La policía federal abre el fuego contra los manifestantes en Oaxaca

por Kristin Bricker, Upside Down World
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens y revisado por Elisa Viteri

Doctores quitan una bala de la pierna de
Gilardo Mota Figueroa.

Se informa de que la Policía Federal de México disparó al periodista radiofónico Gilardo Mota Figueroa mientras cubría una manifestación el martes pasado (15 de febrero) contra la visita del presidente Felipe Calderón a la ciudad de Oaxaca. Mota Figueroa dijo a la Crónica de Oaxaca que un agente de la Policía Federal, durante su enfrentamiento con el sindicato de maestros de Oaxaca, abrió fuego contra la multitud a unos seis metros de distancia. Una de las balas impactó en la pierna de Mota Figueroa. Entre 2 y 4 balas quedaron incrustadas en un todoterreno blindado que las autoridades habían dejado aparcado en la calle.

Durante la protesta, la Policía Federal también disparó a quemarropa granadas de gas lacrimógeno contra los manifestantes, hiriendo gravemente a por lo menos dos personas. Según el sindicato de maestros, el profesor de secundaria Raymundo Servando Santiago Sánchez fue hospitalizado con una lesión pulmonar debida al impacto de una granada de gas lacrimógeno en el pecho. Otra granada, esta vez supuestamente disparada por la Policía Estatal, impactó en la cara del manifestante Marcelino Coache, le fracturó el cráneo y le causó un trauma cerebral. Además, dos periodistas presentaron su denuncia ante la Oficina del Procurador del Estado por daños físicos y a su equipamiento, causado por la granadas de gas lacrimógeno que los impactaron durante la protesta.

Esta camioneta blindada recibió varios
impactos de bala durante la manifestación.

Para que sean consideradas “armas no letales”, las granadas de gas lacrimógeno deben ser disparadas al aire o contra el suelo. Las granadas de gas lacrimógeno fabricadas por Combined Tactical Systems Inc., que produce los lanzadores de granadas utilizados el martes por la Policía Federal, llevan una etiqueta de advertencia que dice: “Peligro: No dispare directamente contra persona(s). Puede producir heridas graves o la muerte.”

La Policía Federal es perfectamente consciente de que un golpe directo de una granada de gas lacrimógeno puede ser letal. En 2006, durante una operación conjunta entre la Policía Estatal y la Federal en San Salvador Atenco, una granada lacrimógena mató a Alexis Behumea, un manifestante de 23 años, al darle en la cabeza. Como resultado del “uso ilegítimo” de sus armas durante la operación en Atenco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del gobierno mexicano (CNDH) recomendó que la Policía Federal Preventiva (PFP), ahora la Policía Federal, y la Policía Estatal debían ser entrenados en el “uso adecuado” de sus armas. El jefe de la PFP rechazó la recomendación de la CNDH y, cinco años después, la Policía Federal sigue disparando granadas lacrimógenas contra las cabezas de los manifestantes.

Policías Federales disparan
cartuchos de gas lacrimógeno
directamente contra
manifestantes. 

Maureen Meyers, de la Oficina en Washington para Asuntos latinoamericanos (WOLA), argumenta que la violenta reacción de la policía ante las manifestaciones del martes “subraya la falta de todo mecanismo real de rendición de cuentas dentro de la Policía Federal”. Señala que la Policía Federal ocupa el tercer puesto en número de quejas presentadas contra agencias gubernamentales con relación a los derechos humanos, con las 595 quejas presentadas a la CNDH en 2010. “Crece el número de informes sobre los abusos cometidos por la Policía Federal”, dice Meyers. El 29 de octubre de 2010, la Policía Federal disparó en el estómago con munición de guerra a un joven manifestante mientras pintaba un grafiti durante la 11ª “Marcha contra la Muerte” en Ciudad Juárez.

Más fondos para la Iniciativa Mérida

El día antes de que la Policía Federal abriera fuego contra los manifestantes y la prensa en Oaxaca, el presidente estadounidense Barack Obama desveló el borrador de los presupuestos para 2012. Estos presupuestos incluyen 291,5 millones de dólares para los programas de la Iniciativa Mérida en México.

La policía disparó directamente contra este
manifestante con un proyectil no-identificado,
lo cual fracturó su cráneo.

La Secretaría de Seguridad Pública de México (SSP), a cargo de la Policía Federal, es uno de los mayores beneficiarios del financiamiento de la Iniciativa Mérida. Mediante la Iniciativa Mérida, la Policía Federal recibe equipamiento, entrenamiento (por parte de las policías estadounidense y colombiana, así como de contratistas privados), e incluso helicópteros Black Hawk. Aunque el presupuesto de Obama para 2012 reduce la financiación de la Iniciativa Mérida mexicana en unos 250 millones de dólares en comparación con el año anterior, aumenta la partida para INCLE (siglas en inglés de Control Internacional de Narcóticos y Ejecución de la Ley) en 500.000 dólares. El financiamiento de INCLE es lo que financia la mayor parte de, si no toda, la ayuda a la Policía Federal.

Algunos fondos de la Iniciativa Mérida son destinados a la reducción de la corrupción dentro de la Policía Federal. Esa ayuda, señala Meyers, “se concentra más en centros de control de confianza y pruebas de polígrafo. Eso obviamente no tiene que ver con este modelo generalizado de abuso”.

Marcelino Coache tiene el
cráneo fracturado y trauma
cerebral como resultado de
un cartucho de gas que le
pegó en la cabeza.

Meyers señala que existen tres mecanismos de rendición de cuentas que, en teoría, asegurarían que la ayuda de la Iniciativa Mérida no cayera en manos de violadores de los derechos humanos, como los agentes de la Policía Federal que abren fuego contra manifestantes desarmados. El primero es la Enmienda Leahy, que prohíbe destinar cualquier tipo de ayuda fuera de EE.UU. a “cualquier unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero, cuando se dé el caso de que el secretario de Estado tenga pruebas fiables de que esa unidad ha cometido brutales violaciones de los derechos humanos” y no haya castigado a los delincuentes. La embajada de EE.UU. rastrea a los abusadores de los derechos humanos a título individual en una base de datos, pero Meyers señala que la fuerza de la base de datos depende de la cantidad de información que registre en ella la embajada de EE.UU.. Kent Patterson, del Programa Américas, ha criticado la puesta en práctica de la Enmienda Leahy por parte de EE.UU.: “México, como Colombia, soslaya la cuestión seleccionando para entrenamiento sólo a unos pocos individuos de las unidades afectadas, en lugar de entrenar a todas las unidades.”

Los otros dos mecanismos de rendición de cuentas que se aplican a la ayuda estadounidense a México para la guerra contra la droga están relacionados con la propia Iniciativa Mérida. Sólo un quince por ciento de la ayuda a la Iniciativa Mérida está condicionada a que México mejore la responsabilidad y la transparencia en la Policía Federal y las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, a fin de recibir los fondos condicionados, México debe demostrar que investiga y procesa a aquellos soldados y policías federales contra los que se ha presentado una acusación creíble de violaciones de los derechos humanos. “Que sepamos, en este último caso no hemos visto realmente ningún caso en el cual los policías federales implicados en abusos hayan sido efectivamente investigados y sancionados”, dice Meyers.

A pesar de la flagrante impunidad de los violadores de los derechos humanos pertenecientes a las fuerzas de seguridad, las condiciones de los derechos humanos de Mérida no han afectado significativamente en el flujo de la ayuda destinada a la guerra contra la droga en México. El Congreso de EE.UU. ha retenido simbólicamente algunos de los fondos, pero hasta ahora las condiciones de los derechos humanos no han retrasado la llegada del dinero de la Iniciativa Mérida durante mucho más tiempo que el que lleva el trámite burocrático normal, mientras pasaba el otro 85% de los fondos no condicionados.

© 2011 Upside Down World

Oaxaca: CODEP habla sobre la guerra anti-narco y la criminalización de la lucha social

por Kristin Bricker, Upside Down World

Miembros del CODEP enfrente de la
puerta que los militares rompieron
para allanar sus instalaciones sin
órden de cateo.
Foto por Santiago Navarro

Aproximadamente a las 6:45 P.M. del martes 11 de enero, el Ejército mexicano allanó la oficina del Comité para la Defensa de Derechos del Pueblo (CODEP) y el Comité para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM) ambas en la ciudad de Oaxaca. Según miembros del CODEP que estuvieron presentes durante este allanamiento, aproximadamente 20 soldados uniformados en un vehículo oficial se estacionaron delante del edificio donde se encuentran las oficinas de estas organizaciones, rompieron la puerta provisional de lamina y registraron sus oficinas. Después de que los soldados rompieron la puerta, encañonaron a Patrocino Martinez, miembro del CODEP . Martinez dice que les exigió una orden de cateo, pero que los soldados lo empujaron y se fueron corriendo hacia la escalera del edificio, que está actualmente en obra negra.

Otros miembros de la organización lograron cerrar las puertas de las oficinas donde mantienen sus computadoras, copiadoras, así como sus archivos, por lo que los soldados no pudieron entrar a registrar esas oficinas. Sin embargo, los soldados sí lograron entrar a otras oficinas que se encontraban abiertas, que incluyeron un dormitorio y un taller de serigrafía. Según Martínez, los soldados tomaron fotos de esas oficinas. Sin embargo, no se llevaron ningún artículo del edificio, ni hicieron arresto alguno.

Los miembros de CODEP que presenciaron el allanamiento dicen que los soldados les preguntaron a punta de pistola acerca del trabajo de la organización y del crimen organizado. Ernesto López dice que el comandante de los soldados, que solo se identificó como "Carlos," le dijo que recibieron una "denuncia que el crimen organizado se reunía aquí". Mientras tanto, otros soldados cuestionaron a varios vecinos si sabían de posibles actividades criminales o relacionadas con las drogas, en o cerca del edificio de estas organizaciones.

Durante el allanamiento los soldados no presentaron nunca una orden de cateo y se negaron a identificarse. Sin embargo uno de los miembros del CODEP logró anotar el numero de matricula del vehículo del convoy militar en que los soldados viajaban.

Después del allanamiento, el CODEP y el CODEM se pusieron en contacto con un diputado, que a su vez se comunicó con el Ejército. Según el diputado, los militares dijeron que "habían detectado algo en la zona" y que eso fue el justificante para ese allanamiento.

El CODEP y el CODEM presentaron quejas ante la comisión nacional y estatal de derechos humanos, así como en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, solicitando que investiguen el allanamiento y le provean al CODEP y al CODEM la información de lo ocurrido.

Historia de Represión
En una entrevista con Upside Down World, miembros del CODEP y del CODEM no parecían perturbados por el reciente allanamiento de noche de sus oficinas por soldados armados con poderosos rifles de asalto. Esto se debe a que no ha sido la primera vez que ellos han sufrido represión por parte del gobierno, ni es el peor ataque. En este último acontecimiento, "mas o menos le midieron," dice la líder del CODEM Claudia Tapia. "Porque antes iban con lujo de violencia, golpeándonos".

En sus dieciocho años de organizar a mujeres, campesinos, taxistas e indígenas, el CODEP y organizaciones afines como el CODEM han encarado una fiera oposición del gobierno del estado-y en particular del anterior gobernador Ulises Ruiz Ortiz. "Desde sus días como Senador, nosotros sabíamos qué tipo de persona [Ruiz] era," dice Tapia. "Tanto así que desde el inicio de su campaña electoral, nos opusimos".

En febrero de 2005, durante el período previo al alzamiento popular del 2006 que casi derribó a Ulises Ruiz, José Luiz Soberanes, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, organizó una negociación entre el gobierno del estado de Oaxaca y el CODEP. El CODEP quería negociar la liberación de un preso político que había sido detenido inmediatamente después de que Ruiz asumiera el cargo. "Sin embargo," recuerda Tapia, "en vez de que llegara Ulises Ruiz [a la mesa de diálogo] tal y como lo había acordado, envió a la policía, y ellos detuvieron a nuestros compañeros". La policía invadió el hotel donde las negociaciones se realizarían, así como a una oficina de CODEP, deteniendo a un total de siete miembros del CODEP. Algunos estuvieron varios meses en la prisión.

Encolerizados, los miembros del CODEP continuaron luchando contra la administración de Ruiz. En mayo del 2006, cuando el sindicato de los maestros de Oaxaca se declaró en huelga para mejorar las condiciones en sus escuelas, el CODEP se unió a su plantón en el zócalo de la Ciudad de Oaxaca. Los miembros de CODEP estaban en el plantón junto con sus hijos hasta el 14 de junio, el infame día en que Ruiz mandó a la policía estatal para disolver violentamente el plantón de los maestros sin advertencia alguna.

El CODEP es una de las organizaciones que conformó en su inicio a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el conglomerado de organizaciones, comunidades e individuos que surgió despues de la represión del 14 de junio para expulsar al gobernador Ulises Ruiz. Cuando el entonces presidente Vicente Fox envió la policía federal a disolver violentamente el movimiento de la APPO en la Ciudad de Oaxaca el 25 de noviembre de 2006, Marcos García, miembro del CODEP, viajó a comunidades simpatizantes de Oaxaca solicitando el apoyo para defender la capital. El 27 de noviembre, mientras viajaba a una comunidad, García fue atacado por un comando armado que el CODEP identifica como un grupo paramilitar, uno de los muchos que operó en el estado en aquel momento. Atacaron a García con armas de alto poder, balaceando su vehículo con 177 balas, ocho de los cuales lo alcanzaron en su cuerpo. Milagrosamente, sobrevivió el ataque.

La represión del Estado contra el CODEP ha continuado desde aquel alzamiento de 2006. El 25 de octubre de 2008, alrededor de veinte policías federales invadieron una casa en la Ciudad de Oaxaca donde miembros del CODEP trabajaban y vivían. Según la policía, ese allanamiento fue una operación anti-crimen organizado. La policía torturó a Luis Ramón González López, miembro del CODEP por una hora. Lo golpearon, le pusieron una una bolsa de plástico sobre la cabeza, y aplicaron el infame tehuacanazo, una táctica de tortura que es popular entre la policía mexicana. El tehuacanazo consiste en agua mineral (mezclada a veces con chile) que es arrojada en forma de chorro dentro de la nariz de la víctima, creando una sensación de ahogamiento que ocasiona una sensación abrasadora intensa, causando a veces que la víctima se desmaya. Esa sesión de tortura le dejó a González López con una costilla rota y un pulmón perforado. Durante el interrogatorio, la policía le pedía a González López que les dijera la ubicación de una "maleta de dinero," una petición que desconcierta a el CODEP hasta hoy día. "Esa casa es tan humilde que ni a caso va la pregunta," dice Tapia. "Ellos sólo quieren aterrorizarnos". Despues de la sesión de tortura, la policía les confiscó un ordenador portátil, dos teléfonos celulares, documentos y recortes periodísticos acerca del alzamiento de 2006.

La Guerra contra la Droga es la Nueva Guerra Fría
El CODEP sabe que no es coincidencia que este es el segundo allanamiento en pos de la guerra anti-narco que ellos han sufrido desde que Presidente Felipe Calderón desplegó al ejército para combatir los cárteles de droga hacia finales de 2006. En un comunicado de prensa acerca del allanamiento, el CODEP declaró: " Es indudable que esta estrategia de terrorismo de estado que sigue avanzando en nuestro país, forma parte del Plan Mérida [una dotación de ayuda de la guerra contra la droga] y Plan Mesoamericano [anteriormente conocido como el Plan Puebla-Panamá, un proyecto de "desarrollo" neoliberal] que los gobiernos panistas y priistas [de México] suscribieron con los EEUU... con el objetivo de destruir los organismos de derechos humanos y a las organizaciones sociales y populares que representan una oposición a la continuación de la destrucción de nuestra nación y la entrega de la soberanía nacional a los intereses extranjeros".

"Esto no es nuevo," dice Lopez. "Esto lo hemos visto durante la Guerra Fría y otras guerras. Ahora Estados Unidos no tiene un pretexto ni a un enemigo ficticio como tuvieron en los años setenta, donde el enemigo fue el comunismo. Cuando el Bloque soviético cayó, ya no había un enemigo que utilizar para inventar una guerra. Entonces ahora el enemigo que crearon es lo relacionado con el trafico de droga y el crimen organizado. Ahora, los que luchan contra el gobierno para demandar sus derechos, son también considerados como crimen organizado. En México, con la Iniciativa Mérida, EEUU quiere tener control militar sobre el territorio...y no permitir un movimiento social como el que ocurrió en Oaxaca en 2006 o en Chiapas [con los Zapatistas] en los años noventa. EEUU quiere controlar nuestro gobierno y controlar nuestro país para que pueda apropiarse de los recursos naturales de México".

Traducido por Jeremías Medina 

Autoridades Autónomas Ordenan la Evacuación Total de San Juan Copala, Oaxaca.

Reyna Martínez Flores habla en el plantón de mujeres.
Foto: Verónica Villalvazo

Actualización 23 de septiembre: Reyna Martínez Flores, vocera del plantón de mujeres en el zócalo de Oaxaca, dice que todos los pobladores del municipio autónomo han logrado salir de San Juan Copala, sin ayuda del gobierno.

David García, antes reportado como herido y desaparecido, ahora se reporta como muerto, aunque todavia no han dicho dónde esta su cuerpo.

La UBISORT se ha apoderado del palacio municipal de San Juan Copala. El grupo mandó un boletín de prensa en español y un video en YouTube en triqui haciendo un llamado a todos los integrantes de la UBISORT que regresen a repoblar a San Juan Copala ahora que ya no hay autónomos allí.

El gobierno oaxaqueño sigue con su plan de realizer un operativo policiaco para restorar electricidad y educación—lo cual cortó la UBISORT en febrero—en San Juan Copala, ahora controlado por la UBISORT.

El municipio autónomo aún no ha emitido un pronunciamiento sobre su estrategia ahora que ha perdido la cabazera municipal de su municipio autónomo. Sin embargo, afrima Martínez Flores: “Ya no quedó gente nuestra en Copala, pero el municipio autónomo no desaparecerá porque lo tenemos en nuestros corazones y en nuestras mentes”.

Autoridades Autónomas Ordenan la Evacuación Total de San Juan Copala, Oaxaca

Por Kristin Bricker, Upside Down World
Martes 21 de septiembre, 2010 19:19

El ayuntamiento de San Juan Copala, lleno de balas de AK-47.

Las autoridades del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, han ordenado la evacuación total de la ciudad; que se encuentra bajo asedio desde febrero de este año. Las autoridades emitieron la orden cuando presuntos paramilitares atacaron San Juan Copala y anunciaron que iban a masacrar a todos los partidarios del municipio autónomo.

Presuntos paramilitares cortaron el agua, la electricidad y el acceso a la población en febrero. También colocaron hombres armados en las colinas que rodean la ciudad y deparándole a cualquier persona que vieran en las calles. Durante meses, San Juan Copala sobrevivió con la poca comida que las mujeres podían llevar a la ciudad en sus espaldas; por medio de los senderos entre los bosques para colarse a través de los hombres armados que patrullan el perímetro.

Sin embargo, el 13 de septiembre la situación se hizo insoportable cuando hombres armados tomaron el ayuntamiento de San Juan Copala. Estos hombres armados, quienes el municipio autónomo afirmo eran parte de una organización rival de la organización Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), y la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), han mantenido a San Juan Copala bajo una constante lluvia de balas, desde que tomaron el ayuntamiento.

El municipio autónomo ha reportado al menos cinco mujeres heridas, incluyendo a una niña- y un hombre asesinado, todos por armas de fuego desde que MULT y UBISORT tomaron el ayuntamiento. Hombres armados mataron a un segundo hombre, David García y desde entonces no se sabe si está vivo o muerto. De acuerdo con Jorge Albino, vocero del municipio autónomo, la policía entregó su cuerpo a los presuntos paramilitares que están ocupando el ayuntamiento. El municipio autónomo cree que García estaba vivo cuando la policía lo entregó a los hombres armados que le dispararon.

Además, dos personas con discapacidad desaparecieron cuando huían de San Juan Copala. José Gonzalo Cruz de cien años de edad desapareció mientras huía con otras personas a través de los arbustos, bajo un intenso tiroteo. Cruz es ciego y se cree que se separó del grupo, y se perdió.

Una mujer con discapacidad mental llamada Susana López Martínez también fue reportada como desaparecida. Ella trató de huir de San Juan Copala con un grupo de mujeres el 18 de septiembre, bajo un pesado tiroteo. Cuando las mujeres se reagruparon fuera de la línea de fuego, López Martínez de 21 años de edad se había ido. Nadie la vio desaparecer y se desconoce si fue herida durante el tiroteo. Si López Martínez ha caído en manos de UBISORT, ella se encuentra en extremo peligro. El pasado mayo, el líder de UBISORT Rufino Juárez López presuntamente secuestro a Martínez y a su madre. Las dos mujeres escaparon y denunciaron el secuestro ante las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación internacionales.

Los informes del municipio autónomo reportan que los hombres armados que tomaron San Juan Copala fueron casa por casa golpeando a las personas que se encontraran en su interior. Los hombres armados también están quemando las casas abandonadas de los residentes que han huido de la violencia.

El municipio autónomo informó la existencia de cincuenta familias residentes en San Juan Copala al comienzo de la incursión, el 13 de septiembre. Todas menos dos familias han logrado escapar. Estas dos familias se encuentran en dos casas que están rodeadas totalmente por hombres armados.

Las Mujeres y los niños Triquis han mantenido un campamento de protesta en plaza de la ciudad de Oaxaca desde agosto, para exigir un fin a la violencia y justicia para las víctimas. Estas mujeres se declararon en huelga de hambre el 10 de septiembre para presionar al gobierno a enviar a la policía a San Juan Copala, para evacuar a las dos familias que se encuentran atrapadas en su interior. Las mujeres en huelga que fueron expulsadas de San Juan Copala por la violencia, quieren que el gobierno traiga a las familias atrapadas a la ciudad de Oaxaca.

El gobierno del estado de Oaxaca, dijo que está preparando una operación para "restaurar el orden" en San Juan Copala. El subsecretario del Interior de Oaxaca Joaquín Rodríguez Palacios anunció que está provisto que la policía estatal oaxaqueña restaurara la electricidad y volverán a abrir las escuelas en San Juan Copala. El plan parece totalmente absurdo cuando se tiene en cuenta que al menos 25 residentes que permanecen en San Juan Copala- quieren irse. Palacios no mencionó ningún plan para evacuar a los residentes que aún permanecen en la localidad.

Queda por verse si el gobierno seguirá adelante con la operación. El dirigente de la UBISORT Rufino Juárez dijo al Noticias de Oaxaca que habría un baño de sangre "si el gobierno no llegar a un acuerdo "con su organización con respecto a la operación policial propuesta.

El diálogo falló de nuevo

Lona Reyes obispo de Tehuantepec, Oaxaca, y el padre Wilfrido Mayrén de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz en Oaxaca, pidió al MULT y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI); un grupo separado del MULT que co- fundó el municipio autónomo, a un diálogo mediado por la iglesia. El objetivo de esta propuesta de diálogo era llegar a una solución pacífica al conflicto mediante negociaciones. Las pasadas negociaciones mediadas por el gobierno se rompieron, porque el municipio autónomo se ha negado sentarse en una mesa de negociación con MULT y UBISORT, mientras que estos grupos estuvieran presuntamente asesinando a sus partidarios.

MULTI se negó a participar en el diálogo mediado por la iglesia, ya que afirma que MULT es uno de los grupos que llevan a cabo el ataque armado en San Juan Copala. MULTI condicionó su participación en el diálogo, sobre un alto al fuego en el municipio autónomo y la presentación de los residentes que desaparecieron durante el ataque.

El diario mexicano Milenio interpretó el fallido diálogo y la evacuación del municipio autónomo como una señal de que el proyecto autónomo está muerto. Sin embargo, una fuente cercana a las autoridades autonómicas dijo, "Una vez que logremos sacar a todos [de San Juan Copala] vamos a continuar con el proyecto desde el exterior. En este momento estamos preocupados por sacar a esas personas con vida. "

La evacuación completa de San Juan Copala, en sí misma no significa que el proyecto autónomo está muerto: San Juan Copala es el nombre de una localidad y un municipio (un grupo de localidades, como un condado). Sólo la localidad de San Juan Copala que es la cabecera municipal (asiento del condado), ha estado bajo asedio, y sólo el pueblo está siendo evacuado.

Los representantes de veinte comunidades Triqui presuntamente participaron en la fundación del municipio autónomo. Además de la localidad de San Juan Copala, diez comunidades triquis están oficialmente alineadas con el municipio autónomo. Las autoridades autónomas afirman que hay otras seis comunidades que apoyan al municipio autónomo, pero que temen represalias si declaran públicamente su afiliación. Además de las dieciséis comunidades que dan su pleno apoyo al municipio autónomo, las autoridades autónomas afirman tener partidarios en otro puñado de comunidades que están controladas por organizaciones rivales.

De las diez comunidades que oficialmente pertenecen al municipio autónomo, San Juan Copala fue la única que se encuentra en estado de sitio. Las otras comunidades han sufrido ataques y asesinatos, pero no se vieron afectados por el bloqueo paramilitar ni la reciente invasión.

Las Mujeres Triqui en la primera línea del conflicto en San Juan Copala

Una nueva emboscada dirigida hacia la caravana de mujeres deja un saldo de tres muertos; la Caravana fue pospuesta

por Kristin Bricker

Foto: José Carlo González, La Jornada

Los paramilitares que invadieron San Juan Copala, Oaxaca, han abandonado el palacio municipal desde el pasado 30 de Julio. Sin embargo, no se fueron muy lejos, se mantienen los tiroteos diarios por parte de los francotiradores paramilitares que se encuentran estacionados alrededor del pueblo, manteniendo a San Juan Copala bajo un estado de sitio.

San Juan Copala se declaró autónomo a partir del levantamiento de 2006, que casi saco al gobernador de Oaxaca  de sus oficinas. La Unión Social para el Bienestar de la Región Triqui (UBISORT), una organización paramilitar fundada por el Partido Institucional Revolucionario (PRI, que a gobernado a Oaxaca durante ochenta años), a mantenido a San Juan Copala bajo sitio desde enero. UBISORT ha bloqueado la carretera hacia el pueblo con piedra y troncos, forzando a los habitantes de San Juan Copala a trasladarse por los senderos del bosque para llevar los suministros que necesitan desesperadamente sobre sus espaldas. Los francotiradores de la UBISORT se han colocado en las colinas que rodean el pueblo, volviéndose extremadamente peligroso para los habitantes salir de sus casas.

"Nadie puede salir de Copala", dice Mariana Flores, una representante del municipio autónomo. "Si ellos [los paramilitares] te ven en la calle, te van a disparar".

Los residentes creen que los paramilitares se encuentran más propensos a matar a los hombres que a las mujeres. "Si los hombres tratan de salir a la calle, no pueden dar mas de dos pasos sin que [los paramilitares] traten de lastimarlos o matarlos".

Como resultado, las mujeres Triqui han desempeñado papeles cada vez más importantes en San Juan Copala. "En San Juan Copala, son la mujeres quienes arriesgan sus vidas para luir en busca de comida", dice Flores. Cuando los paramilitares atacaron San Juan Copala, con la ayuda de la policía del Estado de Oaxaca el pasado 30 de julio, fueron las mujeres quienes intentaron repeler la invasión. "las mujeres han decidido reclamar sus derechos, y ahora son ellas las que están luchando por su comunidad", informa Flores.

El papel cada vez más protagónico que han adoptado las mujeres  en el conflicto, las ha convertido a ellas en las más afectadas por la violencia de los paramilitares. En los últimos cuatro meses:

• La UBISORT asesino a Bety Cariño, una organizadora de la comunidad no Triqui de Oaxaca, junto con el observador finlandés Jyri Jaakkola, durante la llegada de una caravana de ayuda a San Juan Copala, el 27 de abril. Se cree que Cariño era el blanco.
• El 15 de Mayo, lideres de la UBISORT golpearon y trataron de secuestraron a dos mujeres de Copala. Mas tarde ese día, miembros de la UBISORT secuestraron a 12 mujeres y niños que se habían escapado de San Juan Copala para comprar alimentos.
• El 20 de mayo, asesinos no identificados asesinaron a Cleriberta Castro Aguilar y a su esposo Timoteo Alejandro Ramírez, uno de los fundadores del municipio autónomo.
• El 24 de junio, francotiradores dispararon e hirieron a Miriam Martínez de 8 años de edad en San Juan Copala.
• El 26 de junio, francotiradores le dispararon e hirieron a Marcelina de Jesús López y a Celestina Cruz Ramírez al salir de una reunión en San Juan Copala.
• El 26 de julio, María Rosa Francisco desapareció cerca de su casa en San Juan Copala cuando los francotiradores abrieron fuego. Ella dejo su casa para buscar leña y se teme que haya muerto.
• El 30 de julio, cuando las mujeres trataron de repeler la redada de los paramilitares/policías en San Juan Copala, dos niñas de 17 y 14 años fueron disparadas. La de niña de 14 años de edad se encuentra paralizada, cuando una bala disparada por la UBISORT se alojo en su espina dorsal.

Durante ese mismo periodo, además de los asesinatos de Jaakkola y Ramírez, solo un hombre resulto herido; francotiradores le depararon en la pierna cuando salió de su casa para ir al baño.

El 11 de agoto, mujeres Triquis llevaron su lucha a la capital del estado y ahora se encuentran ocupando la plaza principal de la ciudad de Oaxaca. Esperan que su campamento de protestas crezca a medida de que más y más Triquis que hayan sido desplazados por la convergente violencia en la capital del estado, se unan. Las mujeres señalan que se quedaran en la plaza principal de la ciudad de Oaxaca asta que el gobierno lleve a los responsables de docenas de asesinatos en la región triqui, a la justicia. "No hemos recibido ninguna respuesta del gobierno", informa Flores. Ella dice que el gobernador electo Gabino Cué tampoco ha respondió a sus demandas.

Las mujeres tenían previsto viajar a la Ciudad de México el día lunes 23 de agosto para unirse con organizaciones sociales en un intento de ganar más apoyo. Sin embargo, la caravana se aplazó a raíz de una emboscada el 21 de agosto en la cual fueron asesinados tres hombres relacionados con el municipio autónomo e hirieron a otros dos. Entre los muertos se encuentra Antonio Ramírez López, dirigente de Santa Cruz Tilapa, una comunidad que pertenece al municipio autónomo. Ramírez López fue uno de los fundadores del municipio autónomo.  Los cinco hombres estaban ayudando a organizar la caravana de mujeres, y el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño Centro señala que los hombres fueron emboscados cuando viajaban en una camioneta pick-up para recoger a las mujeres Triqui, quienes participarían en la caravana.  Investigadores forenses informan que fueron utilizadas AK-47 y AR-15 en la emboscada. Ambas armas se clasifican como de uso exclusivo militar, y es ilegal para los civiles tenerlas.

El municipio autónomo anuncia que los paramilitares de UBISORT y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) participaron en la emboscada, aunque en este punto los sobrevivientes no han identificado a sus agresores.

Los organizadores del campamento de protesta de las mujeres, que se encuentran en la ciudad de Oaxaca dicen que permanecerán en la plaza principal de la capital asta que sus demandas sean cumplidas. Actualmente se encuentran en proceso de fortalecer el campamento con refuerzos. Los refuerzos son una medida de seguridad por que Rufino Juárez, el líder del UBISORT, fue visto  el sábado y el domingo cerca del campamento de protesta de mujeres. Juárez personalmente a participado en las agresiones hacia las mujeres Triquis, incluyendo el secuestro de 12 mujeres y niños, el día 15 de mayo.

San Juan Copala, Oaxaca, Bajo Control Paramilitar Despues de la Incursión de la Policía

Incursión de la policía desmiente excusas del Gobierno acerca del por que se ha negado a romper el bloqueo paramilitar que se ha sostenido durante vario meses.

por Kristin Bricker

Actualización 3/8/2010: Mujeres del municipio autónomo dieron una conferencia de prensa hoy sobre las dos jovenes heridas por balas de la UBISORT durante el operativo paramilitary/policiaco.  Selena Ramírez López (17 años) recibió un impacto de bala en el pulmón y esta grave.  Su hermana Adela (15 años) tambien esta grave: la bala que la herió dañó a sus intestinos y quedó en su columna.  Ella no volverá a caminar nunca en la vida. 

Foto: Francisco Olvera/La Jornada

El 30 de julio aproximadamente a las 12:15 pm, alrededor de 100 policías del estado de Oaxaca atacaron el municipio autónomo de San Juan Copala. Aproximadamente 30 miembros fuertemente armados de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT, organización paramilitar) acompañó a la policía en el ataque. Según informes Rufino Juárez, dirigente de la UBISORT, participo en la redada.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, el objetivo de la incursión fue la de retirar el cuerpo de Anastasio Juárez Hernández de su casa en San Juan Copala. La policía retiro el cadáver del hombre y después salió de San Juan Copala. Sin embargo,  los paramilitares aprovecharon la presencia de la policía para tomar el del ayuntamiento de San Juan Copala. El Ayuntamiento se encuentra  ocupado por treintena paramilitares de la UBISORT armados, con rifles de asalto automático. "Ellos han tomado el control de todo el pueblo", informa una fuente cercana a las autoridades autónomas.

Mientras tanto, el ejército mexicano ha desplegado soldados a La Sabana, un pueblo cercano que se encuentra controlado por la UBISORT. Hasta ahora los soldados no han entrado a San Juan Copala.
Dos mujeres jóvenes indígenas triquis  resultaron heridas cuando los paramilitares y la policía entraron a San Juan Copala. Las mujeres formaban parte de un bloqueo humano que se encontraba a la entrada del pueblo, que trataba de impedir el acceso de la policía y los paramilitares. Las dos mujeres, de entre 15 y 18 años fueron "gravemente heridas" cuando los paramilitares de la UBISORT les dispararon a la entrar de San Juan Copala. Las mujeres fueron evacuadas y están siendo tratados en un lugar que no fue revelado.

Asesinato Misterioso

Las autoridades autónomas cuestionaron las circunstancias en que se dio el ataque, en un comunicado publicado en su página web: http://autonomiaencopala.wordpress.com. En el comunicado, las autoridades del municipio autónomo afirman que Hernández Juárez fue realmente asesinado en la ciudad de Juxtlahuaca, lo que implica que el cuerpo se plantó en San Juan Copala, con el fin de justificar la redada de la policía.

La prensa local de inmediato repitió las afirmaciones del gobierno, de que Juárez Hernández, quien era hermano de Rufino Juárez dirigente de la UBISORT, y el "agente municipal" reconocido por el gobierno de San Juan Copala, fue asesinado en su casa de San Juan Copala. Juárez Hernández no fue elegido para el cargo de agente municipal; la UBISORT lo nombró para ese cargo el pasado mes de noviembre.

La afirmación de que Juárez Hernández fue asesinado en su casa en San Juan Copala, revela varias preguntas sobre la veracidad de la información: ¿Cómo entró Juárez Hernández a San Juan Copala, un pueblo que su organización la UBISORT, ha mantenido bloqueado exitosamente con piedras, troncos, y hombres armados desde el mes de enero?, ¿Por qué  entró Juárez Hernández a San Juan Copala, un pueblo cuyos habitantes apoyaban la autonomía de su municipio?, la UBISORT afirma que el municipio autónomo se encuentra armado. ¿Por qué Juárez Hernández entraría en un pueblo cuyos únicos habitantes son acérrimos enemigos, los cuales se encuentran armados de acuerdo con afirmaciones de su organización?

Es cierto que la policía recuperó el cuerpo de Hernández Juárez en su casa en San Juan Copala. San Juan Copala ha sido históricamente una importante zona cultural, política, económica, y un centro espiritual de la región baja triqui. San Juan Copala históricamente ha tenido muy pocos residentes permanentes. Los líderes tenían casas en San Juan Copala, pero sólo vivían allí cuando se encontraban en servicio público. Cuando su servicio, concluía regresaban a sus hogares permanentes en otras comunidades. Además, la mayoría de los residentes de San Juan Copala (temporales y permanentes) han abandonado la zona debido a la violencia y el bloqueo paramilitar. Como resultado, muchos triquis tienen hogares en San Juan Copala, que raramente o nunca habitan. Tal fue el caso de Hernández Juárez. Mientras  su cuerpo fue recuperado en su propiedad, el informe de los residentes indica que el no vivía allí al momento del asesinato.

Debido a los frecuentes disparos por parte de los francotiradores paramilitares situados en las colinas que rodean a San Juan Copala, las calles del pueblo están desiertas. Nadie deja su casa a menos que sea absolutamente necesario y los que salen con frecuencia lo hacen bajo los disparos de los tiradores que los detectan. El sitio permite que sea relativamente fácil para alguien en complicidad con los francotiradores, plantar un cuerpo sin que nadie lo note, ya que los residentes pasan la mayor parte de su vida ocultos en sus casas, lejos de las ventanas.

Independientemente de cómo o dónde murió Hernández Juárez, las consecuencias de su asesinato son dolorosamente evidentes para los habitantes de San Juan Copala. Su pueblo está ocupado por paramilitares fuertemente armados quienes fueron escoltados por la policía estatal. Para colmo de males, el ataque se produce después de siete meses de bloqueos sostenidos por paramilitares, a lo cual el gobierno ha afirmado ser incapaz de romper, a pesar de las afirmaciones del municipio autónomo de que los residentes pueden morir de hambre si el bloqueo continúa. La ironía de la incursión no pasó desapercibida en el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, que escribió en un comunicado de prensa:

"Es incoherente y paradójico que las medidas de seguridad solicitadas para que la 'Caravana de Bety y Jiry' de ayuda humanitaria pudiera entrar en [San Juan Copala] y dejar suministros de alimentos, el Estado no cumplió con su responsabilidad de ayudar a la Caravana a cumplir con su misión. En aquel entonces, [el Estado] reunió un impresionante operativo que fue encabezado por el Fiscal General del Estado, el Comisario de Seguridad del Estado y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Oaxaca, quienes impidieron el paso de la caravana. Argumentaron que las condiciones no permitían la entrada segura a tal grado que tampoco la policía podía entrar en ese territorio. Pero, en realidad, solo protegían al grupo armado denominado UBISORT.

"Ahora es absurdo, que las autoridades tengan la capacidad de armar toda una operación para llevar a cabo las primeras investigaciones del homicidio y además puedan entrar en [San Juan Copala], y en sima de todo reprimir al pueblo. Cuando originariamente no escuchaban, ni actuaban ante las demandas de cientos de residentes del municipio autónomo al solicitarles alimentos, la reinstalación de los servicios básicos, el tratamiento de los enfermos, bajo el falso argumento de que eran incapaces de entrar en la zona y de que no arriesgarían a su gente”.

El trato preferencial del gobierno hacia los paramilitares es inconfundible: además del despliegue de policías estatales armados para proteger el bloqueo de la UBISORT, cuando la caravana humanitaria intentó entrar en San Juan Copala el pasado junio, el gobierno ha fallado al no actuar cuando los miembros del municipio autónomo se encontraban bajo ataque, presumiblemente por que el gobierno se encontraba alineado con los paramilitares. Apenas el pasado 26 de julio, María Rosa Francisco desapareció cuando su casa en San Juan Copala, se encontraba entre los disparos. Todos sus animales murieron en el ataque y ella sigue desaparecida, con el temor de que haya muerto. Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” denunció públicamente el ataque y pidió a sus partidarios ponerse en contacto con el gobierno, y realizar la demanda que le ponga fin a la violencia.
Los motivos dados por el Centro de Derechos Humanos fueron tomados con indiferencia por el gobierno. Sin embargo, tan pronto como apareció el cadáver de un paramilitar en San Juan Copala, el gobierno actuó.

El municipio autónomo reporta  que necesita desesperadamente dinero para pagar el tratamiento médico de las mujeres heridas y dinero para comprar crédito telefónico en orden de comunicarse con la prensa y la organización de derechos humanos.