La policía federal abre el fuego contra los manifestantes en Oaxaca

por Kristin Bricker, Upside Down World
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens y revisado por Elisa Viteri

Doctores quitan una bala de la pierna de
Gilardo Mota Figueroa.

Se informa de que la Policía Federal de México disparó al periodista radiofónico Gilardo Mota Figueroa mientras cubría una manifestación el martes pasado (15 de febrero) contra la visita del presidente Felipe Calderón a la ciudad de Oaxaca. Mota Figueroa dijo a la Crónica de Oaxaca que un agente de la Policía Federal, durante su enfrentamiento con el sindicato de maestros de Oaxaca, abrió fuego contra la multitud a unos seis metros de distancia. Una de las balas impactó en la pierna de Mota Figueroa. Entre 2 y 4 balas quedaron incrustadas en un todoterreno blindado que las autoridades habían dejado aparcado en la calle.

Durante la protesta, la Policía Federal también disparó a quemarropa granadas de gas lacrimógeno contra los manifestantes, hiriendo gravemente a por lo menos dos personas. Según el sindicato de maestros, el profesor de secundaria Raymundo Servando Santiago Sánchez fue hospitalizado con una lesión pulmonar debida al impacto de una granada de gas lacrimógeno en el pecho. Otra granada, esta vez supuestamente disparada por la Policía Estatal, impactó en la cara del manifestante Marcelino Coache, le fracturó el cráneo y le causó un trauma cerebral. Además, dos periodistas presentaron su denuncia ante la Oficina del Procurador del Estado por daños físicos y a su equipamiento, causado por la granadas de gas lacrimógeno que los impactaron durante la protesta.

Esta camioneta blindada recibió varios
impactos de bala durante la manifestación.

Para que sean consideradas “armas no letales”, las granadas de gas lacrimógeno deben ser disparadas al aire o contra el suelo. Las granadas de gas lacrimógeno fabricadas por Combined Tactical Systems Inc., que produce los lanzadores de granadas utilizados el martes por la Policía Federal, llevan una etiqueta de advertencia que dice: “Peligro: No dispare directamente contra persona(s). Puede producir heridas graves o la muerte.”

La Policía Federal es perfectamente consciente de que un golpe directo de una granada de gas lacrimógeno puede ser letal. En 2006, durante una operación conjunta entre la Policía Estatal y la Federal en San Salvador Atenco, una granada lacrimógena mató a Alexis Behumea, un manifestante de 23 años, al darle en la cabeza. Como resultado del “uso ilegítimo” de sus armas durante la operación en Atenco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del gobierno mexicano (CNDH) recomendó que la Policía Federal Preventiva (PFP), ahora la Policía Federal, y la Policía Estatal debían ser entrenados en el “uso adecuado” de sus armas. El jefe de la PFP rechazó la recomendación de la CNDH y, cinco años después, la Policía Federal sigue disparando granadas lacrimógenas contra las cabezas de los manifestantes.

Policías Federales disparan
cartuchos de gas lacrimógeno
directamente contra
manifestantes. 

Maureen Meyers, de la Oficina en Washington para Asuntos latinoamericanos (WOLA), argumenta que la violenta reacción de la policía ante las manifestaciones del martes “subraya la falta de todo mecanismo real de rendición de cuentas dentro de la Policía Federal”. Señala que la Policía Federal ocupa el tercer puesto en número de quejas presentadas contra agencias gubernamentales con relación a los derechos humanos, con las 595 quejas presentadas a la CNDH en 2010. “Crece el número de informes sobre los abusos cometidos por la Policía Federal”, dice Meyers. El 29 de octubre de 2010, la Policía Federal disparó en el estómago con munición de guerra a un joven manifestante mientras pintaba un grafiti durante la 11ª “Marcha contra la Muerte” en Ciudad Juárez.

Más fondos para la Iniciativa Mérida

El día antes de que la Policía Federal abriera fuego contra los manifestantes y la prensa en Oaxaca, el presidente estadounidense Barack Obama desveló el borrador de los presupuestos para 2012. Estos presupuestos incluyen 291,5 millones de dólares para los programas de la Iniciativa Mérida en México.

La policía disparó directamente contra este
manifestante con un proyectil no-identificado,
lo cual fracturó su cráneo.

La Secretaría de Seguridad Pública de México (SSP), a cargo de la Policía Federal, es uno de los mayores beneficiarios del financiamiento de la Iniciativa Mérida. Mediante la Iniciativa Mérida, la Policía Federal recibe equipamiento, entrenamiento (por parte de las policías estadounidense y colombiana, así como de contratistas privados), e incluso helicópteros Black Hawk. Aunque el presupuesto de Obama para 2012 reduce la financiación de la Iniciativa Mérida mexicana en unos 250 millones de dólares en comparación con el año anterior, aumenta la partida para INCLE (siglas en inglés de Control Internacional de Narcóticos y Ejecución de la Ley) en 500.000 dólares. El financiamiento de INCLE es lo que financia la mayor parte de, si no toda, la ayuda a la Policía Federal.

Algunos fondos de la Iniciativa Mérida son destinados a la reducción de la corrupción dentro de la Policía Federal. Esa ayuda, señala Meyers, “se concentra más en centros de control de confianza y pruebas de polígrafo. Eso obviamente no tiene que ver con este modelo generalizado de abuso”.

Marcelino Coache tiene el
cráneo fracturado y trauma
cerebral como resultado de
un cartucho de gas que le
pegó en la cabeza.

Meyers señala que existen tres mecanismos de rendición de cuentas que, en teoría, asegurarían que la ayuda de la Iniciativa Mérida no cayera en manos de violadores de los derechos humanos, como los agentes de la Policía Federal que abren fuego contra manifestantes desarmados. El primero es la Enmienda Leahy, que prohíbe destinar cualquier tipo de ayuda fuera de EE.UU. a “cualquier unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero, cuando se dé el caso de que el secretario de Estado tenga pruebas fiables de que esa unidad ha cometido brutales violaciones de los derechos humanos” y no haya castigado a los delincuentes. La embajada de EE.UU. rastrea a los abusadores de los derechos humanos a título individual en una base de datos, pero Meyers señala que la fuerza de la base de datos depende de la cantidad de información que registre en ella la embajada de EE.UU.. Kent Patterson, del Programa Américas, ha criticado la puesta en práctica de la Enmienda Leahy por parte de EE.UU.: “México, como Colombia, soslaya la cuestión seleccionando para entrenamiento sólo a unos pocos individuos de las unidades afectadas, en lugar de entrenar a todas las unidades.”

Los otros dos mecanismos de rendición de cuentas que se aplican a la ayuda estadounidense a México para la guerra contra la droga están relacionados con la propia Iniciativa Mérida. Sólo un quince por ciento de la ayuda a la Iniciativa Mérida está condicionada a que México mejore la responsabilidad y la transparencia en la Policía Federal y las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, a fin de recibir los fondos condicionados, México debe demostrar que investiga y procesa a aquellos soldados y policías federales contra los que se ha presentado una acusación creíble de violaciones de los derechos humanos. “Que sepamos, en este último caso no hemos visto realmente ningún caso en el cual los policías federales implicados en abusos hayan sido efectivamente investigados y sancionados”, dice Meyers.

A pesar de la flagrante impunidad de los violadores de los derechos humanos pertenecientes a las fuerzas de seguridad, las condiciones de los derechos humanos de Mérida no han afectado significativamente en el flujo de la ayuda destinada a la guerra contra la droga en México. El Congreso de EE.UU. ha retenido simbólicamente algunos de los fondos, pero hasta ahora las condiciones de los derechos humanos no han retrasado la llegada del dinero de la Iniciativa Mérida durante mucho más tiempo que el que lleva el trámite burocrático normal, mientras pasaba el otro 85% de los fondos no condicionados.

© 2011 Upside Down World

Oaxaca: CODEP habla sobre la guerra anti-narco y la criminalización de la lucha social

por Kristin Bricker, Upside Down World

Miembros del CODEP enfrente de la
puerta que los militares rompieron
para allanar sus instalaciones sin
órden de cateo.
Foto por Santiago Navarro

Aproximadamente a las 6:45 P.M. del martes 11 de enero, el Ejército mexicano allanó la oficina del Comité para la Defensa de Derechos del Pueblo (CODEP) y el Comité para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM) ambas en la ciudad de Oaxaca. Según miembros del CODEP que estuvieron presentes durante este allanamiento, aproximadamente 20 soldados uniformados en un vehículo oficial se estacionaron delante del edificio donde se encuentran las oficinas de estas organizaciones, rompieron la puerta provisional de lamina y registraron sus oficinas. Después de que los soldados rompieron la puerta, encañonaron a Patrocino Martinez, miembro del CODEP . Martinez dice que les exigió una orden de cateo, pero que los soldados lo empujaron y se fueron corriendo hacia la escalera del edificio, que está actualmente en obra negra.

Otros miembros de la organización lograron cerrar las puertas de las oficinas donde mantienen sus computadoras, copiadoras, así como sus archivos, por lo que los soldados no pudieron entrar a registrar esas oficinas. Sin embargo, los soldados sí lograron entrar a otras oficinas que se encontraban abiertas, que incluyeron un dormitorio y un taller de serigrafía. Según Martínez, los soldados tomaron fotos de esas oficinas. Sin embargo, no se llevaron ningún artículo del edificio, ni hicieron arresto alguno.

Los miembros de CODEP que presenciaron el allanamiento dicen que los soldados les preguntaron a punta de pistola acerca del trabajo de la organización y del crimen organizado. Ernesto López dice que el comandante de los soldados, que solo se identificó como "Carlos," le dijo que recibieron una "denuncia que el crimen organizado se reunía aquí". Mientras tanto, otros soldados cuestionaron a varios vecinos si sabían de posibles actividades criminales o relacionadas con las drogas, en o cerca del edificio de estas organizaciones.

Durante el allanamiento los soldados no presentaron nunca una orden de cateo y se negaron a identificarse. Sin embargo uno de los miembros del CODEP logró anotar el numero de matricula del vehículo del convoy militar en que los soldados viajaban.

Después del allanamiento, el CODEP y el CODEM se pusieron en contacto con un diputado, que a su vez se comunicó con el Ejército. Según el diputado, los militares dijeron que "habían detectado algo en la zona" y que eso fue el justificante para ese allanamiento.

El CODEP y el CODEM presentaron quejas ante la comisión nacional y estatal de derechos humanos, así como en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, solicitando que investiguen el allanamiento y le provean al CODEP y al CODEM la información de lo ocurrido.

Historia de Represión
En una entrevista con Upside Down World, miembros del CODEP y del CODEM no parecían perturbados por el reciente allanamiento de noche de sus oficinas por soldados armados con poderosos rifles de asalto. Esto se debe a que no ha sido la primera vez que ellos han sufrido represión por parte del gobierno, ni es el peor ataque. En este último acontecimiento, "mas o menos le midieron," dice la líder del CODEM Claudia Tapia. "Porque antes iban con lujo de violencia, golpeándonos".

En sus dieciocho años de organizar a mujeres, campesinos, taxistas e indígenas, el CODEP y organizaciones afines como el CODEM han encarado una fiera oposición del gobierno del estado-y en particular del anterior gobernador Ulises Ruiz Ortiz. "Desde sus días como Senador, nosotros sabíamos qué tipo de persona [Ruiz] era," dice Tapia. "Tanto así que desde el inicio de su campaña electoral, nos opusimos".

En febrero de 2005, durante el período previo al alzamiento popular del 2006 que casi derribó a Ulises Ruiz, José Luiz Soberanes, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, organizó una negociación entre el gobierno del estado de Oaxaca y el CODEP. El CODEP quería negociar la liberación de un preso político que había sido detenido inmediatamente después de que Ruiz asumiera el cargo. "Sin embargo," recuerda Tapia, "en vez de que llegara Ulises Ruiz [a la mesa de diálogo] tal y como lo había acordado, envió a la policía, y ellos detuvieron a nuestros compañeros". La policía invadió el hotel donde las negociaciones se realizarían, así como a una oficina de CODEP, deteniendo a un total de siete miembros del CODEP. Algunos estuvieron varios meses en la prisión.

Encolerizados, los miembros del CODEP continuaron luchando contra la administración de Ruiz. En mayo del 2006, cuando el sindicato de los maestros de Oaxaca se declaró en huelga para mejorar las condiciones en sus escuelas, el CODEP se unió a su plantón en el zócalo de la Ciudad de Oaxaca. Los miembros de CODEP estaban en el plantón junto con sus hijos hasta el 14 de junio, el infame día en que Ruiz mandó a la policía estatal para disolver violentamente el plantón de los maestros sin advertencia alguna.

El CODEP es una de las organizaciones que conformó en su inicio a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el conglomerado de organizaciones, comunidades e individuos que surgió despues de la represión del 14 de junio para expulsar al gobernador Ulises Ruiz. Cuando el entonces presidente Vicente Fox envió la policía federal a disolver violentamente el movimiento de la APPO en la Ciudad de Oaxaca el 25 de noviembre de 2006, Marcos García, miembro del CODEP, viajó a comunidades simpatizantes de Oaxaca solicitando el apoyo para defender la capital. El 27 de noviembre, mientras viajaba a una comunidad, García fue atacado por un comando armado que el CODEP identifica como un grupo paramilitar, uno de los muchos que operó en el estado en aquel momento. Atacaron a García con armas de alto poder, balaceando su vehículo con 177 balas, ocho de los cuales lo alcanzaron en su cuerpo. Milagrosamente, sobrevivió el ataque.

La represión del Estado contra el CODEP ha continuado desde aquel alzamiento de 2006. El 25 de octubre de 2008, alrededor de veinte policías federales invadieron una casa en la Ciudad de Oaxaca donde miembros del CODEP trabajaban y vivían. Según la policía, ese allanamiento fue una operación anti-crimen organizado. La policía torturó a Luis Ramón González López, miembro del CODEP por una hora. Lo golpearon, le pusieron una una bolsa de plástico sobre la cabeza, y aplicaron el infame tehuacanazo, una táctica de tortura que es popular entre la policía mexicana. El tehuacanazo consiste en agua mineral (mezclada a veces con chile) que es arrojada en forma de chorro dentro de la nariz de la víctima, creando una sensación de ahogamiento que ocasiona una sensación abrasadora intensa, causando a veces que la víctima se desmaya. Esa sesión de tortura le dejó a González López con una costilla rota y un pulmón perforado. Durante el interrogatorio, la policía le pedía a González López que les dijera la ubicación de una "maleta de dinero," una petición que desconcierta a el CODEP hasta hoy día. "Esa casa es tan humilde que ni a caso va la pregunta," dice Tapia. "Ellos sólo quieren aterrorizarnos". Despues de la sesión de tortura, la policía les confiscó un ordenador portátil, dos teléfonos celulares, documentos y recortes periodísticos acerca del alzamiento de 2006.

La Guerra contra la Droga es la Nueva Guerra Fría
El CODEP sabe que no es coincidencia que este es el segundo allanamiento en pos de la guerra anti-narco que ellos han sufrido desde que Presidente Felipe Calderón desplegó al ejército para combatir los cárteles de droga hacia finales de 2006. En un comunicado de prensa acerca del allanamiento, el CODEP declaró: " Es indudable que esta estrategia de terrorismo de estado que sigue avanzando en nuestro país, forma parte del Plan Mérida [una dotación de ayuda de la guerra contra la droga] y Plan Mesoamericano [anteriormente conocido como el Plan Puebla-Panamá, un proyecto de "desarrollo" neoliberal] que los gobiernos panistas y priistas [de México] suscribieron con los EEUU... con el objetivo de destruir los organismos de derechos humanos y a las organizaciones sociales y populares que representan una oposición a la continuación de la destrucción de nuestra nación y la entrega de la soberanía nacional a los intereses extranjeros".

"Esto no es nuevo," dice Lopez. "Esto lo hemos visto durante la Guerra Fría y otras guerras. Ahora Estados Unidos no tiene un pretexto ni a un enemigo ficticio como tuvieron en los años setenta, donde el enemigo fue el comunismo. Cuando el Bloque soviético cayó, ya no había un enemigo que utilizar para inventar una guerra. Entonces ahora el enemigo que crearon es lo relacionado con el trafico de droga y el crimen organizado. Ahora, los que luchan contra el gobierno para demandar sus derechos, son también considerados como crimen organizado. En México, con la Iniciativa Mérida, EEUU quiere tener control militar sobre el territorio...y no permitir un movimiento social como el que ocurrió en Oaxaca en 2006 o en Chiapas [con los Zapatistas] en los años noventa. EEUU quiere controlar nuestro gobierno y controlar nuestro país para que pueda apropiarse de los recursos naturales de México".

Traducido por Jeremías Medina