La policía federal abre el fuego contra los manifestantes en Oaxaca

por Kristin Bricker, Upside Down World
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens y revisado por Elisa Viteri

Doctores quitan una bala de la pierna de
Gilardo Mota Figueroa.

Se informa de que la Policía Federal de México disparó al periodista radiofónico Gilardo Mota Figueroa mientras cubría una manifestación el martes pasado (15 de febrero) contra la visita del presidente Felipe Calderón a la ciudad de Oaxaca. Mota Figueroa dijo a la Crónica de Oaxaca que un agente de la Policía Federal, durante su enfrentamiento con el sindicato de maestros de Oaxaca, abrió fuego contra la multitud a unos seis metros de distancia. Una de las balas impactó en la pierna de Mota Figueroa. Entre 2 y 4 balas quedaron incrustadas en un todoterreno blindado que las autoridades habían dejado aparcado en la calle.

Durante la protesta, la Policía Federal también disparó a quemarropa granadas de gas lacrimógeno contra los manifestantes, hiriendo gravemente a por lo menos dos personas. Según el sindicato de maestros, el profesor de secundaria Raymundo Servando Santiago Sánchez fue hospitalizado con una lesión pulmonar debida al impacto de una granada de gas lacrimógeno en el pecho. Otra granada, esta vez supuestamente disparada por la Policía Estatal, impactó en la cara del manifestante Marcelino Coache, le fracturó el cráneo y le causó un trauma cerebral. Además, dos periodistas presentaron su denuncia ante la Oficina del Procurador del Estado por daños físicos y a su equipamiento, causado por la granadas de gas lacrimógeno que los impactaron durante la protesta.

Esta camioneta blindada recibió varios
impactos de bala durante la manifestación.

Para que sean consideradas “armas no letales”, las granadas de gas lacrimógeno deben ser disparadas al aire o contra el suelo. Las granadas de gas lacrimógeno fabricadas por Combined Tactical Systems Inc., que produce los lanzadores de granadas utilizados el martes por la Policía Federal, llevan una etiqueta de advertencia que dice: “Peligro: No dispare directamente contra persona(s). Puede producir heridas graves o la muerte.”

La Policía Federal es perfectamente consciente de que un golpe directo de una granada de gas lacrimógeno puede ser letal. En 2006, durante una operación conjunta entre la Policía Estatal y la Federal en San Salvador Atenco, una granada lacrimógena mató a Alexis Behumea, un manifestante de 23 años, al darle en la cabeza. Como resultado del “uso ilegítimo” de sus armas durante la operación en Atenco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del gobierno mexicano (CNDH) recomendó que la Policía Federal Preventiva (PFP), ahora la Policía Federal, y la Policía Estatal debían ser entrenados en el “uso adecuado” de sus armas. El jefe de la PFP rechazó la recomendación de la CNDH y, cinco años después, la Policía Federal sigue disparando granadas lacrimógenas contra las cabezas de los manifestantes.

Policías Federales disparan
cartuchos de gas lacrimógeno
directamente contra
manifestantes. 

Maureen Meyers, de la Oficina en Washington para Asuntos latinoamericanos (WOLA), argumenta que la violenta reacción de la policía ante las manifestaciones del martes “subraya la falta de todo mecanismo real de rendición de cuentas dentro de la Policía Federal”. Señala que la Policía Federal ocupa el tercer puesto en número de quejas presentadas contra agencias gubernamentales con relación a los derechos humanos, con las 595 quejas presentadas a la CNDH en 2010. “Crece el número de informes sobre los abusos cometidos por la Policía Federal”, dice Meyers. El 29 de octubre de 2010, la Policía Federal disparó en el estómago con munición de guerra a un joven manifestante mientras pintaba un grafiti durante la 11ª “Marcha contra la Muerte” en Ciudad Juárez.

Más fondos para la Iniciativa Mérida

El día antes de que la Policía Federal abriera fuego contra los manifestantes y la prensa en Oaxaca, el presidente estadounidense Barack Obama desveló el borrador de los presupuestos para 2012. Estos presupuestos incluyen 291,5 millones de dólares para los programas de la Iniciativa Mérida en México.

La policía disparó directamente contra este
manifestante con un proyectil no-identificado,
lo cual fracturó su cráneo.

La Secretaría de Seguridad Pública de México (SSP), a cargo de la Policía Federal, es uno de los mayores beneficiarios del financiamiento de la Iniciativa Mérida. Mediante la Iniciativa Mérida, la Policía Federal recibe equipamiento, entrenamiento (por parte de las policías estadounidense y colombiana, así como de contratistas privados), e incluso helicópteros Black Hawk. Aunque el presupuesto de Obama para 2012 reduce la financiación de la Iniciativa Mérida mexicana en unos 250 millones de dólares en comparación con el año anterior, aumenta la partida para INCLE (siglas en inglés de Control Internacional de Narcóticos y Ejecución de la Ley) en 500.000 dólares. El financiamiento de INCLE es lo que financia la mayor parte de, si no toda, la ayuda a la Policía Federal.

Algunos fondos de la Iniciativa Mérida son destinados a la reducción de la corrupción dentro de la Policía Federal. Esa ayuda, señala Meyers, “se concentra más en centros de control de confianza y pruebas de polígrafo. Eso obviamente no tiene que ver con este modelo generalizado de abuso”.

Marcelino Coache tiene el
cráneo fracturado y trauma
cerebral como resultado de
un cartucho de gas que le
pegó en la cabeza.

Meyers señala que existen tres mecanismos de rendición de cuentas que, en teoría, asegurarían que la ayuda de la Iniciativa Mérida no cayera en manos de violadores de los derechos humanos, como los agentes de la Policía Federal que abren fuego contra manifestantes desarmados. El primero es la Enmienda Leahy, que prohíbe destinar cualquier tipo de ayuda fuera de EE.UU. a “cualquier unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero, cuando se dé el caso de que el secretario de Estado tenga pruebas fiables de que esa unidad ha cometido brutales violaciones de los derechos humanos” y no haya castigado a los delincuentes. La embajada de EE.UU. rastrea a los abusadores de los derechos humanos a título individual en una base de datos, pero Meyers señala que la fuerza de la base de datos depende de la cantidad de información que registre en ella la embajada de EE.UU.. Kent Patterson, del Programa Américas, ha criticado la puesta en práctica de la Enmienda Leahy por parte de EE.UU.: “México, como Colombia, soslaya la cuestión seleccionando para entrenamiento sólo a unos pocos individuos de las unidades afectadas, en lugar de entrenar a todas las unidades.”

Los otros dos mecanismos de rendición de cuentas que se aplican a la ayuda estadounidense a México para la guerra contra la droga están relacionados con la propia Iniciativa Mérida. Sólo un quince por ciento de la ayuda a la Iniciativa Mérida está condicionada a que México mejore la responsabilidad y la transparencia en la Policía Federal y las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, a fin de recibir los fondos condicionados, México debe demostrar que investiga y procesa a aquellos soldados y policías federales contra los que se ha presentado una acusación creíble de violaciones de los derechos humanos. “Que sepamos, en este último caso no hemos visto realmente ningún caso en el cual los policías federales implicados en abusos hayan sido efectivamente investigados y sancionados”, dice Meyers.

A pesar de la flagrante impunidad de los violadores de los derechos humanos pertenecientes a las fuerzas de seguridad, las condiciones de los derechos humanos de Mérida no han afectado significativamente en el flujo de la ayuda destinada a la guerra contra la droga en México. El Congreso de EE.UU. ha retenido simbólicamente algunos de los fondos, pero hasta ahora las condiciones de los derechos humanos no han retrasado la llegada del dinero de la Iniciativa Mérida durante mucho más tiempo que el que lleva el trámite burocrático normal, mientras pasaba el otro 85% de los fondos no condicionados.

© 2011 Upside Down World

Oaxaca: CODEP habla sobre la guerra anti-narco y la criminalización de la lucha social

por Kristin Bricker, Upside Down World

Miembros del CODEP enfrente de la
puerta que los militares rompieron
para allanar sus instalaciones sin
órden de cateo.
Foto por Santiago Navarro

Aproximadamente a las 6:45 P.M. del martes 11 de enero, el Ejército mexicano allanó la oficina del Comité para la Defensa de Derechos del Pueblo (CODEP) y el Comité para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM) ambas en la ciudad de Oaxaca. Según miembros del CODEP que estuvieron presentes durante este allanamiento, aproximadamente 20 soldados uniformados en un vehículo oficial se estacionaron delante del edificio donde se encuentran las oficinas de estas organizaciones, rompieron la puerta provisional de lamina y registraron sus oficinas. Después de que los soldados rompieron la puerta, encañonaron a Patrocino Martinez, miembro del CODEP . Martinez dice que les exigió una orden de cateo, pero que los soldados lo empujaron y se fueron corriendo hacia la escalera del edificio, que está actualmente en obra negra.

Otros miembros de la organización lograron cerrar las puertas de las oficinas donde mantienen sus computadoras, copiadoras, así como sus archivos, por lo que los soldados no pudieron entrar a registrar esas oficinas. Sin embargo, los soldados sí lograron entrar a otras oficinas que se encontraban abiertas, que incluyeron un dormitorio y un taller de serigrafía. Según Martínez, los soldados tomaron fotos de esas oficinas. Sin embargo, no se llevaron ningún artículo del edificio, ni hicieron arresto alguno.

Los miembros de CODEP que presenciaron el allanamiento dicen que los soldados les preguntaron a punta de pistola acerca del trabajo de la organización y del crimen organizado. Ernesto López dice que el comandante de los soldados, que solo se identificó como "Carlos," le dijo que recibieron una "denuncia que el crimen organizado se reunía aquí". Mientras tanto, otros soldados cuestionaron a varios vecinos si sabían de posibles actividades criminales o relacionadas con las drogas, en o cerca del edificio de estas organizaciones.

Durante el allanamiento los soldados no presentaron nunca una orden de cateo y se negaron a identificarse. Sin embargo uno de los miembros del CODEP logró anotar el numero de matricula del vehículo del convoy militar en que los soldados viajaban.

Después del allanamiento, el CODEP y el CODEM se pusieron en contacto con un diputado, que a su vez se comunicó con el Ejército. Según el diputado, los militares dijeron que "habían detectado algo en la zona" y que eso fue el justificante para ese allanamiento.

El CODEP y el CODEM presentaron quejas ante la comisión nacional y estatal de derechos humanos, así como en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, solicitando que investiguen el allanamiento y le provean al CODEP y al CODEM la información de lo ocurrido.

Historia de Represión
En una entrevista con Upside Down World, miembros del CODEP y del CODEM no parecían perturbados por el reciente allanamiento de noche de sus oficinas por soldados armados con poderosos rifles de asalto. Esto se debe a que no ha sido la primera vez que ellos han sufrido represión por parte del gobierno, ni es el peor ataque. En este último acontecimiento, "mas o menos le midieron," dice la líder del CODEM Claudia Tapia. "Porque antes iban con lujo de violencia, golpeándonos".

En sus dieciocho años de organizar a mujeres, campesinos, taxistas e indígenas, el CODEP y organizaciones afines como el CODEM han encarado una fiera oposición del gobierno del estado-y en particular del anterior gobernador Ulises Ruiz Ortiz. "Desde sus días como Senador, nosotros sabíamos qué tipo de persona [Ruiz] era," dice Tapia. "Tanto así que desde el inicio de su campaña electoral, nos opusimos".

En febrero de 2005, durante el período previo al alzamiento popular del 2006 que casi derribó a Ulises Ruiz, José Luiz Soberanes, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, organizó una negociación entre el gobierno del estado de Oaxaca y el CODEP. El CODEP quería negociar la liberación de un preso político que había sido detenido inmediatamente después de que Ruiz asumiera el cargo. "Sin embargo," recuerda Tapia, "en vez de que llegara Ulises Ruiz [a la mesa de diálogo] tal y como lo había acordado, envió a la policía, y ellos detuvieron a nuestros compañeros". La policía invadió el hotel donde las negociaciones se realizarían, así como a una oficina de CODEP, deteniendo a un total de siete miembros del CODEP. Algunos estuvieron varios meses en la prisión.

Encolerizados, los miembros del CODEP continuaron luchando contra la administración de Ruiz. En mayo del 2006, cuando el sindicato de los maestros de Oaxaca se declaró en huelga para mejorar las condiciones en sus escuelas, el CODEP se unió a su plantón en el zócalo de la Ciudad de Oaxaca. Los miembros de CODEP estaban en el plantón junto con sus hijos hasta el 14 de junio, el infame día en que Ruiz mandó a la policía estatal para disolver violentamente el plantón de los maestros sin advertencia alguna.

El CODEP es una de las organizaciones que conformó en su inicio a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el conglomerado de organizaciones, comunidades e individuos que surgió despues de la represión del 14 de junio para expulsar al gobernador Ulises Ruiz. Cuando el entonces presidente Vicente Fox envió la policía federal a disolver violentamente el movimiento de la APPO en la Ciudad de Oaxaca el 25 de noviembre de 2006, Marcos García, miembro del CODEP, viajó a comunidades simpatizantes de Oaxaca solicitando el apoyo para defender la capital. El 27 de noviembre, mientras viajaba a una comunidad, García fue atacado por un comando armado que el CODEP identifica como un grupo paramilitar, uno de los muchos que operó en el estado en aquel momento. Atacaron a García con armas de alto poder, balaceando su vehículo con 177 balas, ocho de los cuales lo alcanzaron en su cuerpo. Milagrosamente, sobrevivió el ataque.

La represión del Estado contra el CODEP ha continuado desde aquel alzamiento de 2006. El 25 de octubre de 2008, alrededor de veinte policías federales invadieron una casa en la Ciudad de Oaxaca donde miembros del CODEP trabajaban y vivían. Según la policía, ese allanamiento fue una operación anti-crimen organizado. La policía torturó a Luis Ramón González López, miembro del CODEP por una hora. Lo golpearon, le pusieron una una bolsa de plástico sobre la cabeza, y aplicaron el infame tehuacanazo, una táctica de tortura que es popular entre la policía mexicana. El tehuacanazo consiste en agua mineral (mezclada a veces con chile) que es arrojada en forma de chorro dentro de la nariz de la víctima, creando una sensación de ahogamiento que ocasiona una sensación abrasadora intensa, causando a veces que la víctima se desmaya. Esa sesión de tortura le dejó a González López con una costilla rota y un pulmón perforado. Durante el interrogatorio, la policía le pedía a González López que les dijera la ubicación de una "maleta de dinero," una petición que desconcierta a el CODEP hasta hoy día. "Esa casa es tan humilde que ni a caso va la pregunta," dice Tapia. "Ellos sólo quieren aterrorizarnos". Despues de la sesión de tortura, la policía les confiscó un ordenador portátil, dos teléfonos celulares, documentos y recortes periodísticos acerca del alzamiento de 2006.

La Guerra contra la Droga es la Nueva Guerra Fría
El CODEP sabe que no es coincidencia que este es el segundo allanamiento en pos de la guerra anti-narco que ellos han sufrido desde que Presidente Felipe Calderón desplegó al ejército para combatir los cárteles de droga hacia finales de 2006. En un comunicado de prensa acerca del allanamiento, el CODEP declaró: " Es indudable que esta estrategia de terrorismo de estado que sigue avanzando en nuestro país, forma parte del Plan Mérida [una dotación de ayuda de la guerra contra la droga] y Plan Mesoamericano [anteriormente conocido como el Plan Puebla-Panamá, un proyecto de "desarrollo" neoliberal] que los gobiernos panistas y priistas [de México] suscribieron con los EEUU... con el objetivo de destruir los organismos de derechos humanos y a las organizaciones sociales y populares que representan una oposición a la continuación de la destrucción de nuestra nación y la entrega de la soberanía nacional a los intereses extranjeros".

"Esto no es nuevo," dice Lopez. "Esto lo hemos visto durante la Guerra Fría y otras guerras. Ahora Estados Unidos no tiene un pretexto ni a un enemigo ficticio como tuvieron en los años setenta, donde el enemigo fue el comunismo. Cuando el Bloque soviético cayó, ya no había un enemigo que utilizar para inventar una guerra. Entonces ahora el enemigo que crearon es lo relacionado con el trafico de droga y el crimen organizado. Ahora, los que luchan contra el gobierno para demandar sus derechos, son también considerados como crimen organizado. En México, con la Iniciativa Mérida, EEUU quiere tener control militar sobre el territorio...y no permitir un movimiento social como el que ocurrió en Oaxaca en 2006 o en Chiapas [con los Zapatistas] en los años noventa. EEUU quiere controlar nuestro gobierno y controlar nuestro país para que pueda apropiarse de los recursos naturales de México".

Traducido por Jeremías Medina 

Los Derechos Humanos No Son Una Prioridad Para Los EE.UU. En Guerra Contra Las Drogas En México

por Kristin Bricker

Los Presidentes Obama y Calderón

Citando preocupaciones de los derechos humanos, el Departamento de Estado de los EE.UU. ha recomendado que una pequeña porción de la Iniciativa Mérida, el paquete de ayuda contra las drogas de México, sea temporalmente retenida.

En un informe enviado al Congreso la semana pasada, el Departamento de Estado recomienda que los 26 millones dólares de la Iniciativa Mérida se retendrán hasta que México mejore los derechos humanos. Sin embargo, en el mismo informe, el Estado recomienda que el Congreso libere $36 millones en fondos que fueron retenidos con anterioridad debido a las preocupaciones de Derechos Humanos.

El quince por ciento de cada entrega de fondos de la Iniciativa Mérida están condicionados para que el gobierno mexicano elimine el uso de testimonios obtenidos mediante tortura en los tribunales, mejorar la transparencia en las fuerzas de la policía, juzgar a los soldados acusados de crímenes contra los civiles en tribunales civiles, y la consulta a la sociedad civil sobre cómo se aplica la Iniciativa Mérida. Los $ 26 millones el Estado no desea retener representan el 15% de los últimos tramos, para el año fiscal de 2010. Los 36 millones dólares que serán liberados habían sido retenidos en tramos anteriores.

Las notas de PA (Prensa Asociada, AP Associated Press) que, "Dado que el gasto Mérida se queda más de un año detrás de las asignaciones, la decisión del viernes tendrá un impacto financiero mínimo". Hasta el momento las condiciones de los derechos humanos no han retenido el dinero de la Iniciativa Mérida por más tiempo del que lo han hecho las trabas burocráticas que han mantenido el otro 85% de los fondos no condicionados.

Organizaciones de derechos humanos no estaban particularmente impresionados por la decisión de los Estados Unidos al retener los $ 26 millones, lo que constituye sólo el 1.7% de los $ 1.5 billones de dólares que México recibirá a través de la Iniciativa Mérida. Nik Steinberg Vigilante de los Derechos humanos dijo al Washington Post: "Nada debería haber sido liberado, porque México simplemente no cumple con los requisitos de derechos humanos. Hay grandes y constantes abusos por parte de los militares, para los que tienen impunidad total".

De la misma forma el gobierno mexicano no se ha impresionado con la decisión del Departamento de Estado al retener una parte de los fondos. Se niega a cumplir la condición de que los soldados acusados de crímenes contra civiles sean juzgados en tribunales civiles. Bajo el sistema actual, el ejército investiga y trata a todos los soldados acusados de crímenes cometidos en el cumplimiento de su deber, sin importar si el delito es una violación de los reglamentos militares o de la ley civil.

Los militares raramente optan por procesar a su personal. Un informe de 2009 del Departamento de Estado encontró que de las más de 2.000 quejas sobre derechos humanos presentadas contra el ejército mexicano desde diciembre de 2006, sólo dos resultaron en una acción civil. Los informes militares mexicanos demuestran que desde 1996 ha condenado sólo a ocho soldados de crímenes contra los derechos humanos.

Un funcionario del Departamento de Estado, bajo condición de anonimato, dijo a el Reforma de México que el gobierno de EE.UU. había decidido suspender temporalmente los $ 26 millones de los fondos de la Iniciativa Mérida "hasta que México haya demostrado avances en temas como la supervisión civil de las acusaciones contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos, así como una legislación que fortalezca la Comisión Nacional de Derechos Humanos," la oficina del gobierno mexicano que investiga las violaciones de los derechos humanos. En concreto, dijo una fuente en el Capitolio, los Estados Unidos retienen los fondos, esperando a ver que el gobierno mexicano mantendría una Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sentencias que requerirán de investigación de civiles y el enjuiciamiento de militares que cometan abusos a los derechos humanos.

La sentencia en cuestión de CIDH se refiere a la desaparición en 1974 de Rosendo Radilla en el estado de Guerrero. Testigos vieron a los soldados detener Radilla en un retén militar y transportarlo a una base militar. A partir de ahí, desapareció y su cuerpo nunca fue recuperado. Después de ganar su caso en la CIDH, la familia Radilla solicitó a la Suprema Corte de México llevar a cabo la sentencia de la CIDH, que ordenaba al gobierno mexicano pagar una indemnización a la familia de Radilla, publicar un libro sobre su desaparición, reconociendo oficialmente su papel en la desaparición, continuar las excavaciones hasta encontrar el cuerpo de Radilla, y cambiar la ley mexicana para que los soldados acusados de abusos contra los derechos humanos sean juzgados en tribunales civiles.

Es evidente que el gobierno mexicano quedó imperturbable por la decisión del Departamento de Estado de retrasar una pequeña porción de los fondos de la Iniciativa Mérida: el 7 de septiembre el Supremo Tribunal votó 8-3 en contra, incluso al oír el caso Radilla.

A pesar de la retórica de la administración de Obama que concierne el respeto de los derechos humanos en la guerra contra las drogas de México, sus acciones tienen un escaso incentivo para que México mejore su historial. En la liberación de fondos condicionados que habían sido previamente retenidos, envía el mensaje de que su verdadera prioridad es proveer a México con el equipo y la formación que necesita para seguir luchando en la cada vez más violenta guerra contra las drogas. Para empeorar las cosas, inmediatamente después de que el Departamento de Estado envió su informe sobre la Iniciativa Mérida al Congreso de Derechos Humanos, funcionarios de la Casa Blanca dijeron al diario Los Angeles Times que el gobierno de Obama está "considerando un aumento del gasto sustancial en la guerra contra las drogas de México" porque es "un prioridad alta administración”.

Los derechos humanos parecen ser una preocupación secundaria.

Iniciativa Mérida Bajo la Lupa Tras la Visita de Clinton a México

Una delegación de EE.UU. a nivel de gabinete junto con la Secretaria de Estado Hillary Clinton y varios oficiales de la milicia, seguridad y de inteligencia en México, han dado lugar a un debate sin precedentes y crítica de la Iniciativa Mérida en los medios de comunicación. Los oficiales Estadounidenses estaban en México para discutir la fase dos de la Iniciativa Mérida, un paquete de ayuda militar y policíaca estadounidense que se encuentra a expira en 2011.

Clinton y su homóloga la Secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa, sostuvieron una conferencia de prensa donde lanzaron una declaración vaga en la que ambos países reforzaron su compromiso para detener a los traficantes de drogas y combatir el tráfico ilegal de armas, la corrupción y el lavado de dinero. Durante la conferencia de prensa, un reportero pregunto si los funcionarios de EE.UU. y México discutieron la despenalización como una posible alternativa a la guerra contra la droga, la cual ha cobrado casi 23,000 vidas en México desde finales de 2006 cuando el presidente Felipe Calderón envió al ejército para luchar contra los cárteles de drogas. A lo cual Clinton respondió: “No”.

Dentro de la cobertura de la reunión, la prensa estadounidense afirmo que la administración de Obama está cambiando las prioridades de la Iniciativa Mérida. La declaración Clinton-Espinosa menciona “Construimos comunidades fuertes y resistentes” como una prioridad para la siguiente fase de la Iniciativas de Mérida. Por otra parte, la solicitud del Presidente Obama para el presupuesto 2011 dedicado a la guerra contra las drogas de México, dice “el apoyo cambiaria de proveer aviones, equipos y otros artículos de alto costo; a el desarrollo de las instituciones, entrenamiento y asistencia técnica”.

Sin embargo, Laura Carlsen de Americas Program cuestiono la administración retorica de la Iniciativa Mérida de Obama: “La reunión conto con la participación de un alto nivel de seguridad y oficiales de la defensa, sin la presencia de uno solo de los miembros de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) o del zar antidrogas Gil Kerlikowske, quien supuestamente se encargaría de la ejecución de los compromisos de EE.UU. para reducir la demanda de drogas ilegales. No hay referencias serias, esfuerzos fundamentados por reducir la corrupción y el tráfico en los Estados Unidos; y declaraciones sobre la disminución de la demanda y el aumento de la ayuda a los programas de lucha contra la pobreza en México permanecen vagas e imprecisas.

En México la reacción a la versión de Obama sobre la Iniciativa Mérida fue extrema, sobre todo porque Janet Napolitano dio una polémica entrevista a la NPR en la cual afirmaba que “hay discusiones sobre el papel de nuestro ejército… en la solicitud de, y la consulta y cooperación [de] los mexicanos.

“¿Estás diciendo que (el presidente mexicano Felipe) Calderón se ha expresado a favor de la entrada de uniformados militares estadounidense dentro de México?”, pregunto Robert Siegel de NPR. A lo cual Napolitano respondió, “Si, quiero ser muy, muy claro [porque] este es un tema muy delicado… Nuestros militares de cierta forma muy limitada han trabajado con los militares mexicanos en sus esfuerzos contra los cárteles de la droga. Pero, obedece a la solicitud del gobierno mexicano, consultado por el gobierno mexicano. Y es sólo una parte del total de nuestros esfuerzos con México, los cuales son principalmente de carácter civil.

Esta declaración causo un escándalo dentro de la prensa mexicana. Proceso, una de las revistas políticas más respetadas en México, informo que Napolitano “Se revela que el Presidente Felipe Calderón solicitó a la administración de Obama enviar soldados para llevar a cabo operaciones contra la droga junto con militares mexicanos… funcionarios de la administración de Calderón han negado una y otra vez que las puertas al territorio mexicano se han abierto a las tropas de EE.UU.”.

Eso no es cierto- Napolitano nunca dijo que Calderón solicito que los solados estadounidenses participaran en operaciones contra las drogas en México, además de que las autoridades mexicanos nunca dijeron que los soldados de EE.UU. no pondrían un pie en suelo mexicano. Sin embargo, el artículo y la indignación que este provocó en todo el país demuestran que los mexicanos en consenso, no consideran bienvenidos a los militares estadounidenses en México bajo ninguna circunstancia. También demuestra la amnesia de los medios mexicanos sobre la presencia colectiva de los militares de EE.UU. en México.

El ejército estadounidense ha tenido una presencia relativamente pequeña pero constante en México por lo menos desde 1999, la información del número del personal militar de EE.UU. en servicio activo en México que se tiene desde los primeros años está disponible. En 1999, habían 33 soldados estadounidenses estacionados en México; en la actualidad hay 26 aproximadamente. El Departamento de Defensa ha enviado personal militar a México para entrenar a los militares mexicanos cada año, desde por lo menos 2001, el primer año el Pentágono comenzó a romper los entrenamientos militares extranjeros por ubicación. Los EE.UU. han entrenado a los militares mexicanos en materia de seguridad, recolección de información y análisis, lucha contra el terrorismo, ingles, operaciones especiales, planificación de la interdicción, relación militar-civil, aplicación de la ley táctica, lucha contra el contrabando y aviación- todo sobre en mexicano.

La presencia de instructores militares estadounidenses en México no es un secreto: el Departamento de Defensa publico la información en línea. En 2007, el periódico La Jornada se tropezó con los documentos en que se indica la información sobre los militares que entrenan en el territorio mexicano en 2006. El artículo de La jornada apenas y toco la punta del glaciar, pero contenía la información suficiente para que los medios mexicanos estuvieran consientes de que los instructores militares de EE.UU. se encuentran en México y desde hace ya bastante tiempo.

La Iniciativa Mérida-fundada militares de EE.UU, los entrenadores ya operan en México. Reporte de USA Today:

Cerca de 20 equipos, que varían en tamaño de una a cinco personas viajan a México cada año realizando visitas cortas para auxiliar en la capacitación, dijo Renuart. La mayoría son veteranos de Afganistán o Irak. El Comando del Norte comenzó a enviar equipos de asesoramiento desde hace dos años.

Tanto los medios de comunicación estadounidenses como los mexicanos descartan que los mexicanos tiendan a reaccionar negativamente hacia los comentarios de –napolitano como algo importante, respuesta que se derivaría de un evento que algunos considerarían historia antigua: La Guerra México-Estados Unidos de 1846.1848, durante la cual el ejército de EE.UU. invadió a México. Sin embargo, la historia más reciente nos sugiere que la preocupación de los mexicanos acerca de la relación tan estrecha entre los militares mexicanos y estadounidenses es totalmente racional.

Parece que cada vez que el gobierno mexicano se encuentra en su peor momento, los militares estadounidenses están ahí para tenderles la mano. Dos de los ejemplos más infames son el de 1971 la masacre de Corpus Christi en la cual paramilitares golpearon a muerte a 25 estudiantes y dejaron a decenas de heridos, y 1994 la sangrienta represión que siguió al levantamiento del Ejercito Zapatista de Libertad Nacional

Según los documentos y fotografías del ejército mexicano un avión estadounidense cargado de explosivos entro en un hangar de México en 1969. Los militares estadounidenses utilizaron esos explosivos para entrenar a miembros de la Guardia Presidencial de México como parte de un curso de “terrorismo urbano”. De acuerdo con el Secretario de Defensa en el momento, Marcelino García Barragán, los soldados que recibieron el entrenamiento colocaron las bombas en edificios del gobierno federal y tres oficinas del periódico. La operación de acuerdo con el investigador mexicano Carlos Montemayor, fue parte de una campaña de guerra sucia de terror que culmino en 1971 en la masacre de Corpus Christi.


Recientemente, la formación militar de EE.UU para los soldados mexicano se disparo después del levantamiento Zapatista de 1994. De acuerdo con el Cetro para la Integridad Pública, Desde 1984 a 1992, un total de 512 tropas mexicanas fueron entrenadas por los Estados Unidos, un promedio de 57 estudiantes por año. Desde 199. Los Estados Unidos han entrenado a más de 4,000 efectivos militares mexicanos, un promedio de 800 al año, un portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU. dijo. Algunos de los cursos tuvieron lugar en os Estados de Guerrero, Chiapas, Veracruz y la Ciudad de México. El incremento en la cooperación de México lo ha convertido en el principal receptor del fondo en América Latina del Programa Internacional de Educación y Entrenamiento Militar en 1996 hasta 1999 y segundo en el año 2000 después de Colombia… y México ocupo el primer lugar éntrelas naciones con el mayor número de soldados entrenados en la Escuela de la Américas en 1997 y 1998.

Este entrenamiento ocurrió a pesar de que una unidad de militares mexicanos liderados por un graduado de la Escuela de la Américas masacro velozmente a cinco personas atadas en un mercado de Chiapas durante el levantamiento de 1994. El entrenamiento continúo a pesar de que el Pentágono tenía información de inteligencia confiable de que el ejército mexicano estaba organizando grupos paramilitares para atacar bases de apoyo zapatista, aun cuando los zapatistas declararon un alto al fuego.

Estrecha relación Militar a Militar

Mientras que en la superficie parecerá que la nueva Iniciativa Mérida de Obama pone menos énfasis en el papel del ejército en la guerra contra las drogas, la ausencia de nuevos aviones no quiere decir que el papel del ejército mexicano disminuirá en la guerra contra las drogas. Mejor dicho, la nueva Iniciativa Mérida pretende preparar a los militares mexicanos para una guerra larga, interminable.

El proyecto de presupuesto para el 2011 de Obama incluye $ 8 millones en el financiamiento militar con el fin de “de fomentar una mayor cooperación entre Estados Unidos y los militares mexicanos”. Esta cooperación se dará en una mayor formación de militar a militar.

Altos oficiales militares de EE.UU. dicen que la Iniciativa Mérida se centrara en la preparación del ejército mexicano para una guerra muy parecida a la que sostiene EE.UU. en Afganistán e Irak. “Necesitan el apoyo de inteligencia, capacidades y tácticas que se han desarrollado para nosotros en nuestra lucha contra las redes terroristas del mundo”, palabras del Almirante Naval Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto. “Existen demasiadas similitudes”. Mullen viajo con Clinton para participar en la Reunión del Grupo de Consulta de Alto Nivel de la Iniciativa Mérida en México.

De la fuerza Aérea, el general Gene Renuart, comandante del comando Norte, está de acuerdo con su colega. “Hemos aprendido y crecido mucho de la forma en que hemos conducido las operaciones contra las redes terroristas y combatientes insurgentes”, dijo Renuart al USA Today. “Muchas de las tácticas que se utilizan para perseguir a las redes se aplican… a las organizaciones de trafico de drogas”.

De acuerdo con el USA Today, los militares de EE.UU están ayudando a su contraparte mexicana a adquirir los “conocimientos necesarios para ayudara a transformar el ejercito de México de una fuerza convencional diseñada para contrarrestar las amenazas externas, a un ejército librando una guerra irregular donde el enemigo vive entre la población civil”.

El problema, como los iraquí y afganos han descubierto, es que en una guerra donde “el enemigo vive entre los civiles”, cualquiera puede ser confundido con el enemigo. En México, la línea entre los civiles y “el enemigo” es cada vez más borrosa. Este punto puede ser ilustrado con el pasado día de Pascua, cuando los soldados abrieron fuego contra un camión lleno de niños en un reten militar. Dos niños pequeños murieron. El gobierno emitió inmediatamente un comunicado de prensa afirmando que dos “delincuentes” murieron en el tiroteó, además de haberse apoderado de un impresionante arsenal de armas y vehículos blindados durante el tiroteo. Posteriormente, el gobierno reviso su historia para declarar que los niños estaban atrapados en “fuego cruzado” entre los soldados y los narcotraficantes. Los padres, hablaron con la prensa desde su habitación en el hospital, declarando que solamente los soldados se encontraban presente en el lugar y que fueron ellos quienes le apuntaron a la familia.

Los militares han utilizado constantemente el pretexto de “buscar marihuana” para atacar las fortalezas zapatistas, a pesar de nunca haber encontrado alguna droga dentro del territorio zapatista.

Los Zapatistas no son los únicos en sufrir las represiones de la guerra contra las drogas. En 2009, la policía federal y estatal secuestraron a tres líderes campesinos de la base-Chiapas de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). El gobierno dijo a la prensa que la OCEZ fue un frente para los traficantes de drogas. La campaña de difamación justifico el crecimiento militar en la región, donde también viven simpatizantes zapatistas. Después de dos meses de encarcelamiento y horas de tortura, los líderes de la OCEZ fueron puestos en libertad sin cargos, No obstante, la región continúa bajo vigilancia militar.

El pasado octubre, en lo que posiblemente se puede considerar como la demostración más aterradora de militarización de la guerra contra las drogas, a punta de pistola la policía federal disparo a 44,000 trabajadores sindicalizados electricistas, Calderón le ordeno a la policía atacar Luz y Fuerza del Centro compañía de electricidad propiedad del gobierno, solo después de que se hizo el ataque para emitir un comunicado en el que se disolvía legalmente la empresa y por defecto la unión. El sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que sigue luchando por los puestos de trabajo de sus miembros, se considera uno de los sindicatos más antiguos y más radicales de la nación. La policía federal que llevo a cabo la orden de dispararles a los trabajadores reciben entrenamiento militar, aparentemente para proporcionarles las habilidades que necesitan para librar la guerra contra las drogas. Se encuentran entre los principales beneficiarios de la Iniciativa Mérida.