¿Golpe de Estado en Ecuador?

por Kristin Bricker

El 30 de septiembre, cientos de agentes de la Policía Nacional ecuatoriana salieron a las calles, bloqueando intersecciones claves y ocupando el espacio público, en protesta por una nueva ley que elimina sus bonos y otros beneficios.

A pesar de que la protesta de la policía representaba una pequeña fracción de la fuerza de 42.000 miembros, la situación salió rápidamente de control. La policía ocupó la Asamblea Nacional, ayudó a cerrar los aeropuertos, y mantenido como rehén a Correa en un hospital por más de 10 horas hasta que un equipo de Operaciones Especiales lo rescató. Los disturbios dejaron 10 muertos y 274 heridos.

La rebelión de la policía comenzó después de que Correa utiliza el veto para modificar ciertas partes de la Ley de Servicios Públicos, que al parecer tenia el objetivo de racionalizar el sector público de Ecuador mediante la supresión de algunas primas y obligando a muchos funcionarios públicos a la jubilación anticipada. El poder de veto del presidente está prevista en la Constitución de 2008 y el presidente la ha utilizado ha menudo para anular a la Asamblea.

De acuerdo con Edwin Bedoya, vicepresidente de La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores (CEDOCUT), la versión de la Ley de Servicios Públicos que la Asamblea aprobó originalmente fue elaborado en las negociaciones entre el partido Alianza PAIS de Correa y los sectores sociales. "Pero vimos en la segunda ronda de votación que el presidente había vetado los acuerdos y se había quitado los derechos de los trabajadores", dijo Bedoya. Cuando la Asamblea, entre ellos algunos miembros de Alianza PAIS, se resistió a los cambios de Correa en la legislación, el presidente amenazó con usar su derecho a disolver la Asamblea para aprobar su versión de la ley de Servicios Públicos.

Pero la rebelión que siguió, Correa y otros han enfatizado, que no fue una insurrección espontánea. Mientras continuaba siendo rehén, Correa declaró: "Es un intento de golpe de estado liderado por la oposición y algunos sectores de las fuerzas armadas y la policía." Muchos latinoamericanos, todavía sorprendidos por el golpe de Estado contra el presidente izquierdista Manuel Zelaya en Honduras el año pasado, se temía que Correa fuera el próximo. Otros argumentaron que llamar a los disturbios un "golpe" es una exageración, e incluso que Correa se haya auto secuestrado con el fin de aumentar su popularidad y poder político.

Sin embargo, las protestas se llevaron a cabo en al menos cuatro departamentos en Ecuador, poniendo en duda su espontaneidad. Y como Correa señaló, las protestas fueron "coordinadas con el cierre. . . del aeropuerto, coordinado con los ataques a las antenas de relé de la televisión [estatal], con la invasión a los Estudios de Ecuador TV [pertenecientes al gobierno]", y toma la Asamblea por parte de la policía.

Por otra parte, videos tomados de los policías en huelga al momento de la operación que liberó a Correa demuestran claramente que la policía estaba disparando a matar. Correa dijo a la prensa que el vehículo blindado que lo llevó lejos del hospital fue baleado varias veces.

Aunque la policía rehén Correa, el ex presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez -un crítico de Correa- dio entrevistas desde Brasil, resaltando la rebelión de la policía como un golpe de Estado. "El fin de la tiranía de Correa está cerca" dijo, pidiendo la "disolución del Parlamento" y "elecciones presidenciales anticipadas." El ex presidente la Asemblea, Alberto Acosta, un seguidor de Correa que se volvió crítico, informó que "ex soldados y ex-policía, las mismas personas que componen la fuerza del partido de Lucio," fueron vistos en cuarteles en varias ciudades. Cuando la policía ocupó brevemente la Asamblea, agregó Acosta, los representantes que son miembros del Partido Sociedad Patriótica de Gutiérrez entraban y salían libremente, mientras que los miembros de otros partidos "tuvieron problemas para entrar."

Tanto Correa como el ex comandante de la Policía Nacional Freddy Martínez, quien renunció después de ser incapaz de mantener el control de sus tropas, sostienen que los instigadores externos se infiltraron en la policía, engañaron a la policía sobre sus medidas de austeridad en la Ley de Servicio Público, y provocó el levantamiento.

Organizaciones laborales e indígenas en Ecuador, sin embargo, han adoptado una línea más regulada. La rebelión de la policía se produjo, según ellos, porque la derecha de Ecuador se está aprovechando de las debilidades creadas por el alienante estilo de gobierno de Correa. Aunque se opusieron a cualquier intento de golpe de estado y exigió que se respete el orden constitucional, también criticaron a Correa por marginar a sus aliados naturales en los movimientos sociales y permaneciendo vulnerable ante los ataques de la derecha.

Una declaración conjunta de cuatro de las mas grandes organizaciones indígenas de Ecuador rechazaron “las acciones de la derecha que encubierta forman parte del intento de golpe" y exhortó a sus miembros a "estar alerta y listos para movilizarse." Sin embargo, la declaración critica el gobierno de Correa por reprimir violentamente las movilizaciones contra la minería transnacional, el aceite, y las empresas agro-industriales. Las organizaciones sostuvieron que "la crisis social que hoy se soltó fue provocada también por el carácter autoritario y la falta de voluntad para el diálogo en el proceso legislativo. Hemos visto cómo las leyes que se han negociado [con los sectores sociales] fueron vetadas por el Presidente de la República. . . . Este escenario se nutre de los sectores conservadores. "

El líder sindical Bedoya dice que el 30 de septiembre, la CEDOCUT hizo un llamamiento a todos los sectores para salir a la calle para restablecer el orden constitucional. Sin embargo, al igual que las organizaciones indígenas de su país, calificó a su organización una defensa de Correa: "Creemos que parte de la culpa de lo que está sucediendo recae en no aceptar el diálogo con los sectores sociales."

Acosta, quien cofundó la Alianza PAIS con Correa, hizo eco de esto. "El presidente y su gobierno no sabe cómo el diálogo", dijo. "Ellos imponen sus leyes, sin siquiera respetar los criterios de los asambleístas de su propio bloque."

Peor aún, argumentaron organizaciones indígenas el día del golpe, el gobierno de Correa los ha reprimido justo como lo ha hecho el gobiernos derechista. "Frente a la crítica y la movilización de las comunidades contra la minería transnacional, el petróleo, y las empresas agro-industriales", escribió la CONAIE, la ECUARUNARI, la CONFENIAE y la CONAICE, "el gobierno, en lugar de crear un diálogo, responde con la violencia y represión. . . . Lo único que provoca este tipo de política es abrir espacios a la derecha y crear espacios de desestabilización”.

Bedoya comparte este análisis: "Por supuesto que la derecha se aprovecha de esto, y se aprovecha del sector más poderoso, que es la policía nacional y los militares, y comienza a sembrar el descontento. . . pero el comportamiento del gobierno lo hace posible".

Acosta espera que su ex aliado aprenda de la rebelión de la policía. "La historia le ha dado al Presidente Correa, una vez más, la oportunidad para redescubrir los orígenes del proceso revolucionario, para rectificar. Esperemos que lo entienda de esa manera".

"Una Revolución ciudadana", manifiesta Bedoya, "implica el respeto por los derechos de todas las personas, de los trabajadores, a los derechos colectivos de las organizaciones, y ha establecer un diálogo que lleve a una conclusión con los sectores sociales."

Este articulo fue traducido del inglés. Las citas en este articulo (por ejemplo, del Señor Bedoya) fueron traducidas al inglés para el articulo original, y luego volvieron a ser traducidas al español para esta traducción. Entonces, las citas no son las palabras exactas de las personas citadas, pero sí representan lo que quisieron decir. En muchos casos, puedes hacer click en los enlaces para encontrar las palabras exactas de las personas citadas.

La corrupción y la deforestación causan catástrofe en Oaxaca por deslave

por Kristin Bricker

Durante la mañana del martes 28 de septiembre, el mundo despertó con la noticia de que un deslave de tierra había sepultado el 80% de Tlahuitoltepec, Oaxaca, un municipio de 10,000 personas. Llorosos funcionarios de Tlahuitoltepec dijeron a la prensa que alrededor de 300 a 500 personas podrían haber sido sepultados bajo el lodo, mientras que el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz colocó el número de posibles muertes "hasta en 1,000". El gobierno federal desplegó militares y policías federales a la zona, e incluso los Estados Unidos ofrecieron su asistencia en la excavación de los residentes de Tlahuitoltepec.
Cuando llegaron los rescatistas a Tlahuitoltepec despues de más de diez horas de retraso por la mala condición de las carreteras en el estado, se dieron cuenta de que el deslave no era tan grave como habían pensado. El alud dejó once muertos.

El desastre era predecible, destacando las mortales consecuencias de la notoria corrupción presente en las obras públicas del estado.

La deforestación

La temporada de huracanes de 2010 ha causado un récord en las lluvias al sur de México, dando lugar a inundaciones, deslaves, y muertes en varios estados, incluyendo Oaxaca.

Un informe publicado por el Consejo de Recursos Minerales del gobierno federal en 2001, advirtió que, como resultado de la deforestación, Tlahuitoltepec sufre regularmente grandes deslaves durante la temporada de huracanes. El informe, titulado "Los peligros naturales", advierte que los deslaves en Tlahuitoltepec tienden a afectar tanto a las carreteras, como a las casas. El gobierno no ha hecho nada para resolver el problema de los deslaves en Tlahuitoltepec, donde los residentes viven en las faldas de los cerros.

El alud de lodo que sorprendió al mundo el 28 de septiembre no sucedió durante la noche. El lodo empezó a deslizarse el 13 de septiembre, provocando que las paredes de las casas cercanas deslave comenzaran a agrietare al momento en que la tierra comenzó a moverse. En ese momento, Protección Civil le dijo al presidente municipal que debía evacuar la localidad. Sin embargo, ni el Estado, ni el gobierno federal parecen haber ayudado en la evacuación, ni siquiera les ofrecieron a los residentes Tlahuitoltepec un refugio. Fue sólo después de que los funcionarios locales aparentemente exageraron la magnitud del deslave el 28 de septiembre, que la policía del estado comenzó a escoltar a los residentes de Tlahuitoltepec.

Así como los equipos de rescate evalúan la situación en la región indígena Mixe (donde se encuentra localizada Tlahuioltepec), ellos decidirán si se van a evacuar a 30,000 personas. "En esa zona llueve mucho. El terreno es inestable y podría haber más deslaves", dijo el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz a El Universal. "Es mejor actuar, porque algo puede suceder."

Carreteras de Oaxaca pavimentadas con la corrupción

Desafortunadamente, el gobernador Ruiz decidió actuar sólo cuando los funcionarios de Tlahuitoltepec exageraron el deslave del 28 de septiembre. Las autoridades locales han advertido al gobierno del estado que los deslaves podrían provocar una catástrofe humanitaria, desde agosto cuando se quejaron de que el 50% de las carreteras en la región fueron dañados. "Si no se reparan, vamos a correr el riesgo de que varios pueblos quedarían completamente inaccesibles en los próximos días", dijo el congresista estatal Floriberto Vásquez Vásquez, al gobierno del estado y la prensa. El gobierno del estado ignoro sus ruegos.

El 8 de septiembre, las advertencias Vásquez se convirtieron en una realidad. Ese día, un funcionario del estado de Oaxaca informó que el 80% de 22,000 km de las carreteras del estado fueron dañadas por los deslaves y la mala calidad de las construcciones, incomunicando a más de treinta comunidades del mundo exterior. Los mixes fue una de las regiones más afectadas.

Los caminos y aeropistas de Oaxaca (CAO), la agencia estatal encargada de la construcción y mantenimiento de carreteras de Oaxaca, respondió a las preocupaciones sobre las deplorables condiciones de las carreteras diciendo que no se podían reparar porque no tenía más dinero del presupuesto. A diario, un periódico de Oaxaca que apoya abiertamente al partido gobernante del estado, escribió en un artículo de opinión:

"…son sorprendentes las declaraciones de los funcionarios de CAO en el sentido de que “no hay recursos” para arreglar el 80 por ciento de carreteras dañadas que actualmente tiene Oaxaca, pero entonces uno se pregunta por qué la CAO... mantiene anualmente un millonario subejercicio de recursos. Eso señores, se llama incompetencia. Si hay decenas de comunidades que están incomunicadas por los derrumbes y por el desgalamiento de la red carretera, es una prioridad gestionar los dineros que hagan falta para solucionar la situación.... Es necesario que se realicen auditorías…porque sucede que, a pese a la liberación de los recursos, éstos no llegan a los damnificados la mayoría de las veces… ¿En manos de quién se quedan?"

Reclamos sobre la corrupción en los proyectos de carreteras y otros proyectos en Oaxaca se hacen adiaro. Las sospechas se derivan de los altos costos y los resultados de mala calidad. Algunas carreteras se desmoronan en cuentón de meses.

Los funcionarios públicos a menudo ceden contratos de construcción sin licitación a sus amigos y compañeros de partido. Los ciudadanos sospechan que los fondos de muchos de estos contratos se utilizan para financiar campañas políticas. Tal es el caso en Salina Cruz, Oaxaca, donde Jesús Hiram Mortera financió su campaña a la presidencia municipal con las ganancias de sus proyectos de obras públicas. Dos presidentes municipales sucesivamente le otorgaron la mayoría de los contratos de obras públicas en la ciudad. El gobierno está llevando a cabo la auditoría de los dos ex presidentes municipales sobre presunta malversación de fondos a través de proyectos de construcción de la Mortera. De particular preocupación es la "rehabilitación" de una carretera de cuatro carriles de Mortera en Salina Cruz. La carretera se ha derrumbado en tres ocasiones desde la "rehabilitación" que realizó Mortera.

Hasta el momento nadie ha demostrado que los políticos de Oaxaca y los contratistas malversan el dinero de los proyectos de carreteras mediante el uso de materiales baratos y embolsándose la diferencia. En 2008, los auditores del Estado llegaron a la conclusión de que Carlos Alberto Ramos Aragón utilizó un proyecto de construcción de un bulevar para malversar dinero cuando se desempeñó como presidente municipal de Pinotepa Nacional, Oaxaca; pero nunca se descubrió exactamente cómo: Ramos Aragón simplemente no entregó los recibos a los auditores. Ramos Aragón nunca fue castigado por esta presunta malversación de fondos. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Protección Civil del Estado de Oaxaca, uno de los organismos que se encargan de las labores de rescate en Tlahuitoltepec.

Aunque los detalles sobre cómo los políticos malversan el dinero de proyectos completos de carreteras son vagas o se encuentran sin evidenciar, un reciente escándalo en el programa federal "Pisos Firmes", se muestra cómo muchos oaxaqueños sospechan que los contratistas y los políticos están robando el dinero de los proyectos de carreteras. El gobierno federal proporciona fondos a los estados como Oaxaca a través del proyecto "Pisos Firmes", que instala pisos de concreto en los hogares que tienen piso de tierra. El gobierno federal calcula la cantidad de cemento que es enviado a los estados, basándose en la cantidad y dimensiones de los hogares que reciben los nuevos pisos a través de este programa. En Guerrero, otro estado que recibe cemento a través de "Pisos Firmes", una auditoría federal encontró que los políticos locales y estatales diluyen el cemento donado con arena, lo cual es más barato, por lo que menos cemento fue necesario para instalar los pisos. Los beneficiarios se quedaron con pisos de baja calidad, mientras que los políticos locales vendieron los excedentes de cemento. Los políticos de Guerrero y contratistas malversaron $149 millones de pesos a través del fraude, de acuerdo con la auditoría federal.

Algunas comunidades oaxaqueñas están demandando una auditoría similar del programa "Pisos Firmes" en su estado. Los residentes afirman que los políticos locales están utilizando el mismo esquema para ofrecer menos cemento a los beneficiarios, y que los políticos intercambian el excedente de cemento por votos. Residentes furiosos también afirman que los políticos pagan a los trabajadores a cargo de la instalación de suelos de la mitad de lo que el gobierno federal ha presupuestado como sus salarios, y que los políticos se embolsan la otra mitad.

Si bien las auditorías aún no han descubierto planes de malversación de fondos relacionados con los materiales utilizados para construir carreteras evidentemente mal construidas en Oaxaca, los proyectos "fantasmas" de carreteras son comunes. En los proyectos fantasmas, el gobierno paga por una carretera que se construirá o pavimentara. Los funcionarios locales dicen que el proyecto se terminó y recogen el dinero, pero en realidad el proyecto ni siquiera se inicia. Sólo el pasado agosto, el gobierno federal despidió a nueve funcionarios oaxaqueños por malversación de $930,000 pesos por medio de proyectos fantasmas de carreteras. En abril, las autoridades de sesenta comunidades marcharon en San Juan Mixtepec, en protesta por supuesta malversación de fondos del presidente municipal de $10 millones de pesos en fondos federales a través de proyectos fantasmas de carreteras, puentes y proyectos de agua potable.

Las consecuencias de la corrupción y la malversación de fondos en obras públicas es costoso y mortal, como lo demuestra el desastre de Tlahuitoltepec. Informes exagerados sobre la magnitud del deslave circularon por más de diez horas antes de que los primeros equipos de rescate pudieran llegar a la localidad devastada, que se encuentra a sólo dos horas y media de la ciudad de Oaxaca. El primer equipo de rescate llego a pie porque los caminos estaban intransitables. El equipo pesado como excavadoras llegaron mucho más tarde. Mientras que el mundo vio con horror como las carreteras y los puentes colapsados retrasaban a los rescatistas y el equipo, nadie en Oaxaca se sorprendió porque las malas condiciones de las carreteras que se han convertido en un hecho de la vida cotidiana.

Mientras que la pérdida masiva de vidas parece haber sido evitado en Tlahuitoltepec, el deslave de tierra debe servir como una advertencia para el gobierno estatal y federal, que una mayor supervisión y rendición de cuentas son necesarias para evitar una catástrofe futura.

Autoridades Autónomas Ordenan la Evacuación Total de San Juan Copala, Oaxaca.

Reyna Martínez Flores habla en el plantón de mujeres.
Foto: Verónica Villalvazo

Actualización 23 de septiembre: Reyna Martínez Flores, vocera del plantón de mujeres en el zócalo de Oaxaca, dice que todos los pobladores del municipio autónomo han logrado salir de San Juan Copala, sin ayuda del gobierno.

David García, antes reportado como herido y desaparecido, ahora se reporta como muerto, aunque todavia no han dicho dónde esta su cuerpo.

La UBISORT se ha apoderado del palacio municipal de San Juan Copala. El grupo mandó un boletín de prensa en español y un video en YouTube en triqui haciendo un llamado a todos los integrantes de la UBISORT que regresen a repoblar a San Juan Copala ahora que ya no hay autónomos allí.

El gobierno oaxaqueño sigue con su plan de realizer un operativo policiaco para restorar electricidad y educación—lo cual cortó la UBISORT en febrero—en San Juan Copala, ahora controlado por la UBISORT.

El municipio autónomo aún no ha emitido un pronunciamiento sobre su estrategia ahora que ha perdido la cabazera municipal de su municipio autónomo. Sin embargo, afrima Martínez Flores: “Ya no quedó gente nuestra en Copala, pero el municipio autónomo no desaparecerá porque lo tenemos en nuestros corazones y en nuestras mentes”.

Autoridades Autónomas Ordenan la Evacuación Total de San Juan Copala, Oaxaca

Por Kristin Bricker, Upside Down World
Martes 21 de septiembre, 2010 19:19

El ayuntamiento de San Juan Copala, lleno de balas de AK-47.

Las autoridades del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, han ordenado la evacuación total de la ciudad; que se encuentra bajo asedio desde febrero de este año. Las autoridades emitieron la orden cuando presuntos paramilitares atacaron San Juan Copala y anunciaron que iban a masacrar a todos los partidarios del municipio autónomo.

Presuntos paramilitares cortaron el agua, la electricidad y el acceso a la población en febrero. También colocaron hombres armados en las colinas que rodean la ciudad y deparándole a cualquier persona que vieran en las calles. Durante meses, San Juan Copala sobrevivió con la poca comida que las mujeres podían llevar a la ciudad en sus espaldas; por medio de los senderos entre los bosques para colarse a través de los hombres armados que patrullan el perímetro.

Sin embargo, el 13 de septiembre la situación se hizo insoportable cuando hombres armados tomaron el ayuntamiento de San Juan Copala. Estos hombres armados, quienes el municipio autónomo afirmo eran parte de una organización rival de la organización Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), y la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), han mantenido a San Juan Copala bajo una constante lluvia de balas, desde que tomaron el ayuntamiento.

El municipio autónomo ha reportado al menos cinco mujeres heridas, incluyendo a una niña- y un hombre asesinado, todos por armas de fuego desde que MULT y UBISORT tomaron el ayuntamiento. Hombres armados mataron a un segundo hombre, David García y desde entonces no se sabe si está vivo o muerto. De acuerdo con Jorge Albino, vocero del municipio autónomo, la policía entregó su cuerpo a los presuntos paramilitares que están ocupando el ayuntamiento. El municipio autónomo cree que García estaba vivo cuando la policía lo entregó a los hombres armados que le dispararon.

Además, dos personas con discapacidad desaparecieron cuando huían de San Juan Copala. José Gonzalo Cruz de cien años de edad desapareció mientras huía con otras personas a través de los arbustos, bajo un intenso tiroteo. Cruz es ciego y se cree que se separó del grupo, y se perdió.

Una mujer con discapacidad mental llamada Susana López Martínez también fue reportada como desaparecida. Ella trató de huir de San Juan Copala con un grupo de mujeres el 18 de septiembre, bajo un pesado tiroteo. Cuando las mujeres se reagruparon fuera de la línea de fuego, López Martínez de 21 años de edad se había ido. Nadie la vio desaparecer y se desconoce si fue herida durante el tiroteo. Si López Martínez ha caído en manos de UBISORT, ella se encuentra en extremo peligro. El pasado mayo, el líder de UBISORT Rufino Juárez López presuntamente secuestro a Martínez y a su madre. Las dos mujeres escaparon y denunciaron el secuestro ante las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación internacionales.

Los informes del municipio autónomo reportan que los hombres armados que tomaron San Juan Copala fueron casa por casa golpeando a las personas que se encontraran en su interior. Los hombres armados también están quemando las casas abandonadas de los residentes que han huido de la violencia.

El municipio autónomo informó la existencia de cincuenta familias residentes en San Juan Copala al comienzo de la incursión, el 13 de septiembre. Todas menos dos familias han logrado escapar. Estas dos familias se encuentran en dos casas que están rodeadas totalmente por hombres armados.

Las Mujeres y los niños Triquis han mantenido un campamento de protesta en plaza de la ciudad de Oaxaca desde agosto, para exigir un fin a la violencia y justicia para las víctimas. Estas mujeres se declararon en huelga de hambre el 10 de septiembre para presionar al gobierno a enviar a la policía a San Juan Copala, para evacuar a las dos familias que se encuentran atrapadas en su interior. Las mujeres en huelga que fueron expulsadas de San Juan Copala por la violencia, quieren que el gobierno traiga a las familias atrapadas a la ciudad de Oaxaca.

El gobierno del estado de Oaxaca, dijo que está preparando una operación para "restaurar el orden" en San Juan Copala. El subsecretario del Interior de Oaxaca Joaquín Rodríguez Palacios anunció que está provisto que la policía estatal oaxaqueña restaurara la electricidad y volverán a abrir las escuelas en San Juan Copala. El plan parece totalmente absurdo cuando se tiene en cuenta que al menos 25 residentes que permanecen en San Juan Copala- quieren irse. Palacios no mencionó ningún plan para evacuar a los residentes que aún permanecen en la localidad.

Queda por verse si el gobierno seguirá adelante con la operación. El dirigente de la UBISORT Rufino Juárez dijo al Noticias de Oaxaca que habría un baño de sangre "si el gobierno no llegar a un acuerdo "con su organización con respecto a la operación policial propuesta.

El diálogo falló de nuevo

Lona Reyes obispo de Tehuantepec, Oaxaca, y el padre Wilfrido Mayrén de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz en Oaxaca, pidió al MULT y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI); un grupo separado del MULT que co- fundó el municipio autónomo, a un diálogo mediado por la iglesia. El objetivo de esta propuesta de diálogo era llegar a una solución pacífica al conflicto mediante negociaciones. Las pasadas negociaciones mediadas por el gobierno se rompieron, porque el municipio autónomo se ha negado sentarse en una mesa de negociación con MULT y UBISORT, mientras que estos grupos estuvieran presuntamente asesinando a sus partidarios.

MULTI se negó a participar en el diálogo mediado por la iglesia, ya que afirma que MULT es uno de los grupos que llevan a cabo el ataque armado en San Juan Copala. MULTI condicionó su participación en el diálogo, sobre un alto al fuego en el municipio autónomo y la presentación de los residentes que desaparecieron durante el ataque.

El diario mexicano Milenio interpretó el fallido diálogo y la evacuación del municipio autónomo como una señal de que el proyecto autónomo está muerto. Sin embargo, una fuente cercana a las autoridades autonómicas dijo, "Una vez que logremos sacar a todos [de San Juan Copala] vamos a continuar con el proyecto desde el exterior. En este momento estamos preocupados por sacar a esas personas con vida. "

La evacuación completa de San Juan Copala, en sí misma no significa que el proyecto autónomo está muerto: San Juan Copala es el nombre de una localidad y un municipio (un grupo de localidades, como un condado). Sólo la localidad de San Juan Copala que es la cabecera municipal (asiento del condado), ha estado bajo asedio, y sólo el pueblo está siendo evacuado.

Los representantes de veinte comunidades Triqui presuntamente participaron en la fundación del municipio autónomo. Además de la localidad de San Juan Copala, diez comunidades triquis están oficialmente alineadas con el municipio autónomo. Las autoridades autónomas afirman que hay otras seis comunidades que apoyan al municipio autónomo, pero que temen represalias si declaran públicamente su afiliación. Además de las dieciséis comunidades que dan su pleno apoyo al municipio autónomo, las autoridades autónomas afirman tener partidarios en otro puñado de comunidades que están controladas por organizaciones rivales.

De las diez comunidades que oficialmente pertenecen al municipio autónomo, San Juan Copala fue la única que se encuentra en estado de sitio. Las otras comunidades han sufrido ataques y asesinatos, pero no se vieron afectados por el bloqueo paramilitar ni la reciente invasión.

Los Derechos Humanos No Son Una Prioridad Para Los EE.UU. En Guerra Contra Las Drogas En México

por Kristin Bricker

Los Presidentes Obama y Calderón

Citando preocupaciones de los derechos humanos, el Departamento de Estado de los EE.UU. ha recomendado que una pequeña porción de la Iniciativa Mérida, el paquete de ayuda contra las drogas de México, sea temporalmente retenida.

En un informe enviado al Congreso la semana pasada, el Departamento de Estado recomienda que los 26 millones dólares de la Iniciativa Mérida se retendrán hasta que México mejore los derechos humanos. Sin embargo, en el mismo informe, el Estado recomienda que el Congreso libere $36 millones en fondos que fueron retenidos con anterioridad debido a las preocupaciones de Derechos Humanos.

El quince por ciento de cada entrega de fondos de la Iniciativa Mérida están condicionados para que el gobierno mexicano elimine el uso de testimonios obtenidos mediante tortura en los tribunales, mejorar la transparencia en las fuerzas de la policía, juzgar a los soldados acusados de crímenes contra los civiles en tribunales civiles, y la consulta a la sociedad civil sobre cómo se aplica la Iniciativa Mérida. Los $ 26 millones el Estado no desea retener representan el 15% de los últimos tramos, para el año fiscal de 2010. Los 36 millones dólares que serán liberados habían sido retenidos en tramos anteriores.

Las notas de PA (Prensa Asociada, AP Associated Press) que, "Dado que el gasto Mérida se queda más de un año detrás de las asignaciones, la decisión del viernes tendrá un impacto financiero mínimo". Hasta el momento las condiciones de los derechos humanos no han retenido el dinero de la Iniciativa Mérida por más tiempo del que lo han hecho las trabas burocráticas que han mantenido el otro 85% de los fondos no condicionados.

Organizaciones de derechos humanos no estaban particularmente impresionados por la decisión de los Estados Unidos al retener los $ 26 millones, lo que constituye sólo el 1.7% de los $ 1.5 billones de dólares que México recibirá a través de la Iniciativa Mérida. Nik Steinberg Vigilante de los Derechos humanos dijo al Washington Post: "Nada debería haber sido liberado, porque México simplemente no cumple con los requisitos de derechos humanos. Hay grandes y constantes abusos por parte de los militares, para los que tienen impunidad total".

De la misma forma el gobierno mexicano no se ha impresionado con la decisión del Departamento de Estado al retener una parte de los fondos. Se niega a cumplir la condición de que los soldados acusados de crímenes contra civiles sean juzgados en tribunales civiles. Bajo el sistema actual, el ejército investiga y trata a todos los soldados acusados de crímenes cometidos en el cumplimiento de su deber, sin importar si el delito es una violación de los reglamentos militares o de la ley civil.

Los militares raramente optan por procesar a su personal. Un informe de 2009 del Departamento de Estado encontró que de las más de 2.000 quejas sobre derechos humanos presentadas contra el ejército mexicano desde diciembre de 2006, sólo dos resultaron en una acción civil. Los informes militares mexicanos demuestran que desde 1996 ha condenado sólo a ocho soldados de crímenes contra los derechos humanos.

Un funcionario del Departamento de Estado, bajo condición de anonimato, dijo a el Reforma de México que el gobierno de EE.UU. había decidido suspender temporalmente los $ 26 millones de los fondos de la Iniciativa Mérida "hasta que México haya demostrado avances en temas como la supervisión civil de las acusaciones contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos, así como una legislación que fortalezca la Comisión Nacional de Derechos Humanos," la oficina del gobierno mexicano que investiga las violaciones de los derechos humanos. En concreto, dijo una fuente en el Capitolio, los Estados Unidos retienen los fondos, esperando a ver que el gobierno mexicano mantendría una Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sentencias que requerirán de investigación de civiles y el enjuiciamiento de militares que cometan abusos a los derechos humanos.

La sentencia en cuestión de CIDH se refiere a la desaparición en 1974 de Rosendo Radilla en el estado de Guerrero. Testigos vieron a los soldados detener Radilla en un retén militar y transportarlo a una base militar. A partir de ahí, desapareció y su cuerpo nunca fue recuperado. Después de ganar su caso en la CIDH, la familia Radilla solicitó a la Suprema Corte de México llevar a cabo la sentencia de la CIDH, que ordenaba al gobierno mexicano pagar una indemnización a la familia de Radilla, publicar un libro sobre su desaparición, reconociendo oficialmente su papel en la desaparición, continuar las excavaciones hasta encontrar el cuerpo de Radilla, y cambiar la ley mexicana para que los soldados acusados de abusos contra los derechos humanos sean juzgados en tribunales civiles.

Es evidente que el gobierno mexicano quedó imperturbable por la decisión del Departamento de Estado de retrasar una pequeña porción de los fondos de la Iniciativa Mérida: el 7 de septiembre el Supremo Tribunal votó 8-3 en contra, incluso al oír el caso Radilla.

A pesar de la retórica de la administración de Obama que concierne el respeto de los derechos humanos en la guerra contra las drogas de México, sus acciones tienen un escaso incentivo para que México mejore su historial. En la liberación de fondos condicionados que habían sido previamente retenidos, envía el mensaje de que su verdadera prioridad es proveer a México con el equipo y la formación que necesita para seguir luchando en la cada vez más violenta guerra contra las drogas. Para empeorar las cosas, inmediatamente después de que el Departamento de Estado envió su informe sobre la Iniciativa Mérida al Congreso de Derechos Humanos, funcionarios de la Casa Blanca dijeron al diario Los Angeles Times que el gobierno de Obama está "considerando un aumento del gasto sustancial en la guerra contra las drogas de México" porque es "un prioridad alta administración”.

Los derechos humanos parecen ser una preocupación secundaria.

Los Mexicanos "Tuitean" por sus Vidas en Ciudades Violentas

por Kristin Bricker


En algunas ciudades al norte de México, los tiroteos y cadáveres abandonados se han vuelto relativamente comunes desde que el presidente Felipe Calderón declaro la guerra contra el narcotráfico, en el 2006. Sin embargo, a mediados de 2009, la guerra contra el narcotráfico tomo un nuevo giro: narcobloqueos. En Monterey y Reynosa, dos ciudades fronterizas repletas del crimen organizado, los traficantes de drogas han organizado bloqueos que paralizan secciones enteras de estas ciudades. A veces los bloqueos se relacionan a la detección de figuras importantes del crimen organizado. En otros casos, se organizan para impedir que la policía y los militares detecten a las figuras importantes del crimen organizado.

Frecuentemente, durante los bloqueos hombres armados le ordenan a los civiles bajar de sus vehículos. Después ellos utilizan los vehículos para bloquear caminos e intersecciones importantes, y algunas veces queman los vehículos. Los tiroteos con rifles de asalto automático son comunes en estos bloqueos.

Narcos secuestran autobuses para bloquear una intersección
en Reynosa.

En Reynosa y Monterrey, los ciudadanos han comenzado a utilizar los servicios de redes sociales como Twitter para alertar a los vecinos de la población de situaciones potencialmente peligrosas como los tiroteos o los bloqueos. Twitter permite a los usuarios enviar mensajes de 140 caracteres a sus "seguidores". También les permiten a los usuarios crear temas llamados "hashtags" que preceden una palabra con un símbolo de numeral (#). La forma en que Twitter organiza la información les permite a los usuarios comunicarse y difundir mensajes muy cortos de forma muy rápida.

Los tuiteros de Reynosa han comenzado a utilizar el hashtag #reynosafollow para comunicarse entre ellos sobre el crimen organizado en la ciudad. Usuarios "tuits" sobre violencia, por que se a convertido en algo tan normal en sus vidas, tuitean para que los demás sepan de la ausencia de violencia. En un día normal en Reynosa, es común ver tuits como "Toda la ciudad esta tranquila desde Morelos a Tiburcio Garza Zamora y en el parque #reynosafollow" o "#reynosafollow el trafico esta detenido frente a la base militar, los soldados corren por todas partes". Los tuiteros a menudo informan la posible ubicación de tiroteos para que otros eviten esas aéreas "#reynosafollow posible tiroteo cerca de Las Fuentes, Sección Lomas y segunda Rotonda... explosiones. ¿Puede alguien confirmar?"*

El humo proveniente de los autos en llamas secuestrados  en
los narco-bloqueos.

Durante un narcobloqueo, Twitter se convirtió en una herramienta indispensable. Los usuarios tuitean por medio de sus teléfonos celulares utilizando mensajes de texto o una ubicación de datos para reportar la localización de los bloqueos y posibles rutas de salida. Además tuitean fotografías y videos de los bloqueos que logran graban con la cámara de sus celulares.

Tal fue el caso del 24 de agosto, cuando una narco-bloqueo paralizo las principales carreteras en Reynosa. Los tiroteos y un explosivo puesto en una fábrica. Los tuiteros comenzaron a reportar los movimientos de los traficantes de drogas, y de los militares en Twitter:

"Siempre Natural en el parque, personas armadas #reynosafollow hace 10 minutos".

"Quemaron el almacén Jabil con una explosión de granada #reynosafollow"

"La carretera continua bloqueada. Tuve que volver atrás los militares nos corrieron #reynosafollow"

Un artefacto explosivo incendio esta bodega durante
el bloqueo.

Un tuitero incluso creó un mapa de todos los bloqueos reportados. Sin embargo, varios de los reportes que figuraban en el mapa sobre los bloqueos eran en realidad atascamientos de tráfico que los conductores confundieron con narco-bloqueos, lo que demuestra una de las grades desventajas de Twitter: no existen quien verifique la veracidad de la información, por ello la información falsa y sin confirmar se propaga rápidamente como la verdadera.

Durante los narco-bloqueos del 24 de agosto, los automovilistas utilizaron el Twitter para ayudarse entre sí y maniobrar entre los bloqueos, además de avisar cuando se levantaban los bloqueos. Familiares tuiteban preguntas sobre áreas específicas de la ciudad, de esta forma informaban a sus seres queridos por medio de los celulares. Los estudiantes tuiteaban preguntas sobre las áreas que rodaban las escuelas, para saber si era seguro regresar a casa. Cuando todas las tiendas alrededor de Reynosa cerraron a causa del caos, la población tuiteaba el nombre de las tiendas que le permitían a los civiles refugiarse en su interior.

Narco-bloqueo visto desde el interior del carro de un tuitero.

Por ello muchos de los residentes recurren a Twiter durante los narco-bloqueos y las balaceras, que incluso el gobierno municipal de Reynosa ha creado una cuenta propia. Cuando la ciudad se encuentra en calma, los tuits son informes de tráfico y el tiempo de espera en los puentes internacionales que conecta a la ciudad y Estados Unidos. Durante situaciones de emergencia, los tuits son de alerta y control de rumores. Después de que el narco-bloqueo del pasado miércoles comenzó, se tuiteo, "peligrosa situación el vecindario de Granjas Económicas y la Villa Florida. Bloqueos en varias partes de la ciudad. Evite viajar en esa área". Se enviaron tuits cada 15 minutos durante el narco-bloqueo, proporcionando información actualizada sobre la situación. Incluso respondió a las preguntas de los ciudadanos y reporteros por medió de Twiter, y envió equipos de emergencia a los ciudadanos que pedían ayuda por medio de Twiter. Cuando el bloqueo se levanto, informa las condiciones del tráfico así como los patrones del tráfico al restablecerse.

A raíz de los bloqueos, el tuitero "melenanl" escribió, "Gracias a todos ustedes que toman en serio #reynosafollow y a aquellos que lo utilizan con responsabilidad. Gracias a ustedes my hija y yo pudimos regresar a casa con seguridad".

A pesar de los tiroteos, lo bloqueos y la explosiones que sacudieron a Reynosa el pasado miércoles, sorprendentemente, solo un civil resultó muerto. El impacto que tiene Twiter en el bajo índice de muertes es debatible. A pesar de su potencial como herramienta que comunica mensajes rápidamente, fotos y videos que mantengan a los ciudadanos lejos de situaciones peligrosas, su alcance es limitado. En México, donde el costo del servicio de internet en casa cuesta el doble que los paquetes disponibles en Estados Unidos, solamente el 13.5% de los mexicanos cuentan con internet en sus hogares. Y solo lo ricos pueden darse el lujo de tener el servicio data (internet) en sus celulares, lo cual es necesario para recibir tuits en su celular.

Cuando se pregunto si existía un sistema de emergencia de difusión alternativo atreves del radio o la televisión para los ciudadanos que no pudieran acezar al internet y desean mantenerse informados durante situaciones peligrosas, el gobierno de Reynosa respondió atreves de Twitter, " en este momento no contamos con un sistema de alerta para la ciudadanía. Gracias por la sugerencia."

*Todos los tuits citados en este articulo fueron traducidos primero del español al ingles y luego traducidos del ingles al español. Por eso, en este articulo los tuits citados no aparecen exactamente como fueron orginalmente tuiteados.  Miles disculpas a los tuiteros de #reynosafollow por alterar sus palabras indebidamente.

Las Mujeres Triqui en la primera línea del conflicto en San Juan Copala

Una nueva emboscada dirigida hacia la caravana de mujeres deja un saldo de tres muertos; la Caravana fue pospuesta

por Kristin Bricker

Foto: José Carlo González, La Jornada

Los paramilitares que invadieron San Juan Copala, Oaxaca, han abandonado el palacio municipal desde el pasado 30 de Julio. Sin embargo, no se fueron muy lejos, se mantienen los tiroteos diarios por parte de los francotiradores paramilitares que se encuentran estacionados alrededor del pueblo, manteniendo a San Juan Copala bajo un estado de sitio.

San Juan Copala se declaró autónomo a partir del levantamiento de 2006, que casi saco al gobernador de Oaxaca  de sus oficinas. La Unión Social para el Bienestar de la Región Triqui (UBISORT), una organización paramilitar fundada por el Partido Institucional Revolucionario (PRI, que a gobernado a Oaxaca durante ochenta años), a mantenido a San Juan Copala bajo sitio desde enero. UBISORT ha bloqueado la carretera hacia el pueblo con piedra y troncos, forzando a los habitantes de San Juan Copala a trasladarse por los senderos del bosque para llevar los suministros que necesitan desesperadamente sobre sus espaldas. Los francotiradores de la UBISORT se han colocado en las colinas que rodean el pueblo, volviéndose extremadamente peligroso para los habitantes salir de sus casas.

"Nadie puede salir de Copala", dice Mariana Flores, una representante del municipio autónomo. "Si ellos [los paramilitares] te ven en la calle, te van a disparar".

Los residentes creen que los paramilitares se encuentran más propensos a matar a los hombres que a las mujeres. "Si los hombres tratan de salir a la calle, no pueden dar mas de dos pasos sin que [los paramilitares] traten de lastimarlos o matarlos".

Como resultado, las mujeres Triqui han desempeñado papeles cada vez más importantes en San Juan Copala. "En San Juan Copala, son la mujeres quienes arriesgan sus vidas para luir en busca de comida", dice Flores. Cuando los paramilitares atacaron San Juan Copala, con la ayuda de la policía del Estado de Oaxaca el pasado 30 de julio, fueron las mujeres quienes intentaron repeler la invasión. "las mujeres han decidido reclamar sus derechos, y ahora son ellas las que están luchando por su comunidad", informa Flores.

El papel cada vez más protagónico que han adoptado las mujeres  en el conflicto, las ha convertido a ellas en las más afectadas por la violencia de los paramilitares. En los últimos cuatro meses:

• La UBISORT asesino a Bety Cariño, una organizadora de la comunidad no Triqui de Oaxaca, junto con el observador finlandés Jyri Jaakkola, durante la llegada de una caravana de ayuda a San Juan Copala, el 27 de abril. Se cree que Cariño era el blanco.
• El 15 de Mayo, lideres de la UBISORT golpearon y trataron de secuestraron a dos mujeres de Copala. Mas tarde ese día, miembros de la UBISORT secuestraron a 12 mujeres y niños que se habían escapado de San Juan Copala para comprar alimentos.
• El 20 de mayo, asesinos no identificados asesinaron a Cleriberta Castro Aguilar y a su esposo Timoteo Alejandro Ramírez, uno de los fundadores del municipio autónomo.
• El 24 de junio, francotiradores dispararon e hirieron a Miriam Martínez de 8 años de edad en San Juan Copala.
• El 26 de junio, francotiradores le dispararon e hirieron a Marcelina de Jesús López y a Celestina Cruz Ramírez al salir de una reunión en San Juan Copala.
• El 26 de julio, María Rosa Francisco desapareció cerca de su casa en San Juan Copala cuando los francotiradores abrieron fuego. Ella dejo su casa para buscar leña y se teme que haya muerto.
• El 30 de julio, cuando las mujeres trataron de repeler la redada de los paramilitares/policías en San Juan Copala, dos niñas de 17 y 14 años fueron disparadas. La de niña de 14 años de edad se encuentra paralizada, cuando una bala disparada por la UBISORT se alojo en su espina dorsal.

Durante ese mismo periodo, además de los asesinatos de Jaakkola y Ramírez, solo un hombre resulto herido; francotiradores le depararon en la pierna cuando salió de su casa para ir al baño.

El 11 de agoto, mujeres Triquis llevaron su lucha a la capital del estado y ahora se encuentran ocupando la plaza principal de la ciudad de Oaxaca. Esperan que su campamento de protestas crezca a medida de que más y más Triquis que hayan sido desplazados por la convergente violencia en la capital del estado, se unan. Las mujeres señalan que se quedaran en la plaza principal de la ciudad de Oaxaca asta que el gobierno lleve a los responsables de docenas de asesinatos en la región triqui, a la justicia. "No hemos recibido ninguna respuesta del gobierno", informa Flores. Ella dice que el gobernador electo Gabino Cué tampoco ha respondió a sus demandas.

Las mujeres tenían previsto viajar a la Ciudad de México el día lunes 23 de agosto para unirse con organizaciones sociales en un intento de ganar más apoyo. Sin embargo, la caravana se aplazó a raíz de una emboscada el 21 de agosto en la cual fueron asesinados tres hombres relacionados con el municipio autónomo e hirieron a otros dos. Entre los muertos se encuentra Antonio Ramírez López, dirigente de Santa Cruz Tilapa, una comunidad que pertenece al municipio autónomo. Ramírez López fue uno de los fundadores del municipio autónomo.  Los cinco hombres estaban ayudando a organizar la caravana de mujeres, y el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño Centro señala que los hombres fueron emboscados cuando viajaban en una camioneta pick-up para recoger a las mujeres Triqui, quienes participarían en la caravana.  Investigadores forenses informan que fueron utilizadas AK-47 y AR-15 en la emboscada. Ambas armas se clasifican como de uso exclusivo militar, y es ilegal para los civiles tenerlas.

El municipio autónomo anuncia que los paramilitares de UBISORT y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) participaron en la emboscada, aunque en este punto los sobrevivientes no han identificado a sus agresores.

Los organizadores del campamento de protesta de las mujeres, que se encuentran en la ciudad de Oaxaca dicen que permanecerán en la plaza principal de la capital asta que sus demandas sean cumplidas. Actualmente se encuentran en proceso de fortalecer el campamento con refuerzos. Los refuerzos son una medida de seguridad por que Rufino Juárez, el líder del UBISORT, fue visto  el sábado y el domingo cerca del campamento de protesta de mujeres. Juárez personalmente a participado en las agresiones hacia las mujeres Triquis, incluyendo el secuestro de 12 mujeres y niños, el día 15 de mayo.

San Juan Copala, Oaxaca, Bajo Control Paramilitar Despues de la Incursión de la Policía

Incursión de la policía desmiente excusas del Gobierno acerca del por que se ha negado a romper el bloqueo paramilitar que se ha sostenido durante vario meses.

por Kristin Bricker

Actualización 3/8/2010: Mujeres del municipio autónomo dieron una conferencia de prensa hoy sobre las dos jovenes heridas por balas de la UBISORT durante el operativo paramilitary/policiaco.  Selena Ramírez López (17 años) recibió un impacto de bala en el pulmón y esta grave.  Su hermana Adela (15 años) tambien esta grave: la bala que la herió dañó a sus intestinos y quedó en su columna.  Ella no volverá a caminar nunca en la vida. 

Foto: Francisco Olvera/La Jornada

El 30 de julio aproximadamente a las 12:15 pm, alrededor de 100 policías del estado de Oaxaca atacaron el municipio autónomo de San Juan Copala. Aproximadamente 30 miembros fuertemente armados de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT, organización paramilitar) acompañó a la policía en el ataque. Según informes Rufino Juárez, dirigente de la UBISORT, participo en la redada.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, el objetivo de la incursión fue la de retirar el cuerpo de Anastasio Juárez Hernández de su casa en San Juan Copala. La policía retiro el cadáver del hombre y después salió de San Juan Copala. Sin embargo,  los paramilitares aprovecharon la presencia de la policía para tomar el del ayuntamiento de San Juan Copala. El Ayuntamiento se encuentra  ocupado por treintena paramilitares de la UBISORT armados, con rifles de asalto automático. "Ellos han tomado el control de todo el pueblo", informa una fuente cercana a las autoridades autónomas.

Mientras tanto, el ejército mexicano ha desplegado soldados a La Sabana, un pueblo cercano que se encuentra controlado por la UBISORT. Hasta ahora los soldados no han entrado a San Juan Copala.
Dos mujeres jóvenes indígenas triquis  resultaron heridas cuando los paramilitares y la policía entraron a San Juan Copala. Las mujeres formaban parte de un bloqueo humano que se encontraba a la entrada del pueblo, que trataba de impedir el acceso de la policía y los paramilitares. Las dos mujeres, de entre 15 y 18 años fueron "gravemente heridas" cuando los paramilitares de la UBISORT les dispararon a la entrar de San Juan Copala. Las mujeres fueron evacuadas y están siendo tratados en un lugar que no fue revelado.

Asesinato Misterioso

Las autoridades autónomas cuestionaron las circunstancias en que se dio el ataque, en un comunicado publicado en su página web: http://autonomiaencopala.wordpress.com. En el comunicado, las autoridades del municipio autónomo afirman que Hernández Juárez fue realmente asesinado en la ciudad de Juxtlahuaca, lo que implica que el cuerpo se plantó en San Juan Copala, con el fin de justificar la redada de la policía.

La prensa local de inmediato repitió las afirmaciones del gobierno, de que Juárez Hernández, quien era hermano de Rufino Juárez dirigente de la UBISORT, y el "agente municipal" reconocido por el gobierno de San Juan Copala, fue asesinado en su casa de San Juan Copala. Juárez Hernández no fue elegido para el cargo de agente municipal; la UBISORT lo nombró para ese cargo el pasado mes de noviembre.

La afirmación de que Juárez Hernández fue asesinado en su casa en San Juan Copala, revela varias preguntas sobre la veracidad de la información: ¿Cómo entró Juárez Hernández a San Juan Copala, un pueblo que su organización la UBISORT, ha mantenido bloqueado exitosamente con piedras, troncos, y hombres armados desde el mes de enero?, ¿Por qué  entró Juárez Hernández a San Juan Copala, un pueblo cuyos habitantes apoyaban la autonomía de su municipio?, la UBISORT afirma que el municipio autónomo se encuentra armado. ¿Por qué Juárez Hernández entraría en un pueblo cuyos únicos habitantes son acérrimos enemigos, los cuales se encuentran armados de acuerdo con afirmaciones de su organización?

Es cierto que la policía recuperó el cuerpo de Hernández Juárez en su casa en San Juan Copala. San Juan Copala ha sido históricamente una importante zona cultural, política, económica, y un centro espiritual de la región baja triqui. San Juan Copala históricamente ha tenido muy pocos residentes permanentes. Los líderes tenían casas en San Juan Copala, pero sólo vivían allí cuando se encontraban en servicio público. Cuando su servicio, concluía regresaban a sus hogares permanentes en otras comunidades. Además, la mayoría de los residentes de San Juan Copala (temporales y permanentes) han abandonado la zona debido a la violencia y el bloqueo paramilitar. Como resultado, muchos triquis tienen hogares en San Juan Copala, que raramente o nunca habitan. Tal fue el caso de Hernández Juárez. Mientras  su cuerpo fue recuperado en su propiedad, el informe de los residentes indica que el no vivía allí al momento del asesinato.

Debido a los frecuentes disparos por parte de los francotiradores paramilitares situados en las colinas que rodean a San Juan Copala, las calles del pueblo están desiertas. Nadie deja su casa a menos que sea absolutamente necesario y los que salen con frecuencia lo hacen bajo los disparos de los tiradores que los detectan. El sitio permite que sea relativamente fácil para alguien en complicidad con los francotiradores, plantar un cuerpo sin que nadie lo note, ya que los residentes pasan la mayor parte de su vida ocultos en sus casas, lejos de las ventanas.

Independientemente de cómo o dónde murió Hernández Juárez, las consecuencias de su asesinato son dolorosamente evidentes para los habitantes de San Juan Copala. Su pueblo está ocupado por paramilitares fuertemente armados quienes fueron escoltados por la policía estatal. Para colmo de males, el ataque se produce después de siete meses de bloqueos sostenidos por paramilitares, a lo cual el gobierno ha afirmado ser incapaz de romper, a pesar de las afirmaciones del municipio autónomo de que los residentes pueden morir de hambre si el bloqueo continúa. La ironía de la incursión no pasó desapercibida en el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, que escribió en un comunicado de prensa:

"Es incoherente y paradójico que las medidas de seguridad solicitadas para que la 'Caravana de Bety y Jiry' de ayuda humanitaria pudiera entrar en [San Juan Copala] y dejar suministros de alimentos, el Estado no cumplió con su responsabilidad de ayudar a la Caravana a cumplir con su misión. En aquel entonces, [el Estado] reunió un impresionante operativo que fue encabezado por el Fiscal General del Estado, el Comisario de Seguridad del Estado y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Oaxaca, quienes impidieron el paso de la caravana. Argumentaron que las condiciones no permitían la entrada segura a tal grado que tampoco la policía podía entrar en ese territorio. Pero, en realidad, solo protegían al grupo armado denominado UBISORT.

"Ahora es absurdo, que las autoridades tengan la capacidad de armar toda una operación para llevar a cabo las primeras investigaciones del homicidio y además puedan entrar en [San Juan Copala], y en sima de todo reprimir al pueblo. Cuando originariamente no escuchaban, ni actuaban ante las demandas de cientos de residentes del municipio autónomo al solicitarles alimentos, la reinstalación de los servicios básicos, el tratamiento de los enfermos, bajo el falso argumento de que eran incapaces de entrar en la zona y de que no arriesgarían a su gente”.

El trato preferencial del gobierno hacia los paramilitares es inconfundible: además del despliegue de policías estatales armados para proteger el bloqueo de la UBISORT, cuando la caravana humanitaria intentó entrar en San Juan Copala el pasado junio, el gobierno ha fallado al no actuar cuando los miembros del municipio autónomo se encontraban bajo ataque, presumiblemente por que el gobierno se encontraba alineado con los paramilitares. Apenas el pasado 26 de julio, María Rosa Francisco desapareció cuando su casa en San Juan Copala, se encontraba entre los disparos. Todos sus animales murieron en el ataque y ella sigue desaparecida, con el temor de que haya muerto. Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” denunció públicamente el ataque y pidió a sus partidarios ponerse en contacto con el gobierno, y realizar la demanda que le ponga fin a la violencia.
Los motivos dados por el Centro de Derechos Humanos fueron tomados con indiferencia por el gobierno. Sin embargo, tan pronto como apareció el cadáver de un paramilitar en San Juan Copala, el gobierno actuó.

El municipio autónomo reporta  que necesita desesperadamente dinero para pagar el tratamiento médico de las mujeres heridas y dinero para comprar crédito telefónico en orden de comunicarse con la prensa y la organización de derechos humanos.

Desaparición De Político Mexicano Crea Preguntas Sobre Estrategias De Seguridad En México

por Kristin Bricker

El presunto secuestro del político mexicano Diego “El Jefe” Fernández de Cevallos, uno de los políticos mexicanos más poderosos, la crisis de seguridad en México lo ha puesto otra vez en la atención internacional.

El gobierno mexicano no ha calificado oficialmente la desaparición de De Cevallos como un secuestro. Sin embargo, el hecho de que su automóvil fue encontrado abandonado en su rancho con rastros de sangre y signos de lucha, ha llevado a su familia a apelar a “los captores” para hacer contacto con el fin de negociar su liberación. Al momento de la redacción, no se sabe si de Cevallos está vivo o muerto.

El crimen en sí  mismo no es sorprendente, los secuestros en México son muy comunes. De Cevallos tampoco es el primer político en ser víctima del crimen violento-varios políticos locales han sido acecinados o atacados en  semanas recientes mientras el país se prepara para las elecciones internas. Lo que separa este crimen de otros es el hecho de que la víctima es uno de los hombres más poderosos en México.

De Ceballos, un miembro del Partido Acción Nacional (PAN), es uno de los principales líderes del Yunque, una organización secreta ultraconservadora católica que al parecer tomó el control del PAN en 1970 y continúa dirigiendo su agenda política.  Fue candidato presidencial del PAN en 1994 y ha servido durante cuatro periodos en el Congreso: una como Senador y tres en la Cámara de Diputados. Sus colegas y alumnos ocupan puestos clave en el gabinete del presidente Felipe Calderón y en la Suprema Corte. La firma de abogado de Cevallos fue clave en el bloqueo del recuento tan reñido de las elecciones presidenciales del 2006, en el cual el Presidente Calderón fue fuertemente acusado de haberle robado el triunfo al  candidato opositor Andrés Manuel López Obrador. Entre 1994 y 1997, el gobierno mexicano investiga su firma de abogados por haber representado empresas vinculadas con el cartel de Juárez: un hospital privado que realizaba cirugías plásticas a capos de la droga, una funeraria que realizo servicios de inhumación al capo Armando Carrillo y a una empresa que se encargaba de lavar el dinero del cartel.

Si bien no se ha confirmado que una Organización de Trafico de Drogas (OTD) ha secuestrado a de Cevallos, su desaparición ha provocado dudas sobre el futuro de la guerra de México contra las drogas.

Ardelio Vargas Fosado, presidente de la Comisión Nacional del Congreso Mexicano de Defensa, dijo a la prensa “Este acto marca un punto de inflexión. Sin duda, la forma en que manejamos la seguridad pública y la seguridad nacional tendrá que cambiar… Habrá que realizar una detallada revisión de la estrategia que se ocupa de la cuestión de la seguridad pública y los riesgos, y amenazas para la seguridad interna del país”.

“Cambio” definido por el gobierno de Calderón parece significar más de la misma estrategia de seguridad. Calderos, en respuesta a la desaparición de su colega y amigo personal, comparo a México con Colombia durante 1980. “Hay etapas en que se presenta la delincuencia organizada durante los 80 y a principios de los 90 [en Colombia] los cuales se están presentando en México, y afortunadamente los estamos combatiendo. Y a pesar de que podría haber etapas en que su esencia podría ser similar [a los de Colombia], las estamos enfrentando y probablemente se producirán más rápido y podemos resolver más rápido. Lo que le tomo a Colombia cerca de 20 años, nos debería tomar tal vez cinco, seis, siete años o menos, dependiendo de  la persistencia que le pongamos a nuestras acciones”.

La comparación de Calderón de México con Colombia está diciendo. Mientras que Colombia desmantelo las OTD mas importantes como el cartel de Cali y –Medellín al matar o detener a sus dirigentes, muchos más carteles surgieron para ocupar su lugar. La cocaína  sigue fluyendo desde Colombia a Estado Unidos, la única diferencia está en que las OTD mexicanas dominan las rutas de tráfico. El cultivo de la coca aumento en un 15% y la producción de la cocaína aumento un 4% en el curso del Plan Colombia, llevando a la oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE.UU. a concluir que “los objetivos en reducción de drogas no se han alcanzado completamente” a pesar de la importante presencia militar de EE.UU y del apoyo financiero, y táctico al ejército Colombiano.

Aparentemente México se dirige por un camino similar de fracaso. Al igual que Colombia, México cuenta con esfuerzos estratégicos militares y legales para desmantelar OTD por medio de arrestos, asesinatos y ataques súbitos. El gobierno EE.UU. apoya estas medidas atreves de la Iniciativa Mérida, un paquete de ayuda que apoya al ejército y policía mexicana en la guerra contra las drogas. Uno de los acuerdos de la Iniciativa Mérida “a llevarse a cabo” para  México, es el “numero de traficantes de drogas de alto perfil y capos criminales capturados”.

Como lo demuestra la experiencia de Colombia, la demanda impulsa al tráfico de drogas. Mientras exista un incentivo financiero significativo para el tráfico de drogas, la industria se ajustara y evolucionara de manera que el producto llegue al consumidor. Así como la desaparición y posible asesinato de uno de los políticos más poderosos  de México, de ninguna manera debilitara al gobierno federal, causando la muerte o el arresto de los capos de la droga no debilitara la industria de tráfico de drogas.  Al igual que l gobierno, las OTD se adaptaran a las nuevas circunstancias y nuevas personas darán un paso adelante para llenar los vacios dejado por las muertes, detenciones y desapariciones. Y la guerra continúa sin cesar.
Independientemente de cuantos capos mata o extradita el gobierno mexicano hacia Estados Unidos, la industria se ha acomodado. Después de que Calderón desplegó a los militares a finales de 2006 para librar la guerra contra las drogas, las incautaciones de drogas han disminuido y la producción de drogas ha aumentado en México. Mientras tanto la situación de seguridad se ha deteriorado rápidamente. Durante el mismo periodo, las violaciones a los derechos humanos hechas por militares han incrementado seis veces. El índice de asesinatos  ha incrementado dramáticamente desde 2006, con un total de 22,700 muertes relacionadas con la guerra de drogas. Ciudad Juárez es considerada actualmente como la “capital mundial en asesinatos” y Tijuana es aun más peligrosa que Bagdad.

El problema con las estrategias en seguridad de México es que simplemente no tiene una. Ni Calderón ni el gobierno de los EE.UU. han definido claramente los objetivos que orientan a la guerra contra las drogas. ¿Es el objetivo disminuir las muertes relacionadas con el narcotráfico? Lo contrario esta ocurriendo. ¿Es la meta, eliminar por completo el flujo de drogas hacia los Estados Unido? Eso es imposible.  ¿Es la meta, reducir el  de flujo de drogas hacia los Estados Unido? Si es así, ¿Exactamente qué cantidad de “reducción” es necesaria para enviar a los militares de regreso a sus cuarteles?

A falta de un conjunto claro de objetivos y un escenario final del juego, la guerra contra las drogas parece ser una cruzada sin fin. Hasta ahora, los políticos de gran poder que han librado esta guerra has sido inmunes a sus efectos. Pero, como una revista mexicana público en respuesta a la desaparición de Cevallos, “El partido en el poder está empezando a cosechar lo que tan dedicadamente a sembrado, porque “el que siembra vientos cosecha tempestades”.

Iniciativa Mérida Bajo la Lupa Tras la Visita de Clinton a México

Una delegación de EE.UU. a nivel de gabinete junto con la Secretaria de Estado Hillary Clinton y varios oficiales de la milicia, seguridad y de inteligencia en México, han dado lugar a un debate sin precedentes y crítica de la Iniciativa Mérida en los medios de comunicación. Los oficiales Estadounidenses estaban en México para discutir la fase dos de la Iniciativa Mérida, un paquete de ayuda militar y policíaca estadounidense que se encuentra a expira en 2011.

Clinton y su homóloga la Secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa, sostuvieron una conferencia de prensa donde lanzaron una declaración vaga en la que ambos países reforzaron su compromiso para detener a los traficantes de drogas y combatir el tráfico ilegal de armas, la corrupción y el lavado de dinero. Durante la conferencia de prensa, un reportero pregunto si los funcionarios de EE.UU. y México discutieron la despenalización como una posible alternativa a la guerra contra la droga, la cual ha cobrado casi 23,000 vidas en México desde finales de 2006 cuando el presidente Felipe Calderón envió al ejército para luchar contra los cárteles de drogas. A lo cual Clinton respondió: “No”.

Dentro de la cobertura de la reunión, la prensa estadounidense afirmo que la administración de Obama está cambiando las prioridades de la Iniciativa Mérida. La declaración Clinton-Espinosa menciona “Construimos comunidades fuertes y resistentes” como una prioridad para la siguiente fase de la Iniciativas de Mérida. Por otra parte, la solicitud del Presidente Obama para el presupuesto 2011 dedicado a la guerra contra las drogas de México, dice “el apoyo cambiaria de proveer aviones, equipos y otros artículos de alto costo; a el desarrollo de las instituciones, entrenamiento y asistencia técnica”.

Sin embargo, Laura Carlsen de Americas Program cuestiono la administración retorica de la Iniciativa Mérida de Obama: “La reunión conto con la participación de un alto nivel de seguridad y oficiales de la defensa, sin la presencia de uno solo de los miembros de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) o del zar antidrogas Gil Kerlikowske, quien supuestamente se encargaría de la ejecución de los compromisos de EE.UU. para reducir la demanda de drogas ilegales. No hay referencias serias, esfuerzos fundamentados por reducir la corrupción y el tráfico en los Estados Unidos; y declaraciones sobre la disminución de la demanda y el aumento de la ayuda a los programas de lucha contra la pobreza en México permanecen vagas e imprecisas.

En México la reacción a la versión de Obama sobre la Iniciativa Mérida fue extrema, sobre todo porque Janet Napolitano dio una polémica entrevista a la NPR en la cual afirmaba que “hay discusiones sobre el papel de nuestro ejército… en la solicitud de, y la consulta y cooperación [de] los mexicanos.

“¿Estás diciendo que (el presidente mexicano Felipe) Calderón se ha expresado a favor de la entrada de uniformados militares estadounidense dentro de México?”, pregunto Robert Siegel de NPR. A lo cual Napolitano respondió, “Si, quiero ser muy, muy claro [porque] este es un tema muy delicado… Nuestros militares de cierta forma muy limitada han trabajado con los militares mexicanos en sus esfuerzos contra los cárteles de la droga. Pero, obedece a la solicitud del gobierno mexicano, consultado por el gobierno mexicano. Y es sólo una parte del total de nuestros esfuerzos con México, los cuales son principalmente de carácter civil.

Esta declaración causo un escándalo dentro de la prensa mexicana. Proceso, una de las revistas políticas más respetadas en México, informo que Napolitano “Se revela que el Presidente Felipe Calderón solicitó a la administración de Obama enviar soldados para llevar a cabo operaciones contra la droga junto con militares mexicanos… funcionarios de la administración de Calderón han negado una y otra vez que las puertas al territorio mexicano se han abierto a las tropas de EE.UU.”.

Eso no es cierto- Napolitano nunca dijo que Calderón solicito que los solados estadounidenses participaran en operaciones contra las drogas en México, además de que las autoridades mexicanos nunca dijeron que los soldados de EE.UU. no pondrían un pie en suelo mexicano. Sin embargo, el artículo y la indignación que este provocó en todo el país demuestran que los mexicanos en consenso, no consideran bienvenidos a los militares estadounidenses en México bajo ninguna circunstancia. También demuestra la amnesia de los medios mexicanos sobre la presencia colectiva de los militares de EE.UU. en México.

El ejército estadounidense ha tenido una presencia relativamente pequeña pero constante en México por lo menos desde 1999, la información del número del personal militar de EE.UU. en servicio activo en México que se tiene desde los primeros años está disponible. En 1999, habían 33 soldados estadounidenses estacionados en México; en la actualidad hay 26 aproximadamente. El Departamento de Defensa ha enviado personal militar a México para entrenar a los militares mexicanos cada año, desde por lo menos 2001, el primer año el Pentágono comenzó a romper los entrenamientos militares extranjeros por ubicación. Los EE.UU. han entrenado a los militares mexicanos en materia de seguridad, recolección de información y análisis, lucha contra el terrorismo, ingles, operaciones especiales, planificación de la interdicción, relación militar-civil, aplicación de la ley táctica, lucha contra el contrabando y aviación- todo sobre en mexicano.

La presencia de instructores militares estadounidenses en México no es un secreto: el Departamento de Defensa publico la información en línea. En 2007, el periódico La Jornada se tropezó con los documentos en que se indica la información sobre los militares que entrenan en el territorio mexicano en 2006. El artículo de La jornada apenas y toco la punta del glaciar, pero contenía la información suficiente para que los medios mexicanos estuvieran consientes de que los instructores militares de EE.UU. se encuentran en México y desde hace ya bastante tiempo.

La Iniciativa Mérida-fundada militares de EE.UU, los entrenadores ya operan en México. Reporte de USA Today:

Cerca de 20 equipos, que varían en tamaño de una a cinco personas viajan a México cada año realizando visitas cortas para auxiliar en la capacitación, dijo Renuart. La mayoría son veteranos de Afganistán o Irak. El Comando del Norte comenzó a enviar equipos de asesoramiento desde hace dos años.

Tanto los medios de comunicación estadounidenses como los mexicanos descartan que los mexicanos tiendan a reaccionar negativamente hacia los comentarios de –napolitano como algo importante, respuesta que se derivaría de un evento que algunos considerarían historia antigua: La Guerra México-Estados Unidos de 1846.1848, durante la cual el ejército de EE.UU. invadió a México. Sin embargo, la historia más reciente nos sugiere que la preocupación de los mexicanos acerca de la relación tan estrecha entre los militares mexicanos y estadounidenses es totalmente racional.

Parece que cada vez que el gobierno mexicano se encuentra en su peor momento, los militares estadounidenses están ahí para tenderles la mano. Dos de los ejemplos más infames son el de 1971 la masacre de Corpus Christi en la cual paramilitares golpearon a muerte a 25 estudiantes y dejaron a decenas de heridos, y 1994 la sangrienta represión que siguió al levantamiento del Ejercito Zapatista de Libertad Nacional

Según los documentos y fotografías del ejército mexicano un avión estadounidense cargado de explosivos entro en un hangar de México en 1969. Los militares estadounidenses utilizaron esos explosivos para entrenar a miembros de la Guardia Presidencial de México como parte de un curso de “terrorismo urbano”. De acuerdo con el Secretario de Defensa en el momento, Marcelino García Barragán, los soldados que recibieron el entrenamiento colocaron las bombas en edificios del gobierno federal y tres oficinas del periódico. La operación de acuerdo con el investigador mexicano Carlos Montemayor, fue parte de una campaña de guerra sucia de terror que culmino en 1971 en la masacre de Corpus Christi.


Recientemente, la formación militar de EE.UU para los soldados mexicano se disparo después del levantamiento Zapatista de 1994. De acuerdo con el Cetro para la Integridad Pública, Desde 1984 a 1992, un total de 512 tropas mexicanas fueron entrenadas por los Estados Unidos, un promedio de 57 estudiantes por año. Desde 199. Los Estados Unidos han entrenado a más de 4,000 efectivos militares mexicanos, un promedio de 800 al año, un portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU. dijo. Algunos de los cursos tuvieron lugar en os Estados de Guerrero, Chiapas, Veracruz y la Ciudad de México. El incremento en la cooperación de México lo ha convertido en el principal receptor del fondo en América Latina del Programa Internacional de Educación y Entrenamiento Militar en 1996 hasta 1999 y segundo en el año 2000 después de Colombia… y México ocupo el primer lugar éntrelas naciones con el mayor número de soldados entrenados en la Escuela de la Américas en 1997 y 1998.

Este entrenamiento ocurrió a pesar de que una unidad de militares mexicanos liderados por un graduado de la Escuela de la Américas masacro velozmente a cinco personas atadas en un mercado de Chiapas durante el levantamiento de 1994. El entrenamiento continúo a pesar de que el Pentágono tenía información de inteligencia confiable de que el ejército mexicano estaba organizando grupos paramilitares para atacar bases de apoyo zapatista, aun cuando los zapatistas declararon un alto al fuego.

Estrecha relación Militar a Militar

Mientras que en la superficie parecerá que la nueva Iniciativa Mérida de Obama pone menos énfasis en el papel del ejército en la guerra contra las drogas, la ausencia de nuevos aviones no quiere decir que el papel del ejército mexicano disminuirá en la guerra contra las drogas. Mejor dicho, la nueva Iniciativa Mérida pretende preparar a los militares mexicanos para una guerra larga, interminable.

El proyecto de presupuesto para el 2011 de Obama incluye $ 8 millones en el financiamiento militar con el fin de “de fomentar una mayor cooperación entre Estados Unidos y los militares mexicanos”. Esta cooperación se dará en una mayor formación de militar a militar.

Altos oficiales militares de EE.UU. dicen que la Iniciativa Mérida se centrara en la preparación del ejército mexicano para una guerra muy parecida a la que sostiene EE.UU. en Afganistán e Irak. “Necesitan el apoyo de inteligencia, capacidades y tácticas que se han desarrollado para nosotros en nuestra lucha contra las redes terroristas del mundo”, palabras del Almirante Naval Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto. “Existen demasiadas similitudes”. Mullen viajo con Clinton para participar en la Reunión del Grupo de Consulta de Alto Nivel de la Iniciativa Mérida en México.

De la fuerza Aérea, el general Gene Renuart, comandante del comando Norte, está de acuerdo con su colega. “Hemos aprendido y crecido mucho de la forma en que hemos conducido las operaciones contra las redes terroristas y combatientes insurgentes”, dijo Renuart al USA Today. “Muchas de las tácticas que se utilizan para perseguir a las redes se aplican… a las organizaciones de trafico de drogas”.

De acuerdo con el USA Today, los militares de EE.UU están ayudando a su contraparte mexicana a adquirir los “conocimientos necesarios para ayudara a transformar el ejercito de México de una fuerza convencional diseñada para contrarrestar las amenazas externas, a un ejército librando una guerra irregular donde el enemigo vive entre la población civil”.

El problema, como los iraquí y afganos han descubierto, es que en una guerra donde “el enemigo vive entre los civiles”, cualquiera puede ser confundido con el enemigo. En México, la línea entre los civiles y “el enemigo” es cada vez más borrosa. Este punto puede ser ilustrado con el pasado día de Pascua, cuando los soldados abrieron fuego contra un camión lleno de niños en un reten militar. Dos niños pequeños murieron. El gobierno emitió inmediatamente un comunicado de prensa afirmando que dos “delincuentes” murieron en el tiroteó, además de haberse apoderado de un impresionante arsenal de armas y vehículos blindados durante el tiroteo. Posteriormente, el gobierno reviso su historia para declarar que los niños estaban atrapados en “fuego cruzado” entre los soldados y los narcotraficantes. Los padres, hablaron con la prensa desde su habitación en el hospital, declarando que solamente los soldados se encontraban presente en el lugar y que fueron ellos quienes le apuntaron a la familia.

Los militares han utilizado constantemente el pretexto de “buscar marihuana” para atacar las fortalezas zapatistas, a pesar de nunca haber encontrado alguna droga dentro del territorio zapatista.

Los Zapatistas no son los únicos en sufrir las represiones de la guerra contra las drogas. En 2009, la policía federal y estatal secuestraron a tres líderes campesinos de la base-Chiapas de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). El gobierno dijo a la prensa que la OCEZ fue un frente para los traficantes de drogas. La campaña de difamación justifico el crecimiento militar en la región, donde también viven simpatizantes zapatistas. Después de dos meses de encarcelamiento y horas de tortura, los líderes de la OCEZ fueron puestos en libertad sin cargos, No obstante, la región continúa bajo vigilancia militar.

El pasado octubre, en lo que posiblemente se puede considerar como la demostración más aterradora de militarización de la guerra contra las drogas, a punta de pistola la policía federal disparo a 44,000 trabajadores sindicalizados electricistas, Calderón le ordeno a la policía atacar Luz y Fuerza del Centro compañía de electricidad propiedad del gobierno, solo después de que se hizo el ataque para emitir un comunicado en el que se disolvía legalmente la empresa y por defecto la unión. El sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que sigue luchando por los puestos de trabajo de sus miembros, se considera uno de los sindicatos más antiguos y más radicales de la nación. La policía federal que llevo a cabo la orden de dispararles a los trabajadores reciben entrenamiento militar, aparentemente para proporcionarles las habilidades que necesitan para librar la guerra contra las drogas. Se encuentran entre los principales beneficiarios de la Iniciativa Mérida.