La policía federal abre el fuego contra los manifestantes en Oaxaca

por Kristin Bricker, Upside Down World
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens y revisado por Elisa Viteri

Doctores quitan una bala de la pierna de
Gilardo Mota Figueroa.

Se informa de que la Policía Federal de México disparó al periodista radiofónico Gilardo Mota Figueroa mientras cubría una manifestación el martes pasado (15 de febrero) contra la visita del presidente Felipe Calderón a la ciudad de Oaxaca. Mota Figueroa dijo a la Crónica de Oaxaca que un agente de la Policía Federal, durante su enfrentamiento con el sindicato de maestros de Oaxaca, abrió fuego contra la multitud a unos seis metros de distancia. Una de las balas impactó en la pierna de Mota Figueroa. Entre 2 y 4 balas quedaron incrustadas en un todoterreno blindado que las autoridades habían dejado aparcado en la calle.

Durante la protesta, la Policía Federal también disparó a quemarropa granadas de gas lacrimógeno contra los manifestantes, hiriendo gravemente a por lo menos dos personas. Según el sindicato de maestros, el profesor de secundaria Raymundo Servando Santiago Sánchez fue hospitalizado con una lesión pulmonar debida al impacto de una granada de gas lacrimógeno en el pecho. Otra granada, esta vez supuestamente disparada por la Policía Estatal, impactó en la cara del manifestante Marcelino Coache, le fracturó el cráneo y le causó un trauma cerebral. Además, dos periodistas presentaron su denuncia ante la Oficina del Procurador del Estado por daños físicos y a su equipamiento, causado por la granadas de gas lacrimógeno que los impactaron durante la protesta.

Esta camioneta blindada recibió varios
impactos de bala durante la manifestación.

Para que sean consideradas “armas no letales”, las granadas de gas lacrimógeno deben ser disparadas al aire o contra el suelo. Las granadas de gas lacrimógeno fabricadas por Combined Tactical Systems Inc., que produce los lanzadores de granadas utilizados el martes por la Policía Federal, llevan una etiqueta de advertencia que dice: “Peligro: No dispare directamente contra persona(s). Puede producir heridas graves o la muerte.”

La Policía Federal es perfectamente consciente de que un golpe directo de una granada de gas lacrimógeno puede ser letal. En 2006, durante una operación conjunta entre la Policía Estatal y la Federal en San Salvador Atenco, una granada lacrimógena mató a Alexis Behumea, un manifestante de 23 años, al darle en la cabeza. Como resultado del “uso ilegítimo” de sus armas durante la operación en Atenco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del gobierno mexicano (CNDH) recomendó que la Policía Federal Preventiva (PFP), ahora la Policía Federal, y la Policía Estatal debían ser entrenados en el “uso adecuado” de sus armas. El jefe de la PFP rechazó la recomendación de la CNDH y, cinco años después, la Policía Federal sigue disparando granadas lacrimógenas contra las cabezas de los manifestantes.

Policías Federales disparan
cartuchos de gas lacrimógeno
directamente contra
manifestantes. 

Maureen Meyers, de la Oficina en Washington para Asuntos latinoamericanos (WOLA), argumenta que la violenta reacción de la policía ante las manifestaciones del martes “subraya la falta de todo mecanismo real de rendición de cuentas dentro de la Policía Federal”. Señala que la Policía Federal ocupa el tercer puesto en número de quejas presentadas contra agencias gubernamentales con relación a los derechos humanos, con las 595 quejas presentadas a la CNDH en 2010. “Crece el número de informes sobre los abusos cometidos por la Policía Federal”, dice Meyers. El 29 de octubre de 2010, la Policía Federal disparó en el estómago con munición de guerra a un joven manifestante mientras pintaba un grafiti durante la 11ª “Marcha contra la Muerte” en Ciudad Juárez.

Más fondos para la Iniciativa Mérida

El día antes de que la Policía Federal abriera fuego contra los manifestantes y la prensa en Oaxaca, el presidente estadounidense Barack Obama desveló el borrador de los presupuestos para 2012. Estos presupuestos incluyen 291,5 millones de dólares para los programas de la Iniciativa Mérida en México.

La policía disparó directamente contra este
manifestante con un proyectil no-identificado,
lo cual fracturó su cráneo.

La Secretaría de Seguridad Pública de México (SSP), a cargo de la Policía Federal, es uno de los mayores beneficiarios del financiamiento de la Iniciativa Mérida. Mediante la Iniciativa Mérida, la Policía Federal recibe equipamiento, entrenamiento (por parte de las policías estadounidense y colombiana, así como de contratistas privados), e incluso helicópteros Black Hawk. Aunque el presupuesto de Obama para 2012 reduce la financiación de la Iniciativa Mérida mexicana en unos 250 millones de dólares en comparación con el año anterior, aumenta la partida para INCLE (siglas en inglés de Control Internacional de Narcóticos y Ejecución de la Ley) en 500.000 dólares. El financiamiento de INCLE es lo que financia la mayor parte de, si no toda, la ayuda a la Policía Federal.

Algunos fondos de la Iniciativa Mérida son destinados a la reducción de la corrupción dentro de la Policía Federal. Esa ayuda, señala Meyers, “se concentra más en centros de control de confianza y pruebas de polígrafo. Eso obviamente no tiene que ver con este modelo generalizado de abuso”.

Marcelino Coache tiene el
cráneo fracturado y trauma
cerebral como resultado de
un cartucho de gas que le
pegó en la cabeza.

Meyers señala que existen tres mecanismos de rendición de cuentas que, en teoría, asegurarían que la ayuda de la Iniciativa Mérida no cayera en manos de violadores de los derechos humanos, como los agentes de la Policía Federal que abren fuego contra manifestantes desarmados. El primero es la Enmienda Leahy, que prohíbe destinar cualquier tipo de ayuda fuera de EE.UU. a “cualquier unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero, cuando se dé el caso de que el secretario de Estado tenga pruebas fiables de que esa unidad ha cometido brutales violaciones de los derechos humanos” y no haya castigado a los delincuentes. La embajada de EE.UU. rastrea a los abusadores de los derechos humanos a título individual en una base de datos, pero Meyers señala que la fuerza de la base de datos depende de la cantidad de información que registre en ella la embajada de EE.UU.. Kent Patterson, del Programa Américas, ha criticado la puesta en práctica de la Enmienda Leahy por parte de EE.UU.: “México, como Colombia, soslaya la cuestión seleccionando para entrenamiento sólo a unos pocos individuos de las unidades afectadas, en lugar de entrenar a todas las unidades.”

Los otros dos mecanismos de rendición de cuentas que se aplican a la ayuda estadounidense a México para la guerra contra la droga están relacionados con la propia Iniciativa Mérida. Sólo un quince por ciento de la ayuda a la Iniciativa Mérida está condicionada a que México mejore la responsabilidad y la transparencia en la Policía Federal y las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, a fin de recibir los fondos condicionados, México debe demostrar que investiga y procesa a aquellos soldados y policías federales contra los que se ha presentado una acusación creíble de violaciones de los derechos humanos. “Que sepamos, en este último caso no hemos visto realmente ningún caso en el cual los policías federales implicados en abusos hayan sido efectivamente investigados y sancionados”, dice Meyers.

A pesar de la flagrante impunidad de los violadores de los derechos humanos pertenecientes a las fuerzas de seguridad, las condiciones de los derechos humanos de Mérida no han afectado significativamente en el flujo de la ayuda destinada a la guerra contra la droga en México. El Congreso de EE.UU. ha retenido simbólicamente algunos de los fondos, pero hasta ahora las condiciones de los derechos humanos no han retrasado la llegada del dinero de la Iniciativa Mérida durante mucho más tiempo que el que lleva el trámite burocrático normal, mientras pasaba el otro 85% de los fondos no condicionados.

© 2011 Upside Down World

Oaxaca: CODEP habla sobre la guerra anti-narco y la criminalización de la lucha social

por Kristin Bricker, Upside Down World

Miembros del CODEP enfrente de la
puerta que los militares rompieron
para allanar sus instalaciones sin
órden de cateo.
Foto por Santiago Navarro

Aproximadamente a las 6:45 P.M. del martes 11 de enero, el Ejército mexicano allanó la oficina del Comité para la Defensa de Derechos del Pueblo (CODEP) y el Comité para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM) ambas en la ciudad de Oaxaca. Según miembros del CODEP que estuvieron presentes durante este allanamiento, aproximadamente 20 soldados uniformados en un vehículo oficial se estacionaron delante del edificio donde se encuentran las oficinas de estas organizaciones, rompieron la puerta provisional de lamina y registraron sus oficinas. Después de que los soldados rompieron la puerta, encañonaron a Patrocino Martinez, miembro del CODEP . Martinez dice que les exigió una orden de cateo, pero que los soldados lo empujaron y se fueron corriendo hacia la escalera del edificio, que está actualmente en obra negra.

Otros miembros de la organización lograron cerrar las puertas de las oficinas donde mantienen sus computadoras, copiadoras, así como sus archivos, por lo que los soldados no pudieron entrar a registrar esas oficinas. Sin embargo, los soldados sí lograron entrar a otras oficinas que se encontraban abiertas, que incluyeron un dormitorio y un taller de serigrafía. Según Martínez, los soldados tomaron fotos de esas oficinas. Sin embargo, no se llevaron ningún artículo del edificio, ni hicieron arresto alguno.

Los miembros de CODEP que presenciaron el allanamiento dicen que los soldados les preguntaron a punta de pistola acerca del trabajo de la organización y del crimen organizado. Ernesto López dice que el comandante de los soldados, que solo se identificó como "Carlos," le dijo que recibieron una "denuncia que el crimen organizado se reunía aquí". Mientras tanto, otros soldados cuestionaron a varios vecinos si sabían de posibles actividades criminales o relacionadas con las drogas, en o cerca del edificio de estas organizaciones.

Durante el allanamiento los soldados no presentaron nunca una orden de cateo y se negaron a identificarse. Sin embargo uno de los miembros del CODEP logró anotar el numero de matricula del vehículo del convoy militar en que los soldados viajaban.

Después del allanamiento, el CODEP y el CODEM se pusieron en contacto con un diputado, que a su vez se comunicó con el Ejército. Según el diputado, los militares dijeron que "habían detectado algo en la zona" y que eso fue el justificante para ese allanamiento.

El CODEP y el CODEM presentaron quejas ante la comisión nacional y estatal de derechos humanos, así como en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, solicitando que investiguen el allanamiento y le provean al CODEP y al CODEM la información de lo ocurrido.

Historia de Represión
En una entrevista con Upside Down World, miembros del CODEP y del CODEM no parecían perturbados por el reciente allanamiento de noche de sus oficinas por soldados armados con poderosos rifles de asalto. Esto se debe a que no ha sido la primera vez que ellos han sufrido represión por parte del gobierno, ni es el peor ataque. En este último acontecimiento, "mas o menos le midieron," dice la líder del CODEM Claudia Tapia. "Porque antes iban con lujo de violencia, golpeándonos".

En sus dieciocho años de organizar a mujeres, campesinos, taxistas e indígenas, el CODEP y organizaciones afines como el CODEM han encarado una fiera oposición del gobierno del estado-y en particular del anterior gobernador Ulises Ruiz Ortiz. "Desde sus días como Senador, nosotros sabíamos qué tipo de persona [Ruiz] era," dice Tapia. "Tanto así que desde el inicio de su campaña electoral, nos opusimos".

En febrero de 2005, durante el período previo al alzamiento popular del 2006 que casi derribó a Ulises Ruiz, José Luiz Soberanes, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, organizó una negociación entre el gobierno del estado de Oaxaca y el CODEP. El CODEP quería negociar la liberación de un preso político que había sido detenido inmediatamente después de que Ruiz asumiera el cargo. "Sin embargo," recuerda Tapia, "en vez de que llegara Ulises Ruiz [a la mesa de diálogo] tal y como lo había acordado, envió a la policía, y ellos detuvieron a nuestros compañeros". La policía invadió el hotel donde las negociaciones se realizarían, así como a una oficina de CODEP, deteniendo a un total de siete miembros del CODEP. Algunos estuvieron varios meses en la prisión.

Encolerizados, los miembros del CODEP continuaron luchando contra la administración de Ruiz. En mayo del 2006, cuando el sindicato de los maestros de Oaxaca se declaró en huelga para mejorar las condiciones en sus escuelas, el CODEP se unió a su plantón en el zócalo de la Ciudad de Oaxaca. Los miembros de CODEP estaban en el plantón junto con sus hijos hasta el 14 de junio, el infame día en que Ruiz mandó a la policía estatal para disolver violentamente el plantón de los maestros sin advertencia alguna.

El CODEP es una de las organizaciones que conformó en su inicio a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el conglomerado de organizaciones, comunidades e individuos que surgió despues de la represión del 14 de junio para expulsar al gobernador Ulises Ruiz. Cuando el entonces presidente Vicente Fox envió la policía federal a disolver violentamente el movimiento de la APPO en la Ciudad de Oaxaca el 25 de noviembre de 2006, Marcos García, miembro del CODEP, viajó a comunidades simpatizantes de Oaxaca solicitando el apoyo para defender la capital. El 27 de noviembre, mientras viajaba a una comunidad, García fue atacado por un comando armado que el CODEP identifica como un grupo paramilitar, uno de los muchos que operó en el estado en aquel momento. Atacaron a García con armas de alto poder, balaceando su vehículo con 177 balas, ocho de los cuales lo alcanzaron en su cuerpo. Milagrosamente, sobrevivió el ataque.

La represión del Estado contra el CODEP ha continuado desde aquel alzamiento de 2006. El 25 de octubre de 2008, alrededor de veinte policías federales invadieron una casa en la Ciudad de Oaxaca donde miembros del CODEP trabajaban y vivían. Según la policía, ese allanamiento fue una operación anti-crimen organizado. La policía torturó a Luis Ramón González López, miembro del CODEP por una hora. Lo golpearon, le pusieron una una bolsa de plástico sobre la cabeza, y aplicaron el infame tehuacanazo, una táctica de tortura que es popular entre la policía mexicana. El tehuacanazo consiste en agua mineral (mezclada a veces con chile) que es arrojada en forma de chorro dentro de la nariz de la víctima, creando una sensación de ahogamiento que ocasiona una sensación abrasadora intensa, causando a veces que la víctima se desmaya. Esa sesión de tortura le dejó a González López con una costilla rota y un pulmón perforado. Durante el interrogatorio, la policía le pedía a González López que les dijera la ubicación de una "maleta de dinero," una petición que desconcierta a el CODEP hasta hoy día. "Esa casa es tan humilde que ni a caso va la pregunta," dice Tapia. "Ellos sólo quieren aterrorizarnos". Despues de la sesión de tortura, la policía les confiscó un ordenador portátil, dos teléfonos celulares, documentos y recortes periodísticos acerca del alzamiento de 2006.

La Guerra contra la Droga es la Nueva Guerra Fría
El CODEP sabe que no es coincidencia que este es el segundo allanamiento en pos de la guerra anti-narco que ellos han sufrido desde que Presidente Felipe Calderón desplegó al ejército para combatir los cárteles de droga hacia finales de 2006. En un comunicado de prensa acerca del allanamiento, el CODEP declaró: " Es indudable que esta estrategia de terrorismo de estado que sigue avanzando en nuestro país, forma parte del Plan Mérida [una dotación de ayuda de la guerra contra la droga] y Plan Mesoamericano [anteriormente conocido como el Plan Puebla-Panamá, un proyecto de "desarrollo" neoliberal] que los gobiernos panistas y priistas [de México] suscribieron con los EEUU... con el objetivo de destruir los organismos de derechos humanos y a las organizaciones sociales y populares que representan una oposición a la continuación de la destrucción de nuestra nación y la entrega de la soberanía nacional a los intereses extranjeros".

"Esto no es nuevo," dice Lopez. "Esto lo hemos visto durante la Guerra Fría y otras guerras. Ahora Estados Unidos no tiene un pretexto ni a un enemigo ficticio como tuvieron en los años setenta, donde el enemigo fue el comunismo. Cuando el Bloque soviético cayó, ya no había un enemigo que utilizar para inventar una guerra. Entonces ahora el enemigo que crearon es lo relacionado con el trafico de droga y el crimen organizado. Ahora, los que luchan contra el gobierno para demandar sus derechos, son también considerados como crimen organizado. En México, con la Iniciativa Mérida, EEUU quiere tener control militar sobre el territorio...y no permitir un movimiento social como el que ocurrió en Oaxaca en 2006 o en Chiapas [con los Zapatistas] en los años noventa. EEUU quiere controlar nuestro gobierno y controlar nuestro país para que pueda apropiarse de los recursos naturales de México".

Traducido por Jeremías Medina 

¿Golpe de Estado en Ecuador?

por Kristin Bricker

El 30 de septiembre, cientos de agentes de la Policía Nacional ecuatoriana salieron a las calles, bloqueando intersecciones claves y ocupando el espacio público, en protesta por una nueva ley que elimina sus bonos y otros beneficios.

A pesar de que la protesta de la policía representaba una pequeña fracción de la fuerza de 42.000 miembros, la situación salió rápidamente de control. La policía ocupó la Asamblea Nacional, ayudó a cerrar los aeropuertos, y mantenido como rehén a Correa en un hospital por más de 10 horas hasta que un equipo de Operaciones Especiales lo rescató. Los disturbios dejaron 10 muertos y 274 heridos.

La rebelión de la policía comenzó después de que Correa utiliza el veto para modificar ciertas partes de la Ley de Servicios Públicos, que al parecer tenia el objetivo de racionalizar el sector público de Ecuador mediante la supresión de algunas primas y obligando a muchos funcionarios públicos a la jubilación anticipada. El poder de veto del presidente está prevista en la Constitución de 2008 y el presidente la ha utilizado ha menudo para anular a la Asamblea.

De acuerdo con Edwin Bedoya, vicepresidente de La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores (CEDOCUT), la versión de la Ley de Servicios Públicos que la Asamblea aprobó originalmente fue elaborado en las negociaciones entre el partido Alianza PAIS de Correa y los sectores sociales. "Pero vimos en la segunda ronda de votación que el presidente había vetado los acuerdos y se había quitado los derechos de los trabajadores", dijo Bedoya. Cuando la Asamblea, entre ellos algunos miembros de Alianza PAIS, se resistió a los cambios de Correa en la legislación, el presidente amenazó con usar su derecho a disolver la Asamblea para aprobar su versión de la ley de Servicios Públicos.

Pero la rebelión que siguió, Correa y otros han enfatizado, que no fue una insurrección espontánea. Mientras continuaba siendo rehén, Correa declaró: "Es un intento de golpe de estado liderado por la oposición y algunos sectores de las fuerzas armadas y la policía." Muchos latinoamericanos, todavía sorprendidos por el golpe de Estado contra el presidente izquierdista Manuel Zelaya en Honduras el año pasado, se temía que Correa fuera el próximo. Otros argumentaron que llamar a los disturbios un "golpe" es una exageración, e incluso que Correa se haya auto secuestrado con el fin de aumentar su popularidad y poder político.

Sin embargo, las protestas se llevaron a cabo en al menos cuatro departamentos en Ecuador, poniendo en duda su espontaneidad. Y como Correa señaló, las protestas fueron "coordinadas con el cierre. . . del aeropuerto, coordinado con los ataques a las antenas de relé de la televisión [estatal], con la invasión a los Estudios de Ecuador TV [pertenecientes al gobierno]", y toma la Asamblea por parte de la policía.

Por otra parte, videos tomados de los policías en huelga al momento de la operación que liberó a Correa demuestran claramente que la policía estaba disparando a matar. Correa dijo a la prensa que el vehículo blindado que lo llevó lejos del hospital fue baleado varias veces.

Aunque la policía rehén Correa, el ex presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez -un crítico de Correa- dio entrevistas desde Brasil, resaltando la rebelión de la policía como un golpe de Estado. "El fin de la tiranía de Correa está cerca" dijo, pidiendo la "disolución del Parlamento" y "elecciones presidenciales anticipadas." El ex presidente la Asemblea, Alberto Acosta, un seguidor de Correa que se volvió crítico, informó que "ex soldados y ex-policía, las mismas personas que componen la fuerza del partido de Lucio," fueron vistos en cuarteles en varias ciudades. Cuando la policía ocupó brevemente la Asamblea, agregó Acosta, los representantes que son miembros del Partido Sociedad Patriótica de Gutiérrez entraban y salían libremente, mientras que los miembros de otros partidos "tuvieron problemas para entrar."

Tanto Correa como el ex comandante de la Policía Nacional Freddy Martínez, quien renunció después de ser incapaz de mantener el control de sus tropas, sostienen que los instigadores externos se infiltraron en la policía, engañaron a la policía sobre sus medidas de austeridad en la Ley de Servicio Público, y provocó el levantamiento.

Organizaciones laborales e indígenas en Ecuador, sin embargo, han adoptado una línea más regulada. La rebelión de la policía se produjo, según ellos, porque la derecha de Ecuador se está aprovechando de las debilidades creadas por el alienante estilo de gobierno de Correa. Aunque se opusieron a cualquier intento de golpe de estado y exigió que se respete el orden constitucional, también criticaron a Correa por marginar a sus aliados naturales en los movimientos sociales y permaneciendo vulnerable ante los ataques de la derecha.

Una declaración conjunta de cuatro de las mas grandes organizaciones indígenas de Ecuador rechazaron “las acciones de la derecha que encubierta forman parte del intento de golpe" y exhortó a sus miembros a "estar alerta y listos para movilizarse." Sin embargo, la declaración critica el gobierno de Correa por reprimir violentamente las movilizaciones contra la minería transnacional, el aceite, y las empresas agro-industriales. Las organizaciones sostuvieron que "la crisis social que hoy se soltó fue provocada también por el carácter autoritario y la falta de voluntad para el diálogo en el proceso legislativo. Hemos visto cómo las leyes que se han negociado [con los sectores sociales] fueron vetadas por el Presidente de la República. . . . Este escenario se nutre de los sectores conservadores. "

El líder sindical Bedoya dice que el 30 de septiembre, la CEDOCUT hizo un llamamiento a todos los sectores para salir a la calle para restablecer el orden constitucional. Sin embargo, al igual que las organizaciones indígenas de su país, calificó a su organización una defensa de Correa: "Creemos que parte de la culpa de lo que está sucediendo recae en no aceptar el diálogo con los sectores sociales."

Acosta, quien cofundó la Alianza PAIS con Correa, hizo eco de esto. "El presidente y su gobierno no sabe cómo el diálogo", dijo. "Ellos imponen sus leyes, sin siquiera respetar los criterios de los asambleístas de su propio bloque."

Peor aún, argumentaron organizaciones indígenas el día del golpe, el gobierno de Correa los ha reprimido justo como lo ha hecho el gobiernos derechista. "Frente a la crítica y la movilización de las comunidades contra la minería transnacional, el petróleo, y las empresas agro-industriales", escribió la CONAIE, la ECUARUNARI, la CONFENIAE y la CONAICE, "el gobierno, en lugar de crear un diálogo, responde con la violencia y represión. . . . Lo único que provoca este tipo de política es abrir espacios a la derecha y crear espacios de desestabilización”.

Bedoya comparte este análisis: "Por supuesto que la derecha se aprovecha de esto, y se aprovecha del sector más poderoso, que es la policía nacional y los militares, y comienza a sembrar el descontento. . . pero el comportamiento del gobierno lo hace posible".

Acosta espera que su ex aliado aprenda de la rebelión de la policía. "La historia le ha dado al Presidente Correa, una vez más, la oportunidad para redescubrir los orígenes del proceso revolucionario, para rectificar. Esperemos que lo entienda de esa manera".

"Una Revolución ciudadana", manifiesta Bedoya, "implica el respeto por los derechos de todas las personas, de los trabajadores, a los derechos colectivos de las organizaciones, y ha establecer un diálogo que lleve a una conclusión con los sectores sociales."

Este articulo fue traducido del inglés. Las citas en este articulo (por ejemplo, del Señor Bedoya) fueron traducidas al inglés para el articulo original, y luego volvieron a ser traducidas al español para esta traducción. Entonces, las citas no son las palabras exactas de las personas citadas, pero sí representan lo que quisieron decir. En muchos casos, puedes hacer click en los enlaces para encontrar las palabras exactas de las personas citadas.

La corrupción y la deforestación causan catástrofe en Oaxaca por deslave

por Kristin Bricker

Durante la mañana del martes 28 de septiembre, el mundo despertó con la noticia de que un deslave de tierra había sepultado el 80% de Tlahuitoltepec, Oaxaca, un municipio de 10,000 personas. Llorosos funcionarios de Tlahuitoltepec dijeron a la prensa que alrededor de 300 a 500 personas podrían haber sido sepultados bajo el lodo, mientras que el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz colocó el número de posibles muertes "hasta en 1,000". El gobierno federal desplegó militares y policías federales a la zona, e incluso los Estados Unidos ofrecieron su asistencia en la excavación de los residentes de Tlahuitoltepec.
Cuando llegaron los rescatistas a Tlahuitoltepec despues de más de diez horas de retraso por la mala condición de las carreteras en el estado, se dieron cuenta de que el deslave no era tan grave como habían pensado. El alud dejó once muertos.

El desastre era predecible, destacando las mortales consecuencias de la notoria corrupción presente en las obras públicas del estado.

La deforestación

La temporada de huracanes de 2010 ha causado un récord en las lluvias al sur de México, dando lugar a inundaciones, deslaves, y muertes en varios estados, incluyendo Oaxaca.

Un informe publicado por el Consejo de Recursos Minerales del gobierno federal en 2001, advirtió que, como resultado de la deforestación, Tlahuitoltepec sufre regularmente grandes deslaves durante la temporada de huracanes. El informe, titulado "Los peligros naturales", advierte que los deslaves en Tlahuitoltepec tienden a afectar tanto a las carreteras, como a las casas. El gobierno no ha hecho nada para resolver el problema de los deslaves en Tlahuitoltepec, donde los residentes viven en las faldas de los cerros.

El alud de lodo que sorprendió al mundo el 28 de septiembre no sucedió durante la noche. El lodo empezó a deslizarse el 13 de septiembre, provocando que las paredes de las casas cercanas deslave comenzaran a agrietare al momento en que la tierra comenzó a moverse. En ese momento, Protección Civil le dijo al presidente municipal que debía evacuar la localidad. Sin embargo, ni el Estado, ni el gobierno federal parecen haber ayudado en la evacuación, ni siquiera les ofrecieron a los residentes Tlahuitoltepec un refugio. Fue sólo después de que los funcionarios locales aparentemente exageraron la magnitud del deslave el 28 de septiembre, que la policía del estado comenzó a escoltar a los residentes de Tlahuitoltepec.

Así como los equipos de rescate evalúan la situación en la región indígena Mixe (donde se encuentra localizada Tlahuioltepec), ellos decidirán si se van a evacuar a 30,000 personas. "En esa zona llueve mucho. El terreno es inestable y podría haber más deslaves", dijo el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz a El Universal. "Es mejor actuar, porque algo puede suceder."

Carreteras de Oaxaca pavimentadas con la corrupción

Desafortunadamente, el gobernador Ruiz decidió actuar sólo cuando los funcionarios de Tlahuitoltepec exageraron el deslave del 28 de septiembre. Las autoridades locales han advertido al gobierno del estado que los deslaves podrían provocar una catástrofe humanitaria, desde agosto cuando se quejaron de que el 50% de las carreteras en la región fueron dañados. "Si no se reparan, vamos a correr el riesgo de que varios pueblos quedarían completamente inaccesibles en los próximos días", dijo el congresista estatal Floriberto Vásquez Vásquez, al gobierno del estado y la prensa. El gobierno del estado ignoro sus ruegos.

El 8 de septiembre, las advertencias Vásquez se convirtieron en una realidad. Ese día, un funcionario del estado de Oaxaca informó que el 80% de 22,000 km de las carreteras del estado fueron dañadas por los deslaves y la mala calidad de las construcciones, incomunicando a más de treinta comunidades del mundo exterior. Los mixes fue una de las regiones más afectadas.

Los caminos y aeropistas de Oaxaca (CAO), la agencia estatal encargada de la construcción y mantenimiento de carreteras de Oaxaca, respondió a las preocupaciones sobre las deplorables condiciones de las carreteras diciendo que no se podían reparar porque no tenía más dinero del presupuesto. A diario, un periódico de Oaxaca que apoya abiertamente al partido gobernante del estado, escribió en un artículo de opinión:

"…son sorprendentes las declaraciones de los funcionarios de CAO en el sentido de que “no hay recursos” para arreglar el 80 por ciento de carreteras dañadas que actualmente tiene Oaxaca, pero entonces uno se pregunta por qué la CAO... mantiene anualmente un millonario subejercicio de recursos. Eso señores, se llama incompetencia. Si hay decenas de comunidades que están incomunicadas por los derrumbes y por el desgalamiento de la red carretera, es una prioridad gestionar los dineros que hagan falta para solucionar la situación.... Es necesario que se realicen auditorías…porque sucede que, a pese a la liberación de los recursos, éstos no llegan a los damnificados la mayoría de las veces… ¿En manos de quién se quedan?"

Reclamos sobre la corrupción en los proyectos de carreteras y otros proyectos en Oaxaca se hacen adiaro. Las sospechas se derivan de los altos costos y los resultados de mala calidad. Algunas carreteras se desmoronan en cuentón de meses.

Los funcionarios públicos a menudo ceden contratos de construcción sin licitación a sus amigos y compañeros de partido. Los ciudadanos sospechan que los fondos de muchos de estos contratos se utilizan para financiar campañas políticas. Tal es el caso en Salina Cruz, Oaxaca, donde Jesús Hiram Mortera financió su campaña a la presidencia municipal con las ganancias de sus proyectos de obras públicas. Dos presidentes municipales sucesivamente le otorgaron la mayoría de los contratos de obras públicas en la ciudad. El gobierno está llevando a cabo la auditoría de los dos ex presidentes municipales sobre presunta malversación de fondos a través de proyectos de construcción de la Mortera. De particular preocupación es la "rehabilitación" de una carretera de cuatro carriles de Mortera en Salina Cruz. La carretera se ha derrumbado en tres ocasiones desde la "rehabilitación" que realizó Mortera.

Hasta el momento nadie ha demostrado que los políticos de Oaxaca y los contratistas malversan el dinero de los proyectos de carreteras mediante el uso de materiales baratos y embolsándose la diferencia. En 2008, los auditores del Estado llegaron a la conclusión de que Carlos Alberto Ramos Aragón utilizó un proyecto de construcción de un bulevar para malversar dinero cuando se desempeñó como presidente municipal de Pinotepa Nacional, Oaxaca; pero nunca se descubrió exactamente cómo: Ramos Aragón simplemente no entregó los recibos a los auditores. Ramos Aragón nunca fue castigado por esta presunta malversación de fondos. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Protección Civil del Estado de Oaxaca, uno de los organismos que se encargan de las labores de rescate en Tlahuitoltepec.

Aunque los detalles sobre cómo los políticos malversan el dinero de proyectos completos de carreteras son vagas o se encuentran sin evidenciar, un reciente escándalo en el programa federal "Pisos Firmes", se muestra cómo muchos oaxaqueños sospechan que los contratistas y los políticos están robando el dinero de los proyectos de carreteras. El gobierno federal proporciona fondos a los estados como Oaxaca a través del proyecto "Pisos Firmes", que instala pisos de concreto en los hogares que tienen piso de tierra. El gobierno federal calcula la cantidad de cemento que es enviado a los estados, basándose en la cantidad y dimensiones de los hogares que reciben los nuevos pisos a través de este programa. En Guerrero, otro estado que recibe cemento a través de "Pisos Firmes", una auditoría federal encontró que los políticos locales y estatales diluyen el cemento donado con arena, lo cual es más barato, por lo que menos cemento fue necesario para instalar los pisos. Los beneficiarios se quedaron con pisos de baja calidad, mientras que los políticos locales vendieron los excedentes de cemento. Los políticos de Guerrero y contratistas malversaron $149 millones de pesos a través del fraude, de acuerdo con la auditoría federal.

Algunas comunidades oaxaqueñas están demandando una auditoría similar del programa "Pisos Firmes" en su estado. Los residentes afirman que los políticos locales están utilizando el mismo esquema para ofrecer menos cemento a los beneficiarios, y que los políticos intercambian el excedente de cemento por votos. Residentes furiosos también afirman que los políticos pagan a los trabajadores a cargo de la instalación de suelos de la mitad de lo que el gobierno federal ha presupuestado como sus salarios, y que los políticos se embolsan la otra mitad.

Si bien las auditorías aún no han descubierto planes de malversación de fondos relacionados con los materiales utilizados para construir carreteras evidentemente mal construidas en Oaxaca, los proyectos "fantasmas" de carreteras son comunes. En los proyectos fantasmas, el gobierno paga por una carretera que se construirá o pavimentara. Los funcionarios locales dicen que el proyecto se terminó y recogen el dinero, pero en realidad el proyecto ni siquiera se inicia. Sólo el pasado agosto, el gobierno federal despidió a nueve funcionarios oaxaqueños por malversación de $930,000 pesos por medio de proyectos fantasmas de carreteras. En abril, las autoridades de sesenta comunidades marcharon en San Juan Mixtepec, en protesta por supuesta malversación de fondos del presidente municipal de $10 millones de pesos en fondos federales a través de proyectos fantasmas de carreteras, puentes y proyectos de agua potable.

Las consecuencias de la corrupción y la malversación de fondos en obras públicas es costoso y mortal, como lo demuestra el desastre de Tlahuitoltepec. Informes exagerados sobre la magnitud del deslave circularon por más de diez horas antes de que los primeros equipos de rescate pudieran llegar a la localidad devastada, que se encuentra a sólo dos horas y media de la ciudad de Oaxaca. El primer equipo de rescate llego a pie porque los caminos estaban intransitables. El equipo pesado como excavadoras llegaron mucho más tarde. Mientras que el mundo vio con horror como las carreteras y los puentes colapsados retrasaban a los rescatistas y el equipo, nadie en Oaxaca se sorprendió porque las malas condiciones de las carreteras que se han convertido en un hecho de la vida cotidiana.

Mientras que la pérdida masiva de vidas parece haber sido evitado en Tlahuitoltepec, el deslave de tierra debe servir como una advertencia para el gobierno estatal y federal, que una mayor supervisión y rendición de cuentas son necesarias para evitar una catástrofe futura.

Autoridades Autónomas Ordenan la Evacuación Total de San Juan Copala, Oaxaca.

Reyna Martínez Flores habla en el plantón de mujeres.
Foto: Verónica Villalvazo

Actualización 23 de septiembre: Reyna Martínez Flores, vocera del plantón de mujeres en el zócalo de Oaxaca, dice que todos los pobladores del municipio autónomo han logrado salir de San Juan Copala, sin ayuda del gobierno.

David García, antes reportado como herido y desaparecido, ahora se reporta como muerto, aunque todavia no han dicho dónde esta su cuerpo.

La UBISORT se ha apoderado del palacio municipal de San Juan Copala. El grupo mandó un boletín de prensa en español y un video en YouTube en triqui haciendo un llamado a todos los integrantes de la UBISORT que regresen a repoblar a San Juan Copala ahora que ya no hay autónomos allí.

El gobierno oaxaqueño sigue con su plan de realizer un operativo policiaco para restorar electricidad y educación—lo cual cortó la UBISORT en febrero—en San Juan Copala, ahora controlado por la UBISORT.

El municipio autónomo aún no ha emitido un pronunciamiento sobre su estrategia ahora que ha perdido la cabazera municipal de su municipio autónomo. Sin embargo, afrima Martínez Flores: “Ya no quedó gente nuestra en Copala, pero el municipio autónomo no desaparecerá porque lo tenemos en nuestros corazones y en nuestras mentes”.

Autoridades Autónomas Ordenan la Evacuación Total de San Juan Copala, Oaxaca

Por Kristin Bricker, Upside Down World
Martes 21 de septiembre, 2010 19:19

El ayuntamiento de San Juan Copala, lleno de balas de AK-47.

Las autoridades del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, han ordenado la evacuación total de la ciudad; que se encuentra bajo asedio desde febrero de este año. Las autoridades emitieron la orden cuando presuntos paramilitares atacaron San Juan Copala y anunciaron que iban a masacrar a todos los partidarios del municipio autónomo.

Presuntos paramilitares cortaron el agua, la electricidad y el acceso a la población en febrero. También colocaron hombres armados en las colinas que rodean la ciudad y deparándole a cualquier persona que vieran en las calles. Durante meses, San Juan Copala sobrevivió con la poca comida que las mujeres podían llevar a la ciudad en sus espaldas; por medio de los senderos entre los bosques para colarse a través de los hombres armados que patrullan el perímetro.

Sin embargo, el 13 de septiembre la situación se hizo insoportable cuando hombres armados tomaron el ayuntamiento de San Juan Copala. Estos hombres armados, quienes el municipio autónomo afirmo eran parte de una organización rival de la organización Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), y la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), han mantenido a San Juan Copala bajo una constante lluvia de balas, desde que tomaron el ayuntamiento.

El municipio autónomo ha reportado al menos cinco mujeres heridas, incluyendo a una niña- y un hombre asesinado, todos por armas de fuego desde que MULT y UBISORT tomaron el ayuntamiento. Hombres armados mataron a un segundo hombre, David García y desde entonces no se sabe si está vivo o muerto. De acuerdo con Jorge Albino, vocero del municipio autónomo, la policía entregó su cuerpo a los presuntos paramilitares que están ocupando el ayuntamiento. El municipio autónomo cree que García estaba vivo cuando la policía lo entregó a los hombres armados que le dispararon.

Además, dos personas con discapacidad desaparecieron cuando huían de San Juan Copala. José Gonzalo Cruz de cien años de edad desapareció mientras huía con otras personas a través de los arbustos, bajo un intenso tiroteo. Cruz es ciego y se cree que se separó del grupo, y se perdió.

Una mujer con discapacidad mental llamada Susana López Martínez también fue reportada como desaparecida. Ella trató de huir de San Juan Copala con un grupo de mujeres el 18 de septiembre, bajo un pesado tiroteo. Cuando las mujeres se reagruparon fuera de la línea de fuego, López Martínez de 21 años de edad se había ido. Nadie la vio desaparecer y se desconoce si fue herida durante el tiroteo. Si López Martínez ha caído en manos de UBISORT, ella se encuentra en extremo peligro. El pasado mayo, el líder de UBISORT Rufino Juárez López presuntamente secuestro a Martínez y a su madre. Las dos mujeres escaparon y denunciaron el secuestro ante las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación internacionales.

Los informes del municipio autónomo reportan que los hombres armados que tomaron San Juan Copala fueron casa por casa golpeando a las personas que se encontraran en su interior. Los hombres armados también están quemando las casas abandonadas de los residentes que han huido de la violencia.

El municipio autónomo informó la existencia de cincuenta familias residentes en San Juan Copala al comienzo de la incursión, el 13 de septiembre. Todas menos dos familias han logrado escapar. Estas dos familias se encuentran en dos casas que están rodeadas totalmente por hombres armados.

Las Mujeres y los niños Triquis han mantenido un campamento de protesta en plaza de la ciudad de Oaxaca desde agosto, para exigir un fin a la violencia y justicia para las víctimas. Estas mujeres se declararon en huelga de hambre el 10 de septiembre para presionar al gobierno a enviar a la policía a San Juan Copala, para evacuar a las dos familias que se encuentran atrapadas en su interior. Las mujeres en huelga que fueron expulsadas de San Juan Copala por la violencia, quieren que el gobierno traiga a las familias atrapadas a la ciudad de Oaxaca.

El gobierno del estado de Oaxaca, dijo que está preparando una operación para "restaurar el orden" en San Juan Copala. El subsecretario del Interior de Oaxaca Joaquín Rodríguez Palacios anunció que está provisto que la policía estatal oaxaqueña restaurara la electricidad y volverán a abrir las escuelas en San Juan Copala. El plan parece totalmente absurdo cuando se tiene en cuenta que al menos 25 residentes que permanecen en San Juan Copala- quieren irse. Palacios no mencionó ningún plan para evacuar a los residentes que aún permanecen en la localidad.

Queda por verse si el gobierno seguirá adelante con la operación. El dirigente de la UBISORT Rufino Juárez dijo al Noticias de Oaxaca que habría un baño de sangre "si el gobierno no llegar a un acuerdo "con su organización con respecto a la operación policial propuesta.

El diálogo falló de nuevo

Lona Reyes obispo de Tehuantepec, Oaxaca, y el padre Wilfrido Mayrén de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz en Oaxaca, pidió al MULT y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI); un grupo separado del MULT que co- fundó el municipio autónomo, a un diálogo mediado por la iglesia. El objetivo de esta propuesta de diálogo era llegar a una solución pacífica al conflicto mediante negociaciones. Las pasadas negociaciones mediadas por el gobierno se rompieron, porque el municipio autónomo se ha negado sentarse en una mesa de negociación con MULT y UBISORT, mientras que estos grupos estuvieran presuntamente asesinando a sus partidarios.

MULTI se negó a participar en el diálogo mediado por la iglesia, ya que afirma que MULT es uno de los grupos que llevan a cabo el ataque armado en San Juan Copala. MULTI condicionó su participación en el diálogo, sobre un alto al fuego en el municipio autónomo y la presentación de los residentes que desaparecieron durante el ataque.

El diario mexicano Milenio interpretó el fallido diálogo y la evacuación del municipio autónomo como una señal de que el proyecto autónomo está muerto. Sin embargo, una fuente cercana a las autoridades autonómicas dijo, "Una vez que logremos sacar a todos [de San Juan Copala] vamos a continuar con el proyecto desde el exterior. En este momento estamos preocupados por sacar a esas personas con vida. "

La evacuación completa de San Juan Copala, en sí misma no significa que el proyecto autónomo está muerto: San Juan Copala es el nombre de una localidad y un municipio (un grupo de localidades, como un condado). Sólo la localidad de San Juan Copala que es la cabecera municipal (asiento del condado), ha estado bajo asedio, y sólo el pueblo está siendo evacuado.

Los representantes de veinte comunidades Triqui presuntamente participaron en la fundación del municipio autónomo. Además de la localidad de San Juan Copala, diez comunidades triquis están oficialmente alineadas con el municipio autónomo. Las autoridades autónomas afirman que hay otras seis comunidades que apoyan al municipio autónomo, pero que temen represalias si declaran públicamente su afiliación. Además de las dieciséis comunidades que dan su pleno apoyo al municipio autónomo, las autoridades autónomas afirman tener partidarios en otro puñado de comunidades que están controladas por organizaciones rivales.

De las diez comunidades que oficialmente pertenecen al municipio autónomo, San Juan Copala fue la única que se encuentra en estado de sitio. Las otras comunidades han sufrido ataques y asesinatos, pero no se vieron afectados por el bloqueo paramilitar ni la reciente invasión.

Los Derechos Humanos No Son Una Prioridad Para Los EE.UU. En Guerra Contra Las Drogas En México

por Kristin Bricker

Los Presidentes Obama y Calderón

Citando preocupaciones de los derechos humanos, el Departamento de Estado de los EE.UU. ha recomendado que una pequeña porción de la Iniciativa Mérida, el paquete de ayuda contra las drogas de México, sea temporalmente retenida.

En un informe enviado al Congreso la semana pasada, el Departamento de Estado recomienda que los 26 millones dólares de la Iniciativa Mérida se retendrán hasta que México mejore los derechos humanos. Sin embargo, en el mismo informe, el Estado recomienda que el Congreso libere $36 millones en fondos que fueron retenidos con anterioridad debido a las preocupaciones de Derechos Humanos.

El quince por ciento de cada entrega de fondos de la Iniciativa Mérida están condicionados para que el gobierno mexicano elimine el uso de testimonios obtenidos mediante tortura en los tribunales, mejorar la transparencia en las fuerzas de la policía, juzgar a los soldados acusados de crímenes contra los civiles en tribunales civiles, y la consulta a la sociedad civil sobre cómo se aplica la Iniciativa Mérida. Los $ 26 millones el Estado no desea retener representan el 15% de los últimos tramos, para el año fiscal de 2010. Los 36 millones dólares que serán liberados habían sido retenidos en tramos anteriores.

Las notas de PA (Prensa Asociada, AP Associated Press) que, "Dado que el gasto Mérida se queda más de un año detrás de las asignaciones, la decisión del viernes tendrá un impacto financiero mínimo". Hasta el momento las condiciones de los derechos humanos no han retenido el dinero de la Iniciativa Mérida por más tiempo del que lo han hecho las trabas burocráticas que han mantenido el otro 85% de los fondos no condicionados.

Organizaciones de derechos humanos no estaban particularmente impresionados por la decisión de los Estados Unidos al retener los $ 26 millones, lo que constituye sólo el 1.7% de los $ 1.5 billones de dólares que México recibirá a través de la Iniciativa Mérida. Nik Steinberg Vigilante de los Derechos humanos dijo al Washington Post: "Nada debería haber sido liberado, porque México simplemente no cumple con los requisitos de derechos humanos. Hay grandes y constantes abusos por parte de los militares, para los que tienen impunidad total".

De la misma forma el gobierno mexicano no se ha impresionado con la decisión del Departamento de Estado al retener una parte de los fondos. Se niega a cumplir la condición de que los soldados acusados de crímenes contra civiles sean juzgados en tribunales civiles. Bajo el sistema actual, el ejército investiga y trata a todos los soldados acusados de crímenes cometidos en el cumplimiento de su deber, sin importar si el delito es una violación de los reglamentos militares o de la ley civil.

Los militares raramente optan por procesar a su personal. Un informe de 2009 del Departamento de Estado encontró que de las más de 2.000 quejas sobre derechos humanos presentadas contra el ejército mexicano desde diciembre de 2006, sólo dos resultaron en una acción civil. Los informes militares mexicanos demuestran que desde 1996 ha condenado sólo a ocho soldados de crímenes contra los derechos humanos.

Un funcionario del Departamento de Estado, bajo condición de anonimato, dijo a el Reforma de México que el gobierno de EE.UU. había decidido suspender temporalmente los $ 26 millones de los fondos de la Iniciativa Mérida "hasta que México haya demostrado avances en temas como la supervisión civil de las acusaciones contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos, así como una legislación que fortalezca la Comisión Nacional de Derechos Humanos," la oficina del gobierno mexicano que investiga las violaciones de los derechos humanos. En concreto, dijo una fuente en el Capitolio, los Estados Unidos retienen los fondos, esperando a ver que el gobierno mexicano mantendría una Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sentencias que requerirán de investigación de civiles y el enjuiciamiento de militares que cometan abusos a los derechos humanos.

La sentencia en cuestión de CIDH se refiere a la desaparición en 1974 de Rosendo Radilla en el estado de Guerrero. Testigos vieron a los soldados detener Radilla en un retén militar y transportarlo a una base militar. A partir de ahí, desapareció y su cuerpo nunca fue recuperado. Después de ganar su caso en la CIDH, la familia Radilla solicitó a la Suprema Corte de México llevar a cabo la sentencia de la CIDH, que ordenaba al gobierno mexicano pagar una indemnización a la familia de Radilla, publicar un libro sobre su desaparición, reconociendo oficialmente su papel en la desaparición, continuar las excavaciones hasta encontrar el cuerpo de Radilla, y cambiar la ley mexicana para que los soldados acusados de abusos contra los derechos humanos sean juzgados en tribunales civiles.

Es evidente que el gobierno mexicano quedó imperturbable por la decisión del Departamento de Estado de retrasar una pequeña porción de los fondos de la Iniciativa Mérida: el 7 de septiembre el Supremo Tribunal votó 8-3 en contra, incluso al oír el caso Radilla.

A pesar de la retórica de la administración de Obama que concierne el respeto de los derechos humanos en la guerra contra las drogas de México, sus acciones tienen un escaso incentivo para que México mejore su historial. En la liberación de fondos condicionados que habían sido previamente retenidos, envía el mensaje de que su verdadera prioridad es proveer a México con el equipo y la formación que necesita para seguir luchando en la cada vez más violenta guerra contra las drogas. Para empeorar las cosas, inmediatamente después de que el Departamento de Estado envió su informe sobre la Iniciativa Mérida al Congreso de Derechos Humanos, funcionarios de la Casa Blanca dijeron al diario Los Angeles Times que el gobierno de Obama está "considerando un aumento del gasto sustancial en la guerra contra las drogas de México" porque es "un prioridad alta administración”.

Los derechos humanos parecen ser una preocupación secundaria.

Los Mexicanos "Tuitean" por sus Vidas en Ciudades Violentas

por Kristin Bricker


En algunas ciudades al norte de México, los tiroteos y cadáveres abandonados se han vuelto relativamente comunes desde que el presidente Felipe Calderón declaro la guerra contra el narcotráfico, en el 2006. Sin embargo, a mediados de 2009, la guerra contra el narcotráfico tomo un nuevo giro: narcobloqueos. En Monterey y Reynosa, dos ciudades fronterizas repletas del crimen organizado, los traficantes de drogas han organizado bloqueos que paralizan secciones enteras de estas ciudades. A veces los bloqueos se relacionan a la detección de figuras importantes del crimen organizado. En otros casos, se organizan para impedir que la policía y los militares detecten a las figuras importantes del crimen organizado.

Frecuentemente, durante los bloqueos hombres armados le ordenan a los civiles bajar de sus vehículos. Después ellos utilizan los vehículos para bloquear caminos e intersecciones importantes, y algunas veces queman los vehículos. Los tiroteos con rifles de asalto automático son comunes en estos bloqueos.

Narcos secuestran autobuses para bloquear una intersección
en Reynosa.

En Reynosa y Monterrey, los ciudadanos han comenzado a utilizar los servicios de redes sociales como Twitter para alertar a los vecinos de la población de situaciones potencialmente peligrosas como los tiroteos o los bloqueos. Twitter permite a los usuarios enviar mensajes de 140 caracteres a sus "seguidores". También les permiten a los usuarios crear temas llamados "hashtags" que preceden una palabra con un símbolo de numeral (#). La forma en que Twitter organiza la información les permite a los usuarios comunicarse y difundir mensajes muy cortos de forma muy rápida.

Los tuiteros de Reynosa han comenzado a utilizar el hashtag #reynosafollow para comunicarse entre ellos sobre el crimen organizado en la ciudad. Usuarios "tuits" sobre violencia, por que se a convertido en algo tan normal en sus vidas, tuitean para que los demás sepan de la ausencia de violencia. En un día normal en Reynosa, es común ver tuits como "Toda la ciudad esta tranquila desde Morelos a Tiburcio Garza Zamora y en el parque #reynosafollow" o "#reynosafollow el trafico esta detenido frente a la base militar, los soldados corren por todas partes". Los tuiteros a menudo informan la posible ubicación de tiroteos para que otros eviten esas aéreas "#reynosafollow posible tiroteo cerca de Las Fuentes, Sección Lomas y segunda Rotonda... explosiones. ¿Puede alguien confirmar?"*

El humo proveniente de los autos en llamas secuestrados  en
los narco-bloqueos.

Durante un narcobloqueo, Twitter se convirtió en una herramienta indispensable. Los usuarios tuitean por medio de sus teléfonos celulares utilizando mensajes de texto o una ubicación de datos para reportar la localización de los bloqueos y posibles rutas de salida. Además tuitean fotografías y videos de los bloqueos que logran graban con la cámara de sus celulares.

Tal fue el caso del 24 de agosto, cuando una narco-bloqueo paralizo las principales carreteras en Reynosa. Los tiroteos y un explosivo puesto en una fábrica. Los tuiteros comenzaron a reportar los movimientos de los traficantes de drogas, y de los militares en Twitter:

"Siempre Natural en el parque, personas armadas #reynosafollow hace 10 minutos".

"Quemaron el almacén Jabil con una explosión de granada #reynosafollow"

"La carretera continua bloqueada. Tuve que volver atrás los militares nos corrieron #reynosafollow"

Un artefacto explosivo incendio esta bodega durante
el bloqueo.

Un tuitero incluso creó un mapa de todos los bloqueos reportados. Sin embargo, varios de los reportes que figuraban en el mapa sobre los bloqueos eran en realidad atascamientos de tráfico que los conductores confundieron con narco-bloqueos, lo que demuestra una de las grades desventajas de Twitter: no existen quien verifique la veracidad de la información, por ello la información falsa y sin confirmar se propaga rápidamente como la verdadera.

Durante los narco-bloqueos del 24 de agosto, los automovilistas utilizaron el Twitter para ayudarse entre sí y maniobrar entre los bloqueos, además de avisar cuando se levantaban los bloqueos. Familiares tuiteban preguntas sobre áreas específicas de la ciudad, de esta forma informaban a sus seres queridos por medio de los celulares. Los estudiantes tuiteaban preguntas sobre las áreas que rodaban las escuelas, para saber si era seguro regresar a casa. Cuando todas las tiendas alrededor de Reynosa cerraron a causa del caos, la población tuiteaba el nombre de las tiendas que le permitían a los civiles refugiarse en su interior.

Narco-bloqueo visto desde el interior del carro de un tuitero.

Por ello muchos de los residentes recurren a Twiter durante los narco-bloqueos y las balaceras, que incluso el gobierno municipal de Reynosa ha creado una cuenta propia. Cuando la ciudad se encuentra en calma, los tuits son informes de tráfico y el tiempo de espera en los puentes internacionales que conecta a la ciudad y Estados Unidos. Durante situaciones de emergencia, los tuits son de alerta y control de rumores. Después de que el narco-bloqueo del pasado miércoles comenzó, se tuiteo, "peligrosa situación el vecindario de Granjas Económicas y la Villa Florida. Bloqueos en varias partes de la ciudad. Evite viajar en esa área". Se enviaron tuits cada 15 minutos durante el narco-bloqueo, proporcionando información actualizada sobre la situación. Incluso respondió a las preguntas de los ciudadanos y reporteros por medió de Twiter, y envió equipos de emergencia a los ciudadanos que pedían ayuda por medio de Twiter. Cuando el bloqueo se levanto, informa las condiciones del tráfico así como los patrones del tráfico al restablecerse.

A raíz de los bloqueos, el tuitero "melenanl" escribió, "Gracias a todos ustedes que toman en serio #reynosafollow y a aquellos que lo utilizan con responsabilidad. Gracias a ustedes my hija y yo pudimos regresar a casa con seguridad".

A pesar de los tiroteos, lo bloqueos y la explosiones que sacudieron a Reynosa el pasado miércoles, sorprendentemente, solo un civil resultó muerto. El impacto que tiene Twiter en el bajo índice de muertes es debatible. A pesar de su potencial como herramienta que comunica mensajes rápidamente, fotos y videos que mantengan a los ciudadanos lejos de situaciones peligrosas, su alcance es limitado. En México, donde el costo del servicio de internet en casa cuesta el doble que los paquetes disponibles en Estados Unidos, solamente el 13.5% de los mexicanos cuentan con internet en sus hogares. Y solo lo ricos pueden darse el lujo de tener el servicio data (internet) en sus celulares, lo cual es necesario para recibir tuits en su celular.

Cuando se pregunto si existía un sistema de emergencia de difusión alternativo atreves del radio o la televisión para los ciudadanos que no pudieran acezar al internet y desean mantenerse informados durante situaciones peligrosas, el gobierno de Reynosa respondió atreves de Twitter, " en este momento no contamos con un sistema de alerta para la ciudadanía. Gracias por la sugerencia."

*Todos los tuits citados en este articulo fueron traducidos primero del español al ingles y luego traducidos del ingles al español. Por eso, en este articulo los tuits citados no aparecen exactamente como fueron orginalmente tuiteados.  Miles disculpas a los tuiteros de #reynosafollow por alterar sus palabras indebidamente.