obama desveló el borrador de los presupuestos para 2012. Estos presupuestos incluyen 291,5 millones de dólares para los programas de la Iniciativa Mérida en México.

La policía disparó directamente contra este
manifestante con un proyectil no-identificado,
lo cual fracturó su cráneo.

La Secretaría de Seguridad Pública de México (SSP), a cargo de la Policía Federal, es uno de los mayores beneficiarios del financiamiento de la Iniciativa Mérida. Mediante la Iniciativa Mérida, la Policía Federal recibe equipamiento, entrenamiento (por parte de las policías estadounidense y colombiana, así como de contratistas privados), e incluso helicópteros Black Hawk. Aunque el presupuesto de Obama para 2012 reduce la financiación de la Iniciativa Mérida mexicana en unos 250 millones de dólares en comparación con el año anterior, aumenta la partida para INCLE (siglas en inglés de Control Internacional de Narcóticos y Ejecución de la Ley) en 500.000 dólares. El financiamiento de INCLE es lo que financia la mayor parte de, si no toda, la ayuda a la Policía Federal.

Algunos fondos de la Iniciativa Mérida son destinados a la reducción de la corrupción dentro de la Policía Federal. Esa ayuda, señala Meyers, “se concentra más en centros de control de confianza y pruebas de polígrafo. Eso obviamente no tiene que ver con este modelo generalizado de abuso”.

Marcelino Coache tiene el
cráneo fracturado y trauma
cerebral como resultado de
un cartucho de gas que le
pegó en la cabeza.

Meyers señala que existen tres mecanismos de rendición de cuentas que, en teoría, asegurarían que la ayuda de la Iniciativa Mérida no cayera en manos de violadores de los derechos humanos, como los agentes de la Policía Federal que abren fuego contra manifestantes desarmados. El primero es la Enmienda Leahy, que prohíbe destinar cualquier tipo de ayuda fuera de EE.UU. a “cualquier unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero, cuando se dé el caso de que el secretario de Estado tenga pruebas fiables de que esa unidad ha cometido brutales violaciones de los derechos humanos” y no haya castigado a los delincuentes. La embajada de EE.UU. rastrea a los abusadores de los derechos humanos a título individual en una base de datos, pero Meyers señala que la fuerza de la base de datos depende de la cantidad de información que registre en ella la embajada de EE.UU.. Kent Patterson, del Programa Américas, ha criticado la puesta en práctica de la Enmienda Leahy por parte de EE.UU.: “México, como Colombia, soslaya la cuestión seleccionando para entrenamiento sólo a unos pocos individuos de las unidades afectadas, en lugar de entrenar a todas las unidades.”

Los otros dos mecanismos de rendición de cuentas que se aplican a la ayuda estadounidense a México para la guerra contra la droga están relacionados con la propia Iniciativa Mérida. Sólo un quince por ciento de la ayuda a la Iniciativa Mérida está condicionada a que México mejore la responsabilidad y la transparencia en la Policía Federal y las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, a fin de recibir los fondos condicionados, México debe demostrar que investiga y procesa a aquellos soldados y policías federales contra los que se ha presentado una acusación creíble de violaciones de los derechos humanos. “Que sepamos, en este último caso no hemos visto realmente ningún caso en el cual los policías federales implicados en abusos hayan sido efectivamente investigados y sancionados”, dice Meyers.

A pesar de la flagrante impunidad de los violadores de los derechos humanos pertenecientes a las fuerzas de seguridad, las condiciones de los derechos humanos de Mérida no han afectado significativamente en el flujo de la ayuda destinada a la guerra contra la droga en México. El Congreso de EE.UU. ha retenido simbólicamente algunos de los fondos, pero hasta ahora las condiciones de los derechos humanos no han retrasado la llegada del dinero de la Iniciativa Mérida durante mucho más tiempo que el que lleva el trámite burocrático normal, mientras pasaba el otro 85% de los fondos no condicionados.

© 2011 Upside Down World

Oaxaca: CODEP habla sobre la guerra anti-narco y la criminalización de la lucha social

por Kristin Bricker, Upside Down World

Miembros del CODEP enfrente de la
puerta que los militares rompieron
para allanar sus instalaciones sin
órden de cateo.
Foto por Santiago Navarro

Aproximadamente a las 6:45 P.M. del martes 11 de enero, el Ejército mexicano allanó la oficina del Comité para la Defensa de Derechos del Pueblo (CODEP) y el Comité para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM) ambas en la ciudad de Oaxaca. Según miembros del CODEP que estuvieron presentes durante este allanamiento, aproximadamente 20 soldados uniformados en un vehículo oficial se estacionaron delante del edificio donde se encuentran las oficinas de estas organizaciones, rompieron la puerta provisional de lamina y registraron sus oficinas. Después de que los soldados rompieron la puerta, encañonaron a Patrocino Martinez, miembro del CODEP . Martinez dice que les exigió una orden de cateo, pero que los soldados lo empujaron y se fueron corriendo hacia la escalera del edificio, que está actualmente en obra negra.

Otros miembros de la organización lograron cerrar las puertas de las oficinas donde mantienen sus computadoras, copiadoras, así como sus archivos, por lo que los soldados no pudieron entrar a registrar esas oficinas. Sin embargo, los soldados sí lograron entrar a otras oficinas que se encontraban abiertas, que incluyeron un dormitorio y un taller de serigrafía. Según Martínez, los soldados tomaron fotos de esas oficinas. Sin embargo, no se llevaron ningún artículo del edificio, ni hicieron arresto alguno.

Los miembros de CODEP que presenciaron el allanamiento dicen que los soldados les preguntaron a punta de pistola acerca del trabajo de la organización y del crimen organizado. Ernesto López dice que el comandante de los soldados, que solo se identificó como "Carlos," le dijo que recibieron una "denuncia que el crimen organizado se reunía aquí". Mientras tanto, otros soldados cuestionaron a varios vecinos si sabían de posibles actividades criminales o relacionadas con las drogas, en o cerca del edificio de estas organizaciones.

Durante el allanamiento los soldados no presentaron nunca una orden de cateo y se negaron a identificarse. Sin embargo uno de los miembros del CODEP logró anotar el numero de matricula del vehículo del convoy militar en que los soldados viajaban.

Después del allanamiento, el CODEP y el CODEM se pusieron en contacto con un diputado, que a su vez se comunicó con el Ejército. Según el diputado, los militares dijeron que "habían detectado algo en la zona" y que eso fue el justificante para ese allanamiento.

El CODEP y el CODEM presentaron quejas ante la comisión nacional y estatal de derechos humanos, así como en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, solicitando que investiguen el allanamiento y le provean al CODEP y al CODEM la información de lo ocurrido.

Historia de Represión
En una entrevista con Upside Down World, miembros del CODEP y del CODEM no parecían perturbados por el reciente allanamiento de noche de sus oficinas por soldados armados con poderosos rifles de asalto. Esto se debe a que no ha sido la primera vez que ellos han sufrido represión por parte del gobierno, ni es el peor ataque. En este último acontecimiento, "mas o menos le midieron," dice la líder del CODEM Claudia Tapia. "Porque antes iban con lujo de violencia, golpeándonos".

En sus dieciocho años de organizar a mujeres, campesinos, taxistas e indígenas, el CODEP y organizaciones afines como el CODEM han encarado una fiera oposición del gobierno del estado-y en particular del anterior gobernador Ulises Ruiz Ortiz. "Desde sus días como Senador, nosotros sabíamos qué tipo de persona [Ruiz] era," dice Tapia. "Tanto así que desde el inicio de su campaña electoral, nos opusimos".

En febrero de 2005, durante el período previo al alzamiento popular del 2006 que casi derribó a Ulises Ruiz, José Luiz Soberanes, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, organizó una negociación entre el gobierno del estado de Oaxaca y el CODEP. El CODEP quería negociar la liberación de un preso político que había sido detenido inmediatamente después de que Ruiz asumiera el cargo. "Sin embargo," recuerda Tapia, "en vez de que llegara Ulises Ruiz [a la mesa de diálogo] tal y como lo había acordado, envió a la policía, y ellos detuvieron a nuestros compañeros". La policía invadió el hotel donde las negociaciones se realizarían, así como a una oficina de CODEP, deteniendo a un total de siete miembros del CODEP. Algunos estuvieron varios meses en la prisión.

Encolerizados, los miembros del CODEP continuaron luchando contra la administración de Ruiz. En mayo del 2006, cuando el sindicato de los maestros de Oaxaca se declaró en huelga para mejorar las condiciones en sus escuelas, el CODEP se unió a su plantón en el zócalo de la Ciudad de Oaxaca. Los miembros de CODEP estaban en el plantón junto con sus hijos hasta el 14 de junio, el infame día en que Ruiz mandó a la policía estatal para disolver violentamente el plantón de los maestros sin advertencia alguna.

El CODEP es una de las organizaciones que conformó en su inicio a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el conglomerado de organizaciones, comunidades e individuos que surgió despues de la represión del 14 de junio para expulsar al gobernador Ulises Ruiz. Cuando el entonces presidente Vicente Fox envió la policía federal a disolver violentamente el movimiento de la APPO en la Ciudad de Oaxaca el 25 de noviembre de 2006, Marcos García, miembro del CODEP, viajó a comunidades simpatizantes de Oaxaca solicitando el apoyo para defender la capital. El 27 de noviembre, mientras viajaba a una comunidad, García fue atacado por un comando armado que el CODEP identifica como un grupo paramilitar, uno de los muchos que operó en el estado en aquel momento. Atacaron a García con armas de alto poder, balaceando su vehículo con 177 balas, ocho de los cuales lo alcanzaron en su cuerpo. Milagrosamente, sobrevivió el ataque.

La represión del Estado contra el CODEP ha continuado desde aquel alzamiento de 2006. El 25 de octubre de 2008, alrededor de veinte policías federales invadieron una casa en la Ciudad de Oaxaca donde miembros del CODEP trabajaban y vivían. Según la policía, ese allanamiento fue una operación anti-crimen organizado. La policía torturó a Luis Ramón González López, miembro del CODEP por una hora. Lo golpearon, le pusieron una una bolsa de plástico sobre la cabeza, y aplicaron el infame tehuacanazo, una táctica de tortura que es popular entre la policía mexicana. El tehuacanazo consiste en agua mineral (mezclada a veces con chile) que es arrojada en forma de chorro dentro de la nariz de la víctima, creando una sensación de ahogamiento que ocasiona una sensación abrasadora intensa, causando a veces que la víctima se desmaya. Esa sesión de tortura le dejó a González López con una costilla rota y un pulmón perforado. Durante el interrogatorio, la policía le pedía a González López que les dijera la ubicación de una "maleta de dinero," una petición que desconcierta a el CODEP hasta hoy día. "Esa casa es tan humilde que ni a caso va la pregunta," dice Tapia. "Ellos sólo quieren aterrorizarnos". Despues de la sesión de tortura, la policía les confiscó un ordenador portátil, dos teléfonos celulares, documentos y recortes periodísticos acerca del alzamiento de 2006.

La Guerra contra la Droga es la Nueva Guerra Fría
El CODEP sabe que no es coincidencia que este es el segundo allanamiento en pos de la guerra anti-narco que ellos han sufrido desde que Presidente Felipe Calderón desplegó al ejército para combatir los cárteles de droga hacia finales de 2006. En un comunicado de prensa acerca del allanamiento, el CODEP declaró: " Es indudable que esta estrategia de terrorismo de estado que sigue avanzando en nuestro país, forma parte del Plan Mérida [una dotación de ayuda de la guerra contra la droga] y Plan Mesoamericano [anteriormente conocido como el Plan Puebla-Panamá, un proyecto de "desarrollo" neoliberal] que los gobiernos panistas y priistas [de México] suscribieron con los EEUU... con el objetivo de destruir los organismos de derechos humanos y a las organizaciones sociales y populares que representan una oposición a la continuación de la destrucción de nuestra nación y la entrega de la soberanía nacional a los intereses extranjeros".

"Esto no es nuevo," dice Lopez. "Esto lo hemos visto durante la Guerra Fría y otras guerras. Ahora Estados Unidos no tiene un pretexto ni a un enemigo ficticio como tuvieron en los años setenta, donde el enemigo fue el comunismo. Cuando el Bloque soviético cayó, ya no había un enemigo que utilizar para inventar una guerra. Entonces ahora el enemigo que crearon es lo relacionado con el trafico de droga y el crimen organizado. Ahora, los que luchan contra el gobierno para demandar sus derechos, son también considerados como crimen organizado. En México, con la Iniciativa Mérida, EEUU quiere tener control militar sobre el territorio...y no permitir un movimiento social como el que ocurrió en Oaxaca en 2006 o en Chiapas [con los Zapatistas] en los años noventa. EEUU quiere controlar nuestro gobierno y controlar nuestro país para que pueda apropiarse de los recursos naturales de México".

Traducido por Jeremías Medina 

¿Golpe de Estado en Ecuador?

por Kristin Bricker

El 30 de septiembre, cientos de agentes de la Policía Nacional ecuatoriana salieron a las calles, bloqueando intersecciones claves y ocupando el espacio público, en protesta por una nueva ley que elimina sus bonos y otros beneficios.

A pesar de que la protesta de la policía representaba una pequeña fracción de la fuerza de 42.000 miembros, la situación salió rápidamente de control. La policía ocupó la Asamblea Nacional, ayudó a cerrar los aeropuertos, y mantenido como rehén a Correa en un hospital por más de 10 horas hasta que un equipo de Operaciones Especiales lo rescató. Los disturbios dejaron 10 muertos y 274 heridos.

La rebelión de la policía comenzó después de que Correa utiliza el veto para modificar ciertas partes de la Ley de Servicios Públicos, que al parecer tenia el objetivo de racionalizar el sector público de Ecuador mediante la supresión de algunas primas y obligando a muchos funcionarios públicos a la jubilación anticipada. El poder de veto del presidente está prevista en la Constitución de 2008 y el presidente la ha utilizado ha menudo para anular a la Asamblea.

De acuerdo con Edwin Bedoya, vicepresidente de La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores (CEDOCUT), la versión de la Ley de Servicios Públicos que la Asamblea aprobó originalmente fue elaborado en las negociaciones entre el partido Alianza PAIS de Correa y los sectores sociales. "Pero vimos en la segunda ronda de votación que el presidente había vetado los acuerdos y se había quitado los derechos de los trabajadores", dijo Bedoya. Cuando la Asamblea, entre ellos algunos miembros de Alianza PAIS, se resistió a los cambios de Correa en la legislación, el presidente amenazó con usar su derecho a disolver la Asamblea para aprobar su versión de la ley de Servicios Públicos.

Pero la rebelión que siguió, Correa y otros han enfatizado, que no fue una insurrección espontánea. Mientras continuaba siendo rehén, Correa declaró: "Es un intento de golpe de estado liderado por la oposición y algunos sectores de las fuerzas armadas y la policía." Muchos latinoamericanos, todavía sorprendidos por el golpe de Estado contra el presidente izquierdista Manuel Zelaya en Honduras el año pasado, se temía que Correa fuera el próximo. Otros argumentaron que llamar a los disturbios un "golpe" es una exageración, e incluso que Correa se haya auto secuestrado con el fin de aumentar su popularidad y poder político.

Sin embargo, las protestas se llevaron a cabo en al menos cuatro departamentos en Ecuador, poniendo en duda su espontaneidad. Y como Correa señaló, las protestas fueron "coordinadas con el cierre. . . del aeropuerto, coordinado con los ataques a las antenas de relé de la televisión [estatal], con la invasión a los Estudios de Ecuador TV [pertenecientes al gobierno]", y toma la Asamblea por parte de la policía.

Por otra parte, videos tomados de los policías en huelga al momento de la operación que liberó a Correa demuestran claramente que la policía estaba disparando a matar. Correa dijo a la prensa que el vehículo blindado que lo llevó lejos del hospital fue baleado varias veces.

Aunque la policía rehén Correa, el ex presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez -un crítico de Correa- dio entrevistas desde Brasil, resaltando la rebelión de la policía como un golpe de Estado. "El fin de la tiranía de Correa está cerca" dijo, pidiendo la "disolución del Parlamento" y "elecciones presidenciales anticipadas." El ex presidente la Asemblea, Alberto Acosta, un seguidor de Correa que se volvió crítico, informó que "ex soldados y ex-policía, las mismas personas que componen la fuerza del partido de Lucio," fueron vistos en cuarteles en varias ciudades. Cuando la policía ocupó brevemente la Asamblea, agregó Acosta, los representantes que son miembros del Partido Sociedad Patriótica de Gutiérrez entraban y salían libremente, mientras que los miembros de otros partidos "tuvieron problemas para entrar."

Tanto Correa como el ex comandante de la Policía Nacional Freddy Martínez, quien renunció después de ser incapaz de mantener el control de sus tropas, sostienen que los instigadores externos se infiltraron en la policía, engañaron a la policía sobre sus medidas de austeridad en la Ley de Servicio Público, y provocó el levantamiento.

Organizaciones laborales e indígenas en Ecuador, sin embargo, han adoptado una línea más regulada. La rebelión de la policía se produjo, según ellos, porque la derecha de Ecuador se está aprovechando de las debilidades creadas por el alienante estilo de gobierno de Correa. Aunque se opusieron a cualquier intento de golpe de estado y exigió que se respete el orden constitucional, también criticaron a Correa por marginar a sus aliados naturales en los movimientos sociales y permaneciendo vulnerable ante los ataques de la derecha.

Una declaración conjunta de cuatro de las mas grandes organizaciones indígenas de Ecuador rechazaron “las acciones de la derecha que encubierta forman parte del intento de golpe" y exhortó a sus miembros a "estar alerta y listos para movilizarse." Sin embargo, la declaración critica el gobierno de Correa por reprimir violentamente las movilizaciones contra la minería transnacional, el aceite, y las empresas agro-industriales. Las organizaciones sostuvieron que "la crisis social que hoy se soltó fue provocada también por el carácter autoritario y la falta de voluntad para el diálogo en el proceso legislativo. Hemos visto cómo las leyes que se han negociado [con los sectores sociales] fueron vetadas por el Presidente de la República. . . . Este escenario se nutre de los sectores conservadores. "

El líder sindical Bedoya dice que el 30 de septiembre, la CEDOCUT hizo un llamamiento a todos los sectores para salir a la calle para restablecer el orden constitucional. Sin embargo, al igual que las organizaciones indígenas de su país, calificó a su organización una defensa de Correa: "Creemos que parte de la culpa de lo que está sucediendo recae en no aceptar el diálogo con los sectores sociales."

Acosta, quien cofundó la Alianza PAIS con Correa, hizo eco de esto. "El presidente y su gobierno no sabe cómo el diálogo", dijo. "Ellos imponen sus leyes, sin siquiera respetar los criterios de los asambleístas de su propio bloque."

Peor aún, argumentaron organizaciones indígenas el día del golpe, el gobierno de Correa los ha reprimido justo como lo ha hecho el gobiernos derechista. "Frente a la crítica y la movilización de las comunidades contra la minería transnacional, el petróleo, y las empresas agro-industriales", escribió la CONAIE, la ECUARUNARI, la CONFENIAE y la CONAICE, "el gobierno, en lugar de crear un diálogo, responde con la violencia y represión. . . . Lo único que provoca este tipo de política es abrir espacios a la derecha y crear espacios de desestabilización”.

Bedoya comparte este análisis: "Por supuesto que la derecha se aprovecha de esto, y se aprovecha del sector más poderoso, que es la policía nacional y los militares, y comienza a sembrar el descontento. . . pero el comportamiento del gobierno lo hace posible".

Acosta espera que su ex aliado aprenda de la rebelión de la policía. "La historia le ha dado al Presidente Correa, una vez más, la oportunidad para redescubrir los orígenes del proceso revolucionario, para rectificar. Esperemos que lo entienda de esa manera".

"Una Revolución ciudadana", manifiesta Bedoya, "implica el respeto por los derechos de todas las personas, de los trabajadores, a los derechos colectivos de las organizaciones, y ha establecer un diálogo que lleve a una conclusión con los sectores sociales."

Este articulo fue traducido del inglés. Las citas en este articulo (por ejemplo, del Señor Bedoya) fueron traducidas al inglés para el articulo original, y luego volvieron a ser traducidas al español para esta traducción. Entonces, las citas no son las palabras exactas de las personas citadas, pero sí representan lo que quisieron decir. En muchos casos, puedes hacer click en los enlaces para encontrar las palabras exactas de las personas citadas.

La corrupción y la deforestación causan catástrofe en Oaxaca por deslave

por Kristin Bricker

Durante la mañana del martes 28 de septiembre, el mundo despertó con la noticia de que un deslave de tierra había sepultado el 80% de Tlahuitoltepec, Oaxaca, un municipio de 10,000 personas. Llorosos funcionarios de Tlahuitoltepec dijeron a la prensa que alrededor de 300 a 500 personas podrían haber sido sepultados bajo el lodo, mientras que el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz colocó el número de posibles muertes "hasta en 1,000". El gobierno federal desplegó militares y policías federales a la zona, e incluso los Estados Unidos ofrecieron su asistencia en la excavación de los residentes de Tlahuitoltepec.
Cuando llegaron los rescatistas a Tlahuitoltepec despues de más de diez horas de retraso por la mala condición de las carreteras en el estado, se dieron cuenta de que el deslave no era tan grave como habían pensado. El alud dejó once muertos.

El desastre era predecible, destacando las mortales consecuencias de la notoria corrupción presente en las obras públicas del estado.

La deforestación

La temporada de huracanes de 2010 ha causado un récord en las lluvias al sur de México, dando lugar a inundaciones, deslaves, y muertes en varios estados, incluyendo Oaxaca.

Un informe publicado por el Consejo de Recursos Minerales del gobierno federal en 2001, advirtió que, como resultado de la deforestación, Tlahuitoltepec sufre regularmente grandes deslaves durante la temporada de huracanes. El informe, titulado "Los peligros naturales", advierte que los deslaves en Tlahuitoltepec tienden a afectar tanto a las carreteras, como a las casas. El gobierno no ha hecho nada para resolver el problema de los deslaves en Tlahuitoltepec, donde los residentes viven en las faldas de los cerros.

El alud de lodo que sorprendió al mundo el 28 de septiembre no sucedió durante la noche. El lodo empezó a deslizarse el 13 de septiembre, provocando que las paredes de las casas cercanas deslave comenzaran a agrietare al momento en que la tierra comenzó a moverse. En ese momento, Protección Civil le dijo al presidente municipal que debía evacuar la localidad. Sin embargo, ni el Estado, ni el gobierno federal parecen haber ayudado en la evacuación, ni siquiera les ofrecieron a los residentes Tlahuitoltepec un refugio. Fue sólo después de que los funcionarios locales aparentemente exageraron la magnitud del deslave el 28 de septiembre, que la policía del estado comenzó a escoltar a los residentes de Tlahuitoltepec.

Así como los equipos de rescate evalúan la situación en la región indígena Mixe (donde se encuentra localizada Tlahuioltepec), ellos decidirán si se van a evacuar a 30,000 personas. "En esa zona llueve mucho. El terreno es inestable y podría haber más deslaves", dijo el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz a El Universal. "Es mejor actuar, porque algo puede suceder."

Carreteras de Oaxaca pavimentadas con la corrupción

Desafortunadamente, el gobernador Ruiz decidió actuar sólo cuando los funcionarios de Tlahuitoltepec exageraron el deslave del 28 de septiembre. Las autoridades locales han advertido al gobierno del estado que los deslaves podrían provocar una catástrofe humanitaria, desde agosto cuando se quejaron de que el 50% de las carreteras en la región fueron dañados. "Si no se reparan, vamos a correr el riesgo de que varios pueblos quedarían completamente inaccesibles en los próximos días", dijo el congresista estatal Floriberto Vásquez Vásquez, al gobierno del estado y la prensa. El gobierno del estado ignoro sus ruegos.

El 8 de septiembre, las advertencias Vásquez se convirtieron en una realidad. Ese día, un funcionario del estado de Oaxaca informó que el 80% de 22,000 km de las carreteras del estado fueron dañadas por los deslaves y la mala calidad de las construcciones, incomunicando a más de treinta comunidades del mundo exterior. Los mixes fue una de las regiones más afectadas.

Los caminos y aeropistas de Oaxaca (CAO), la agencia estatal encargada de la construcción y mantenimiento de carreteras de Oaxaca, respondió a las preocupaciones sobre las deplorables condiciones de las carreteras diciendo que no se podían reparar porque no tenía más dinero del presupuesto. A diario, un periódico de Oaxaca que apoya abiertamente al partido gobernante del estado, escribió en un artículo de opinión:

"…son sorprendentes las declaraciones de los funcionarios de CAO en el sentido de que “no hay recursos” para arreglar el 80 por ciento de carreteras dañadas que actualmente tiene Oaxaca, pero entonces uno se pregunta por qué la CAO... mantiene anualmente un millonario subejercicio de recursos. Eso señores, se llama incompetencia. Si hay decenas de comunidades que están incomunicadas por los derrumbes y por el desgalamiento de la red carretera, es una prioridad gestionar los dineros que hagan falta para solucionar la situación.... Es necesario que se realicen auditorías…porque sucede que, a pese a la liberación de los recursos, éstos no llegan a los damnificados la mayoría de las veces… ¿En manos de quién se quedan?"

Reclamos sobre la corrupción en los proyectos de carreteras y otros proyectos en Oaxaca se hacen adiaro. Las sospechas se derivan de los altos costos y los resultados de mala calidad. Algunas carreteras se desmoronan en cuentón de meses.

Los funcionarios públicos a menudo ceden contratos de construcción sin licitación a sus amigos y compañeros de partido. Los ciudadanos sospechan que los fondos de muchos de estos contratos se utilizan para financiar campañas políticas. Tal es el caso en Salina Cruz, Oaxaca, donde Jesús Hiram Mortera financió su campaña a la presidencia municipal con las ganancias de sus proyectos de obras públicas. Dos presidentes municipales sucesivamente le otorgaron la mayoría de los contratos de obras públicas en la ciudad. El gobierno está llevando a cabo la auditoría de los dos ex presidentes municipales sobre presunta malversación de fondos a través de proyectos de construcción de la Mortera. De particular preocupación es la "rehabilitación" de una carretera de cuatro carriles de Mortera en Salina Cruz. La carretera se ha derrumbado en tres ocasiones desde la "rehabilitación" que realizó Mortera.

Hasta el momento nadie ha demostrado que los políticos de Oaxaca y los contratistas malversan el dinero de los proyectos de carreteras mediante el uso de materiales baratos y embolsándose la diferencia. En 2008, los auditores del Estado llegaron a la conclusión de que Carlos Alberto Ramos Aragón utilizó un proyecto de construcción de un bulevar para malversar dinero cuando se desempeñó como presidente municipal de Pinotepa Nacional, Oaxaca; pero nunca se descubrió exactamente cómo: Ramos Aragón simplemente no entregó los recibos a los auditores. Ramos Aragón nunca fue castigado por esta presunta malversación de fondos. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Protección Civil del Estado de Oaxaca, uno de los organismos que se encargan de las labores de rescate en Tlahuitoltepec.

Aunque los detalles sobre cómo los políticos malversan el dinero de proyectos completos de carreteras son vagas o se encuentran sin evidenciar, un reciente escándalo en el programa federal "Pisos Firmes", se muestra cómo muchos oaxaqueños sospechan que los contratistas y los políticos están robando el dinero de los proyectos de carreteras. El gobierno federal proporciona fondos a los estados como Oaxaca a través del proyecto "Pisos Firmes", que instala pisos de concreto en los hogares que tienen piso de tierra. El gobierno federal calcula la cantidad de cemento que es enviado a los estados, basándose en la cantidad y dimensiones de los hogares que reciben los nuevos pisos a través de este programa. En Guerrero, otro estado que recibe cemento a través de "Pisos Firmes", una auditoría federal encontró que los políticos locales y estatales diluyen el cemento donado con arena, lo cual es más barato, por lo que menos cemento fue necesario para instalar los pisos. Los beneficiarios se quedaron con pisos de baja calidad, mientras que los políticos locales vendieron los excedentes de cemento. Los políticos de Guerrero y contratistas malversaron $149 millones de pesos a través del fraude, de acuerdo con la auditoría federal.

Algunas comunidades oaxaqueñas están demandando una auditoría similar del programa "Pisos Firmes" en su estado. Los residentes afirman que los políticos locales están utilizando el mismo esquema para ofrecer menos cemento a los beneficiarios, y que los políticos intercambian el excedente de cemento por votos. Residentes furiosos también afirman que los políticos pagan a los trabajadores a cargo de la instalación de suelos de la mitad de lo que el gobierno federal ha presupuestado como sus salarios, y que los políticos se embolsan la otra mitad.

Si bien las auditorías aún no han descubierto planes de malversación de fondos relacionados con los materiales utilizados para construir carreteras evidentemente mal construidas en Oaxaca, los proyectos "fantasmas" de carreteras son comunes. En los proyectos fantasmas, el gobierno paga por una carretera que se construirá o pavimentara. Los funcionarios locales dicen que el proyecto se terminó y recogen el dinero, pero en realidad el proyecto ni siquiera se inicia. Sólo el pasado agosto, el gobierno federal despidió a nueve funcionarios oaxaqueños por malversación de $930,000 pesos por medio de proyectos fantasmas de carreteras. En abril, las autoridades de sesenta comunidades marcharon en San Juan Mixtepec, en protesta por supuesta malversación de fondos del presidente municipal de $10 millones de pesos en fondos federales a través de proyectos fantasmas de carreteras, puentes y proyectos de agua potable.

Las consecuencias de la corrupción y la malversación de fondos en obras públicas es costoso y mortal, como lo demuestra el desastre de Tlahuitoltepec. Informes exagerados sobre la magnitud del deslave circularon por más de diez horas antes de que los primeros equipos de rescate pudieran llegar a la localidad devastada, que se encuentra a sólo dos horas y media de la ciudad de Oaxaca. El primer equipo de rescate llego a pie porque los caminos estaban intransitables. El equipo pesado como excavadoras llegaron mucho más tarde. Mientras que el mundo vio con horror como las carreteras y los puentes colapsados retrasaban a los rescatistas y el equipo, nadie en Oaxaca se sorprendió porque las malas condiciones de las carreteras que se han convertido en un hecho de la vida cotidiana.

Mientras que la pérdida masiva de vidas parece haber sido evitado en Tlahuitoltepec, el deslave de tierra debe servir como una advertencia para el gobierno estatal y federal, que una mayor supervisión y rendición de cuentas son necesarias para evitar una catástrofe futura.

Autoridades Autónomas Ordenan la Evacuación Total de San Juan Copala, Oaxaca.

Reyna Martínez Flores habla en el plantón de mujeres.
Foto: Verónica Villalvazo

Actualización 23 de septiembre: Reyna Martínez Flores, vocera del plantón de mujeres en el zócalo de Oaxaca, dice que todos los pobladores del municipio autónomo han logrado salir de San Juan Copala, sin ayuda del gobierno.

David García, antes reportado como herido y desaparecido, ahora se reporta como muerto, aunque todavia no han dicho dónde esta su cuerpo.

La UBISORT se ha apoderado del palacio municipal de San Juan Copala. El grupo mandó un boletín de prensa en español y un video en YouTube en triqui haciendo un llamado a todos los integrantes de la UBISORT que regresen a repoblar a San Juan Copala ahora que ya no hay autónomos allí.

El gobierno oaxaqueño sigue con su plan de realizer un operativo policiaco para restorar electricidad y educación—lo cual cortó la UBISORT en febrero—en San Juan Copala, ahora controlado por la UBISORT.

El municipio autónomo aún no ha emitido un pronunciamiento sobre su estrategia ahora que ha perdido la cabazera municipal de su municipio autónomo. Sin embargo, afrima Martínez Flores: “Ya no quedó gente nuestra en Copala, pero el municipio autónomo no desaparecerá porque lo tenemos en nuestros corazones y en nuestras mentes”.

Autoridades Autónomas Ordenan la Evacuación Total de San Juan Copala, Oaxaca

Por Kristin Bricker, Upside Down World
Martes 21 de septiembre, 2010 19:19

El ayuntamiento de San Juan Copala, lleno de balas de AK-47.

Las autoridades del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, han ordenado la evacuación total de la ciudad; que se encuentra bajo asedio desde febrero de este año. Las autoridades emitieron la orden cuando presuntos paramilitares atacaron San Juan Copala y anunciaron que iban a masacrar a todos los partidarios del municipio autónomo.

Presuntos paramilitares cortaron el agua, la electricidad y el acceso a la población en febrero. También colocaron hombres armados en las colinas que rodean la ciudad y deparándole a cualquier persona que vieran en las calles. Durante meses, San Juan Copala sobrevivió con la poca comida que las mujeres podían llevar a la ciudad en sus espaldas; por medio de los senderos entre los bosques para colarse a través de los hombres armados que patrullan el perímetro.

Sin embargo, el 13 de septiembre la situación se hizo insoportable cuando hombres armados tomaron el ayuntamiento de San Juan Copala. Estos hombres armados, quienes el municipio autónomo afirmo eran parte de una organización rival de la organización Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), y la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), han mantenido a San Juan Copala bajo una constante lluvia de balas, desde que tomaron el ayuntamiento.

El municipio autónomo ha reportado al menos cinco mujeres heridas, incluyendo a una niña- y un hombre asesinado, todos por armas de fuego desde que MULT y UBISORT tomaron el ayuntamiento. Hombres armados mataron a un segundo hombre, David García y desde entonces no se sabe si está vivo o muerto. De acuerdo con Jorge Albino, vocero del municipio autónomo, la policía entregó su cuerpo a los presuntos paramilitares que están ocupando el ayuntamiento. El municipio autónomo cree que García estaba vivo cuando la policía lo entregó a los hombres armados que le dispararon.

Además, dos personas con discapacidad desaparecieron cuando huían de San Juan Copala. José Gonzalo Cruz de cien años de edad desapareció mientras huía con otras personas a través de los arbustos, bajo un intenso tiroteo. Cruz es ciego y se cree que se separó del grupo, y se perdió.

Una mujer con discapacidad mental llamada Susana López Martínez también fue reportada como desaparecida. Ella trató de huir de San Juan Copala con un grupo de mujeres el 18 de septiembre, bajo un pesado tiroteo. Cuando las mujeres se reagruparon fuera de la línea de fuego, López Martínez de 21 años de edad se había ido. Nadie la vio desaparecer y se desconoce si fue herida durante el tiroteo. Si López Martínez ha caído en manos de UBISORT, ella se encuentra en extremo peligro. El pasado mayo, el líder de UBISORT Rufino Juárez López presuntamente secuestro a Martínez y a su madre. Las dos mujeres escaparon y denunciaron el secuestro ante las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación internacionales.

Los informes del municipio autónomo reportan que los hombres armados que tomaron San Juan Copala fueron casa por casa golpeando a las personas que se encontraran en su interior. Los hombres armados también están quemando las casas abandonadas de los residentes que han huido de la violencia.

El municipio autónomo informó la existencia de cincuenta familias residentes en San Juan Copala al comienzo de la incursión, el 13 de septiembre. Todas menos dos familias han logrado escapar. Estas dos familias se encuentran en dos casas que están rodeadas totalmente por hombres armados.

Las Mujeres y los niños Triquis han mantenido un campamento de protesta en plaza de la ciudad de Oaxaca desde agosto, para exigir un fin a la violencia y justicia para las víctimas. Estas mujeres se declararon en huelga de hambre el 10 de septiembre para presionar al gobierno a enviar a la policía a San Juan Copala, para evacuar a las dos familias que se encuentran atrapadas en su interior. Las mujeres en huelga que fueron expulsadas de San Juan Copala por la violencia, quieren que el gobierno traiga a las familias atrapadas a la ciudad de Oaxaca.

El gobierno del estado de Oaxaca, dijo que está preparando una operación para "restaurar el orden" en San Juan Copala. El subsecretario del Interior de Oaxaca Joaquín Rodríguez Palacios anunció que está provisto que la policía estatal oaxaqueña restaurara la electricidad y volverán a abrir las escuelas en San Juan Copala. El plan parece totalmente absurdo cuando se tiene en cuenta que al menos 25 residentes que permanecen en San Juan Copala- quieren irse. Palacios no mencionó ningún plan para evacuar a los residentes que aún permanecen en la localidad.

Queda por verse si el gobierno seguirá adelante con la operación. El dirigente de la UBISORT Rufino Juárez dijo al Noticias de Oaxaca que habría un baño de sangre "si el gobierno no llegar a un acuerdo "con su organización con respecto a la operación policial propuesta.

El diálogo falló de nuevo

Lona Reyes obispo de Tehuantepec, Oaxaca, y el padre Wilfrido Mayrén de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz en Oaxaca, pidió al MULT y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI); un grupo separado del MULT que co- fundó el municipio autónomo, a un diálogo mediado por la iglesia. El objetivo de esta propuesta de diálogo era llegar a una solución pacífica al conflicto mediante negociaciones. Las pasadas negociaciones mediadas por el gobierno se rompieron, porque el municipio autónomo se ha negado sentarse en una mesa de negociación con MULT y UBISORT, mientras que estos grupos estuvieran presuntamente asesinando a sus partidarios.

MULTI se negó a participar en el diálogo mediado por la iglesia, ya que afirma que MULT es uno de los grupos que llevan a cabo el ataque armado en San Juan Copala. MULTI condicionó su participación en el diálogo, sobre un alto al fuego en el municipio autónomo y la presentación de los residentes que desaparecieron durante el ataque.

El diario mexicano Milenio interpretó el fallido diálogo y la evacuación del municipio autónomo como una señal de que el proyecto autónomo está muerto. Sin embargo, una fuente cercana a las autoridades autonómicas dijo, "Una vez que logremos sacar a todos [de San Juan Copala] vamos a continuar con el proyecto desde el exterior. En este momento estamos preocupados por sacar a esas personas con vida. "

La evacuación completa de San Juan Copala, en sí misma no significa que el proyecto autónomo está muerto: San Juan Copala es el nombre de una localidad y un municipio (un grupo de localidades, como un condado). Sólo la localidad de San Juan Copala que es la cabecera municipal (asiento del condado), ha estado bajo asedio, y sólo el pueblo está siendo evacuado.

Los representantes de veinte comunidades Triqui presuntamente participaron en la fundación del municipio autónomo. Además de la localidad de San Juan Copala, diez comunidades triquis están oficialmente alineadas con el municipio autónomo. Las autoridades autónomas afirman que hay otras seis comunidades que apoyan al municipio autónomo, pero que temen represalias si declaran públicamente su afiliación. Además de las dieciséis comunidades que dan su pleno apoyo al municipio autónomo, las autoridades autónomas afirman tener partidarios en otro puñado de comunidades que están controladas por organizaciones rivales.

De las diez comunidades que oficialmente pertenecen al municipio autónomo, San Juan Copala fue la única que se encuentra en estado de sitio. Las otras comunidades han sufrido ataques y asesinatos, pero no se vieron afectados por el bloqueo paramilitar ni la reciente invasión.